Barcala niega a la oposición la documentación sobre las obras irregulares del Imed

La Comisión de Urbanismo, convocada para este viernes tras seis meses sin celebrarse, se salda con escasas novedades en el caso de las obras irregulares del hospital privado que Imed construye en Vistahermosa Norte. La única alusión a la polémica, fuera del orden del día, se ha producido en el turno de ruegos y preguntas, cuando los socialistas han planteado diversas cuestiones a la edil del área, Rocío Gómez. La concejala popular, por su parte, se ha remitido a los informes técnicos expuestos por el alcalde en el último pleno y ha rechazado facilitar la documentación referente a la tramitación urbanística al no poder compartir "expedientes en tramitación".

En la última sesión de la comisión, celebrada en el mes de julio, el punto del orden del día relativo al Imed fue retirado. En él, se esperaba aprobar un cambio de uso en el solar en cuestión, pasando de residencial (como sigue catalogado actualmente) a terciario especial. Fue entonces cuando, tal y como adelantó INFORMACIÓN, se dio a conocer que la promotora del inmueble no solo había avanzado en los trabajos para levantar el centro hospitalario siendo el suelo todavía residencial, sino que había incumplido la licencia de obras, donde solo contaba con permiso para dos alturas, frente a las cuatro existentes.

Advertencia de irregularidad

Preguntada por los motivos que llevaron al gobierno popular a retirar esta modificación de la Comisión de Urbanismo, Gómez ha señalado que contaba con "una comunicación" que le advertía de una posible irregularidad, sin entrar a revelar la naturaleza o el origen de dicho mensaje. En cuanto al resto de los interrogantes de la portavoz del PSOE, Ana Barceló, la edil popular ha respondido que el acta de replanteo se firmó fuera de Alicante (en València, concretamente), el 13 de diciembre de 2022, hace justo dos años, aunque no fue incorporada al expediente hasta abril de 2024. Además, ha rechazado entregar copia de la documentación a la oposición municipal, alegando que no es posible facilitar este tipo de documentos cuando todavía están "en tramitación".

Sobre ello se ha pronunciado también el alcalde, Luis Barcala: "La comisión es de Urbanismo, no es una comisión de investigación. Formuladas determinadas preguntas, se han contestado". Por lo que respecta al expediente, el regidor ha aludido al Reglamento Orgánico del Pleno: "Dice claramente que los expedientes en curso no pueden facilitarse", ha concluido el dirigente popular.

Paralización de obras

Tras la última comisión celebrada, la del mes de julio, el equipo de gobierno decretó la paralización de las obras y anunció que sancionaría a la empresa por "no ajustarse a la licencia otorgada en noviembre de 2022". Al respecto, la Concejalía de Urbanismo inició dos expedientes: uno de restauración de la legalidad, a través del cual podría decretarse la demolición de las dos plantas construidas de forma ilegal, y otro sancionador por irregularidades en la construcción.

Imed pide al juzgado retomar las obras del hospital privado en Alicante

Dos expedientes de los que, por el momento, se desconoce su estado de tramitación, así como tampoco ha sido publicado el importe de la sanción económica prevista. Una tardanza en resolver que motivó la respuesta judicial por parte de la empresa, que presentó un recurso Contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por la paralización de las obras. La mercantil, que reconoce la irregularidad parcial del inmueble, reclamó poder retomar los trabajos en las dos alturas que sí cuentan con el permiso municipal.

Por su parte, el equipo de gobierno anunció a su vez que se opondría a la reclamación de la mercantil, por lo que será el juzgado el que deba dirimir sobre esta cuestión.

Ordenanza contra el ruido

La comisión también ha aprobado de forma inicial el texto de la nueva ordenanza contra el ruido. Tras el periodo de alegaciones, en el que el gobierno popular ha admitido 9 propuestas de las asociaciones vecinales y ha rechazado 71 aportaciones, el documento ha salido adelante con los votos a favor del PP, el PSOE y Vox; la abstención de Compromís y el único rechazo de EU-Podemos.

El texto, que incluye sanciones de hasta 300.000 euros, se votará en el pleno del próximo jueves, 19 de diciembre.