Macrodepósitos en el puerto de Alicante: el conflicto interminable
Desde 1965, con la llegada de Campsa, se han sucedido los intentos de ubicar instalaciones industriales relacionadas con los combustibles en la zona. Por el momento, todas ellas han fracasado, frenadas por un frente común de rechazo vecinal, político y judicial

Historia gráfica de los depositos de Alicante / Perfecto Arjones, Rafa Arjones, Carratalá, Pilar cortés, Isabel Ramón, Alex Domínguez.
A lo largo de los años, el puerto de Alicante ha sido en reiteradas ocasiones objetivo de diferentes compañías para la ubicación de industrias relacionadas con los combustibles. Una actividad que los tribunales han llegado a calificar de peligrosa y que, en la mayor parte de los casos, ha conseguido lo que rara vez ocurre en la capital de la provincia: generar un frente común tanto de las distintas formaciones políticas como de los representantes vecinales.
En 1965, Campsa (posteriormente CLH) se instaló en la zona con una treintena de depósitos para almacenar gasoil, gasolina y queroseno. Con los años, la ciudad se expandió en dirección al mar y la empresa, adaptándose, retiró varios de esos tanques. Tras años de fuerte oposición vecinal, en 1995 se fraguó un «acuerdo por la paz» entre el entonces presidente de la Generalitat, Joan Lerma; el ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray; el alcalde de Alicante, Ángel Luna; el presidente del Puerto, Ángel Cuesta; y el de la compañía, Juan Sancho Rof, que acordaron trasladar estos depósitos a Bacarot.
Una década antes de fraguarse el traslado, Alicante se enfrentó en 1989 a una nueva amenaza industrial en la zona: la multinacional francesa de hidrocarburos Total quería instalar siete tanques de combustible de 10.000 metros cúbicos y 19 metros de altura en la fachada marítima. Otro proyecto que, dado el enorme rechazo vecinal que generó, nunca llegó a materializarse.
Planta de biodiésel
Ya en los 2000, la iniciativa partió del Eurogrupo Bethann, aunque en esa ocasión el guion fue diferente. La compañía buscaba establecer una planta de biodiésel en el puerto, llegando a conseguir la aprobación por parte de la Conselleria de Territorio, en julio de 2006, y el permiso otorgado por la Autoridad Portuaria en octubre de ese año, con 22 votos a favor y 3 en contra. Un contexto que parecía allanar el camino a la iniciativa.
El proyecto, que contemplaba once depósitos de combustible en el muelle 19, sumó el apoyo del entonces alcalde, Luis Díaz Alperi (PP), quien respaldó la planta de gasóleo argumentando sus beneficios positivos para la ciudad y asegurando que el biodiésel ayudaba «a combatir del cambio climático».
No obstante, la polémica planta de combustible fue llevada a los tribunales por partidos de la oposición y asociaciones de vecinos y, en septiembre de 2008, la juez responsable del caso dictaminó en contra de la planta, considerándola una actividad peligrosa. La sentencia indicó que la instalación no podía obtener licencia por silencio administrativo y que no se justificó la necesidad de exceder la altura máxima permitida en el Plan Especial del Puerto de Alicante.
Polémica actual
Los antecedentes, sin embargo, no frenaron las aspiraciones de otra mercantil: XC Business 90. La compañía propuso en 2013 la construcción de una veintena de macrodepósitos de combustible en el mismo muelle 19 del puerto de Alicante. Un proyecto que se topó igualmente con el rechazo de la Generalitat, en ese momento dirigida por el Botànic, el Ayuntamiento popular y, de nuevo, los movimientos vecinales, por lo que acabó en los juzgados.
En 2022, la promotora recurrió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante, que falló a favor de los intereses del Ayuntamiento de Alicante, avalando la decisión de rechazar la licencia urbanística por silencio administrativo. El TSJ, en cambio, se posicionó del lado de la mercantil, decantándose entonces el Ayuntamiento por acudir al Supremo.
Una puerta que se cerró este mismo viernes, cuando el Alto Tribunal rechazó el recurso del ejecutivo local en una decisión ya inapelable. Pese a ello, el alcalde Luis Barcala confió en que aún hay «varias vías» abiertas para frenar la iniciativa, insistiendo en el rechazo a la planta, cueste lo que cueste: «Prefiero indemnizar a que haya macrodepósitos», señaló.
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