Quién es quién en el proceso por las obras de Séneca

Nueve personas, entre ellas una concejala del PP y un exedil de Cs del Ayuntamiento de Alicante, varios técnicos municipales y personal de la empresa que gestiona el ciclo hídrico de la ciudad, comienzan hoy a desfilar ante la magistrada que investiga las circunstancias por las que se autorizaron y realizaron obras en el antiguo parque de bomberos de la plaza de Séneca para dedicar a uso administrativo un espacio destinado a equipamiento docente. 

Los nueve han sido citados como investigados en el marco de un proceso por presunta prevaricación en los trámites que han dado a luz el Centro de Inteligencia del Agua (CIA). Un proyecto con un presupuesto de alrededor de medio millón de euros vinculado a Alicante Futura y que se encuentra finalizado a falta solo de su inauguración, pospuesta a raíz de la apertura de estas diligencias penales. 

La investigación arrancó tras una denuncia del grupo municipal socialista, que alertó a la Fiscalía Anticorrupción de presuntas irregularidades en la tramitación de este proyecto. El edificio de la calle Italia, pese a haber acogido las instalaciones de los bomberos, está catalogado en el PGOU de 1987, todavía en vigor, como «equipamiento docente», lo que impide acometer ninguna obra que no sea para darle ese uso. De hecho, en este expediente, el Ayuntamiento desoyó un informe de su departamento de Control de Obras que consideraba el espacio como «no apto» para el fin escogido por el gobierno local.  

La Fiscalía lleva al juzgado las obras en Séneca para un proyecto vinculado a Alicante Futura

Peticiones y desistimientos

Los trámites se iniciaron en 2022 con el bipartito de PP y Cs al frente del Consistorio. En ese momento, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (Aldes), con la popular Mari Carmen de España al frente, solicitó a Patrimonio, en manos entonces de Adrián Santos Pérez (Cs), la adscripción «del uso de la planta baja» del edificio situado en el número 21 de la calle Italia. 

El objetivo era el de desarrollar un proyecto donde se estudiarán las tecnologías aplicadas en el control del ciclo integral del agua. Inicialmente, la empresa había pedido licencia de obras y un informe de compatibilidad, con resultado negativo, de los que acabó desistiendo.

Tras el visto bueno a la adscripción del espacio a la Aldes, el permiso municipal ya no era necesario. Finalmente, las obras comenzaron en la primavera de 2023, aunque el acta de replanteo, es decir, el comienzo real de los trabajos, se firmó meses después de que se iniciaran, ya avanzado el verano.

A principios del pasado mes de septiembre, una vez Fiscalía ya había trasladado al juzgado la investigación, en la que también ha intervenido la Agencia Valenciana Antifraude, el Gobierno de Barcala inició el proceso para variar el uso del suelo. 

La Junta de Gobierno dio luz verde al inicio de los trámites para modificar la citada parcela en el PGOU, cambiando su calificación de «equipamiento docente por la de servicios urbanos y equipamiento múltiple». Ello con el objetivo, según el ejecutivo municipal, de «implantar oficinas municipales y otros usos públicos pendientes de definir según necesidad». Una decisión que el vicealcalde, Manuel Villar, ve compatible con el momento en el que se encuentra la investigación mientras que otras fuentes interpretan que es la prueba más palpable de que con la luz verde a este proyecto se ha cometido una ilegalidad y que ese trámite se tendría que haber realizado antes de permitir ninguna actuación en el edificio, ocupad en la actualidad por los servicios de Seguridad, Emergencias y Protección Civil. 

De la veintena de personas contra las que se dirige la denuncia presentada por Anticorrupción ante el juzgado, la instructora ha citado a nueve en calidad de investigados y a tres como testigos. 

Los investigados

Adrián Santos Pérez. Era concejal de Ciudadanos con competencias en Urbanismo y Patrimonio cuando se inició la tramitación del expediente. En su etapa se produce el desistimiento por parte de Aguas de Alicante del informe de compatibilidad y de la licencia de obras, a lo que siguió la adscripción del espacio a la Aldes. 

El exedil, ya alejado de la política y quien actualmente reside fuera del país por motivos laborales, estuvo presente en la junta de gobierno del 31 de enero de 2023 en la que se acordó la adscripción. Su declaración está prevista por videoconferencia. 

La edil De España y el exconcejal Adrián Santos Pérez, investigados por las obras de Séneca de Alicante

Mari Carmen de España. Concejala del PP responsable de la Aldes. En diciembre de 2022 planteó la adscripción adjuntando el proyecto de remodelación del edificio de la calle Italia. Participa también en la junta donde se acuerda y firma el decreto de aprobación del convenio de colaboración para la puesta en marcha del CIA y el Hub Blue Economy así como, junto al alcalde, Luis Barcala, el convenio para su puesta en marcha. En junio de 2023 solicita a la Conselleria de Educación la desafección de la parcela.

Los técnicos

Junto a los políticos ha sido citado también quien en esos momentos era el jefe del Servicio de Empleo y Desarrollo Local, hoy destinado en otro ayuntamiento, pero cuya intervención en la tramitación del expediente está en línea con la de la concejala. Y la jefa de Coordinación Jurídica de Urbanismo, autora de un informe donde sostiene que el uso que se pretende dar al edificio es el correcto por haberse solicitado a Educación su desafección, que el proyecto apostaba por un uso formativo y educativo y que la obra estaba exenta de licencia municipal por estar promovida por el Ayuntamiento. 

Completan el listado de quienes han sido llamados a comparecer ante la magistrada como investigados los dos arquitectos que realizaron el proyecto; el jefe del Departamento Técnico de Edificación y Arquitectura, encargado de la supervisión de las obras; el contratista; el director del contrato por parte de la promotora y el director de la obra. Los cuatro últimos habrían firmado en julio de 2023 el acta de replanteo cuando las obras ya estaban avanzadas porque habían comenzado meses antes.

Los testigos

Tras las declaraciones de esta semana, la próxima será el turno de los testigos: Ana Barceló, portavoz del grupo municipal socialista, que fue quien interpuso la denuncia y se ha personado como acusación particular, así como el técnico y el adjunto del departamento que consideró «no aptas» las obras para el uso que se pedían. 

Aunque la instructora no ha considerado necesario tomarles declaración, la denuncia de Anticorrupción está dirigida contra una veintena de personas, entre las que se encuentran Barcala; los concejales populares Manuel Villar, Antonio Gallego, Ana Poquet, Julio Calero, Antonio Peral, Lidia López y Cristina García; y exediles como Julia Llopis (actual diputada de Vox) o José Ramón González, retirado de la política.