Barcala tardó dos años en avisar de las chabolas ilegales en zonas inundables de Alicante
Generalitat afirmó en octubre de 2024 no tener constancia de las infracciones pese a que la Policía Local ya inspeccionó y abrió actas en 2022

Alex Domínguez
«El Ayuntamiento de Alicante no ha dado traslado de las denuncias presentadas por las personas interesadas a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), por lo que por parte de la agencia no se ha iniciado ningún procedimiento». De esta manera negaba en octubre de este año el director gerente de la agencia, Santiago Gambín, ante el Síndic de Greuges, que el Ayuntamiento de Alicante hubiese advertido de la proliferación de asentamientos ilegales en zonas inundables de las partidas rurales de la ciudad. El dirigente sí reconocía en cambio que «en fechas recientes» se habían recibido diferentes denuncias que los denunciantes habían presentado igualmente ante el Ayuntamiento de Alicante, formuladas «todas ellas» por la Asociación de Vecinos Cañada del Fenollar, ninguna trasladada al organismo autonómico por el gobierno municipal de Alicante.
Sin embargo, según los expedientes abiertos por el Ayuntamiento, la administración local tuvo constancia de algunas de las infracciones en 2022. De acuerdo con los documentos facilitados al defensor del pueblo valenciano, en una de las parcelas investigadas por construcciones irregulares, «consta decreto con orden de demolición en fecha 27 de diciembre de 2022 y un plazo de un mes». Una orden que fue incumplida y que, en septiembre de 2023, se convirtió en una multa coercitiva. Del mismo modo, diferentes expedientes recogen órdenes de paralización de obras que no han sido ejecutadas, por lo que los vecinos denuncian que continúan las infracciones.
Todo ello se recoge en una denuncia presentada por la asociación vecinal ante el Síndic de Greuges que está pendiente de resolverse en las próximas semanas. En dicha queja, los residentes de las partidas rurales alertan de que «la falta de acción y de responsabilidad de este Ayuntamiento, y en concreto de la Concejalía de Urbanismo, está permitiendo el crecimiento exponencial en absoluta libertad de todo tipo de infracciones urbanísticas, y más grave aún en suelo de alto riesgo calificado como tal en el Patricova». Con estos antecedentes, la Asociación de Vecinos Cañada del Fenollar solicita al Sindic de Greuges que exija las responsabilidades correspondientes al Ayuntamiento de Alicante.
El PSOE presionará en el pleno
Una petición de la que se ha hecho eco el grupo municipal del PSOE. «Es una vergüenza que desde 2022 el Ayuntamiento no haya comunicado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio los decretos de paralización de obras ilegales en partidas rurales. No es admisible que se envíe a la Policía Local, se abran expedientes y se guarden en un cajón, que es lo que está haciendo el alcalde, Luis Barcala», ha señalado el concejal Raúl Ruiz.
En este sentido, el PSOE presionará en el pleno y preguntará al ejecutivo local "cuándo han sido remitidos los expedientes abiertos a estos asentamientos ilegales a la Agencia Valenciana del Territorio y en cuántas ocasiones se han reunido con esta agencia por este motivo". El edil socialista ha destacado que la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, conocida como LOTUP, "recoge que paralizar las obras es una medida cautelar que se puede adoptar hasta que la Generalitat dictamine una resolución". Sin embargo, Ruiz lamenta que "los trámites permanecen bloqueados si el Ayuntamiento de Barcala no da cuenta de los expedientes a dicho organismo".
Ruiz también ha alertado de que "por la inacción de Barcala continúan proliferando asentamientos ilegales" en zonas inundables de las partidas rurales. "Estamos en al zona cero del cambio climático del Mediterráneo y es nuestra responsabilidad que nuestras ramblas sirvan perfectamente a su propósito, que es canalizar con suficiencia las aguas. Deben actuar antes de que suceda allí una desgracia", apunta.
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