El Constitucional revisará la Ley de Libertad Educativa del Consell

El Tribunal Constitucional revisará la Ley de Libertad Educativa del Consell, una norma que, entre otras cosas, deja en manos de las familias, en lugar de en los consejos escolares, la elección de la lengua en la que quieren que estudien sus hijos y que reduce a la mínima expresión el aprendizaje del valenciano en las zonas castellanohablantes. Mientras tanto, el departamento de José Antonio Rovira, que ha declinado entrar a hacer valoraciones al respecto, ha optado por eliminar la lengua cooficial de la Comunidad como requisito para entrar en la nueva bolsa de inspectores y mantiene el proceso para realizar la consulta entre el valenciano y el castellano en los colegios e institutos después de Navidad.

El nuevo frente que tiene Educación sobre la mesa por la aprobación el pasado mes de junio de la controvertida ley educativa se ha producido porque el Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso que presentó Compromís con el apoyo de cincuenta diputados de Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG. La coalición ha celebrado que el tribunal haya visto «contenido de peso e indicios de inconstitucionalidad» en una norma autonómica a la que decidieron plantar batalla judicial por «considerar que va en contra de los derechos lingüísticos del alumnado reconocidos en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución Española y varias leyes educativas».

El portavoz de Educación de Compromís en las Cortes Valencianas, Gerard Fullana, ha asegurado que, con esta admisión a trámite, la ley «tiene que paralizarse y no puede cambiar el sistema educativo cuando hay un tribunal tan importante que va a a juzgar las posibles ilegalidades de la normativa».

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Asimismo, se mostró especialmente crítico con la decisión del Ejecutivo de Mazón de iniciar la pasada semana la fase de participación pública que permite a las familias y a los colectivos presentar alegaciones a la consulta sobre la lengua que acogerán los centros educativos el próximo año, cuya fecha se ha retrasado por la DANA y todavía se desconoce. Fullana reprochó que Mazón haya acelerado «a través de un trámite de urgencia este procedimiento con todo lo que está pasando y lo haya hecho para desviar la atención de las graves responsabilidades de la catástrofe en Valencia».

En este sentido, el sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV también criticó la premura para que se puedan enviar consideraciones a esta consulta, cuyo plazo se cerrará el próximo 30 de noviembre.

"Voluntad popular"

Desde el PPCV sí que han salido a defender su ley de Libertad Educativa tras la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional al recurso impulsado por Compromís. La portavoz de Educación del Grupo Popular en las Cortes, Beatriz Gascó, ha asegurado «esta norma nace de la voluntad popular de los valencianos a través de las Cortes que estaban cansados de la imposición lingüística».

Ha recordado, además, que esta ley «está en plena negociación con el Gobierno de España a través de una comisión bilateral». Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mostró sus discrepancias con la ley por la exención de la evaluación y calificación del valenciano para el alumnado de zona de predominio lingüístico castellano que lo soliciten. Tampoco se comparte el contenido sobre la educación plurilingüe en la FP, la Formación de Personas Adultas y las enseñanzas de régimen especial ni la regulación de las situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado que permite que el funcionariado procedente de otras comunidades que pida una comisión de servicios en la Comunidad Valenciana pueda obtenerla durante cuatro años sin acreditar conocimiento del valenciano.

Gascó ha justificado que «la Ley de Libertad Educativa tiene como objetivo cambiar la imposición por la promoción» y ha recriminado que « resulta curioso que el partido político que ha recibido sentencias firmes por arrebatar libertades a las familias venga a exigir dimisiones por querer precisamente devolverles la posibilidad de poder elegir», apuntó.

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Bolsa de inspectores

En este contexto, hace apenas unos días, la conselleria de José Antonio Rovira ha decidido eliminar la obligatoriedad del C1 (antiguo Mitjà) a la hora de acceder a una plaza de inspector educativo a través de un concurso de traslados para tratar de cubrir el «agujero» que a partir de enero se espera que tengan unos 300 centros de la provincia al quedar 12 vacantes en las últimas oposiciones. Acreditar los conocimientos sobre esta lengua será un mérito para este cuerpo de profesionales.

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El departamento autonómico se ampara en que el artículo 17 de su Ley de Libertad Educativa para justificar esta decisión a la hora de crear una bolsa de inspectores accidentales o de interinos: «Con carácter general, el profesorado que imparta docencia en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación de Personas Adultas, deberá acreditar un nivel de conocimiento C1 de valenciano, de acuerdo con el Marco común europeo de referencia para las lenguas, para poder vehicular áreas, materias, ámbitos y módulos no lingüísticos en dicha lengua. En el resto de enseñanzas, para el profesorado, y para el resto de cuerpos docentes, los conocimientos de valenciano no serán un requisito, y serán tenidos únicamente en cuenta como mérito».

Con base a la nueva norma autonómica, la conselleria se escuda en que el cuerpo de Inspectores de Educación «entra en el inciso «para el resto de cuerpos docentes y así los conocimientos de valenciano no son requisito, sino mérito».

Este cambio ya ha llevado al sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV, a presentar un recurso de reposición.