Alicante ignora el número de pisos turísticos ilegales pero niega que haya barrios "tensionados"

En Alicante hay más de 3.200 viviendas turísticas "irregulares" (sin contar las ilegales, que se desconocen), aunque no existen zonas «tensionadas» por la influencia de estos alojamientos. Esas son algunas de las conclusiones del informe sobre alojamientos vacacionales en la ciudad que la Concejalía de Urbanismo encargó a la consultora Eosa y que ha motivado una suspensión de dos años en la concesión de nuevas licencias para viviendas de corta temporada.

Además, el documento presentado este martes observa que «hay un total de 3.292 VUT dadas de alta de manera irregular en el municipio». Aunque se trata de una cifra con matices. El dato, según se ha expuesto, se extrae de una comparativa entre el registro municipal y el de la Generalitat Valenciana en el que se listan todas las viviendas dadas de alta en el municipio. No se incluye dentro de esas 3.292 viviendas las ilegales, aquellas cuyos propietarios nunca han tratado de regularizar, y podrían tener que descontarse del total (según han destacado posteriormente desde la Concejalía de Urbanismo y la Conselleria de Turismo) las que sean anteriores a 2018 y «puedan estar en plazo de presentar la compatibilidad». En cualquier caso, fuentes municipales han destacado que se estudiará cada expediente.

«Es injusto culpar al sector»

Adolfo Neira, socio de Eosa, ha catalogado como «injusto» culpar al sector turístico del incremento en el precio de la vivienda y ha señalado que «lo que está pasando en Alicante es algo que se está viendo en diferentes ciudades de toda España». El estudio analiza durante 120 páginas la situación de la ciudad, así como el marco normativo que regula este tipo de viviendas. Al respecto, destaca que Alicante cuenta con 5,5 plazas turísticas de media por cada 100 habitantes, un dato por debajo de ciudades como  Barcelona (11), Madrid (22), Málaga (30), o Valencia (14).

Sin embargo, esta presión varía significativamente según las zonas. Pese a que, según se ha avanzado, no existen «zonas tensionadas», el documento sí reconoce una «alta concentración» en zonas como el Centro y Playa de San Juan, donde las viviendas de uso turístico (VUT) alcanzan a hasta el 20% del total. De hecho, en el Casco Antiguo se registran hasta 95 plazas en VUT por cada 100 habitantes. Lo que «subraya la importancia de implementar regulaciones en Alicante para evitar situaciones similares». No obstante, los autores del estudio han afirmado que «no se observa un éxodo poblacional ni un aumento significativo en el precio de la vivienda».

«Foto fija»

Si en algo se ha hecho hincapié desde Eosa en la presentación del estudio ha sido en que el análisis realizado constituye una «foto fija» de la situación de Alicante. Una imagen que «puede cambiar en los próximos meses o años» y por lo que se recomienda tomar medidas que eviten que las viviendas vacacionales en bloques residenciales supongan un problema mayor, como ocurre en otros municipios.

Al respecto la consultora ha planteado cerca de una decena de vías a explorar por el gobierno local. Entre ellas destaca «aplicar sanciones por el incumplimiento normativo» o crear un censo público de viviendas, medida que ya realiza la Generalitat y a la que el Ayuntamiento anunció que se sumará próximamente. También se ha aportado como posible solución la implementación de medidas fiscales para gravar especialmente a los propietarios de este tipo de viviendas así como realizar campañas de sensibilización sobre el turismo responsable y fomentar el alquiler residencial a largo plazo.

Moratoria

Por el momento, la única medida que ya se ha comenzado a tramitar, y que prevé hacerse efectiva este mismo mes, es la suspensión de dos años para nuevas licencias a viviendas turísticas en bloques residenciales. Una moratoria que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha definido como «un tiempo necesario para estudiar las medidas que se van a adoptar en cada zona, ya que se va a analizar barrio por barrio».

Alicante suspenderá las licencias para apartamentos turísticos durante dos años

La oposición municipal, por su parte, se ha mostrado decepcionada con las conclusiones del estudio encargado por Urbanismo y ha cuestionado que no existan zonas tensionadas en la ciudad. Trini Amorós, concejala del PSOE, ha sostenido que «cuesta creer que según el estudio no hayan subido los precios del alquiler», además, también ha puesto el foco en que en zonas como Playa de San Juan estos alojamientos alcancen el 20% del total de viviendas mientras que la normativa en vigor «solo permite que se ubiquen en planta baja o en edificios exclusivos para esta actividad».

Desde Compromís, su portavoz Rafa Mas, ha apuntado que el documento es «un bluf que no ofrece nada nuevo» sino que expone «datos oficiales que tiene todo el mundo». El edil valencianista ha preguntado por qué no se ha actuado en los 3.200 pisos que el estudio cataloga como «irregulares» y ha defendido que «sí hay barrios tensionados en la ciudad», pese a las conclusiones del informe.

En la misma línea, Manolo Copé, líder municipal de Esquerra Unida-Podemos, ha urgido «un plan de vivienda de una vez por todas», dado que la capital de la provincia tiene un 0,6 % de viviendas sociales cuando la media estatal es del 2,5 %. Por ello, ha reclamado también medidas fiscales y una ampliación del parque público de vivienda municipal.