La sanidad pública solo realiza el 0,38 % de los abortos que se practican en Alicante

A pesar de que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva exige a las comunidades autónomas garantizar el derecho al aborto en los hospitales públicos, organizando sus recursos para que todas las mujeres puedan interrumpir libremente la gestación en un centro de titularidad pública antes de la semana 14, apenas se realizan abortos voluntarios en la sanidad pública de la provincia de Alicante.

Según los datos aportados por la Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez (PP), en el año 2023 se practicaron 3.378 interrupciones del embarazo en mujeres alicantinas pero solo trece de ellas fueron asistidas en un hospital público.

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Respuesta parlamentaria

En concreto fueron once en el de Torrevieja y dos en el de la Vega Baja, es decir, el 0,38 % del total. Así se extrae de los documentos oficiales que el actual Consell entregó en una respuesta parlamentaria a las diputadas Mónica Álvaro e Isaura Navarro, del grupo de Compromís, el 20 de noviembre pasado.

El 99,62 % restante de las mujeres se derivaron a la privada, bien con financiación pública, es decir, centros concertados donde se practicaron los abortos pagados por la Seguridad Social, o bien abonados por la propia mujer. Porque no siempre corre a cargo de la sanidad.

900 euros de coste

A una alicantina de 41 años que ha querido contar su dura experiencia a este diario le pidieron 900 euros en la clínica concertada a la que le envió su hospital público por una interrupción del embarazo de su bebé por causas médicas puesto que sufría el síndrome de Patau, una grave enfermedad genética.

Ocurrió en junio de este año. La mujer, madre de dos niños, esperaba su tercer hijo, «pero en la semana trece, que es cuando la Seguridad Social hace la primera ecografía, me atendió un ginecólogo y vio que algo no iba bien, que el feto tenía la vejiga más grande de lo normal. Dijo que podía ser una falsa alarma y que volviese a la semana siguiente, pero estaba otra ginecóloga. Llamaron a mi marido y le dijeron que el cribado que hicieron por si hay algún problema cromosómico salía alterado».

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Válvulas del corazón

La pareja acudió al hospital, y la doctora le confirmó que las extremidades estaban mal, agarrotadas, y las válvulas del corazón tampoco estaban bien. Aunque le indicaron una biopsia corial, cuyo análisis permite conocer si existen anomalías cromosómicas en el feto, pidió recomendación a los médicos y le aconsejaron, cuenta, la interrupción de un embarazo muy deseado «porque había muy pocas posibilidades de vida», tanto dentro de la madre como si nacía, con un máximo de supervivencia de seis meses. «Soy una persona en contra del aborto pero hay situaciones y situaciones», señala.

«Soy una persona en contra del aborto pero hay situaciones y situaciones»

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En el hospital público, afirma, le dijeron que no se podían hacer allí ese tipo de interrupciones y le recomendaron, verbalmente y sin informe alguno, una conocida clínica privada de Alicante. Llamaron por teléfono, les citaron el lunes siguiente y le pidieron los 900 euros. 

La mujer no entendía tener que pagar por algo con lo que no estaba de acuerdo porque abortaba por graves motivos médicos. Recurrió a la matrona, que, tras contarle el caso, le dijo que debía abonarlo la Seguridad Social. Le indicó que hablase con su médico de cabecera, que le dio la baja por su estado, y cuando le llamaron del hospital para la biopsia le preguntó a la enfermera si se podía gestionar a través de la Seguridad Social. Esta le dijo que iba a consultarlo y la envió a planificación familiar. Toda una odisea.

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Al límite de las 14 semanas

Estuvo en Urgencias maternales, al límite de las 14 semanas que permite la ley. Finalmente la atendió una doctora de un centro de salud que ni siquiera es el que le corresponde «y me dijo que no entendía por qué me mareaban de esa forma».

Con un informe del hospital finalmente fue intervenida en una clínica concertada financiado por la Seguridad Social. «El hospital público lo hace desde el momento en que hay un sangrado y ven un proceso de aborto espontáneo, entonces lo facilitan todo, pero si realmente el feto está vivo, ellos no hacen nada».

«El hospital público lo hace desde el momento en que hay un sangrado y ven un proceso de aborto espontáneo, entonces lo facilitan todo, pero si realmente el feto está vivo, ellos no hacen nada»

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Los datos indican que los abortos practicados en 2023 fueron 8.252 en toda la Comunidad Valenciana, de ellos 7.422 en centros privados y 830 en hospitales públicos. Pero de estos solo trece en la provincia de Alicante. En las de Castellón y sobre todo Valencia fueron muchos más. 

Datos por comarcas

Según los documentos de Sanidad, el número de interrupciones del embarazo realizadas en la comarca de Alcoy fueron 218. En la de Dénia se practicaron 334 abortos; en el área de Elx-Crevillent un total de 223; en el departamento de Elche Hospital General 291; en el área de Alicante 740; en la Marina Baixa 431; y en el departamento del Hospital de Sant Joan 505. En total 2.742, y el 100 % se practicaron en la sanidad privada.

En el departamento de Orihuela se practicaron 280 en la privada y dos en el hospital público. Y en el de Torrevieja 343 en la privada y 11 en la pública. En el listado no aparece dato alguno del área de salud de Elda.

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La cifra de interrupciones de embarazo en la pública en la provincia de Alicante es ínfima, lo que contrasta con el número de médicos objetores.

Al menos según el listado oficioso que manejaba la Conselleria de Sanidad para organizar la práctica asistencial dado que la elaboración de los registros de objetores trasciende a las autonomías y es asunto estatal. 

Registro no oficial de objetores

Según ese registro no oficial, en la provincia, al menos en mayo, eran seis los médicos objetores, cuatro de ellos en el departamento de salud de Alicante-Hospital General; y dos en el de Elche. Había otros 31 en el resto de la Comunidad. Marciano Gómez firmó otra respuesta a Compromís sobre el número de profesionales que habían manifestado su objeción de conciencia por escrito y anticipadamente durante 2022 y 2023.

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El conseller indicaba que la ley orgánica 1/2023, de 28 de febrero indicaba que a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación «se creará en cada comunidad autónoma y en el registro del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria un registro de profesional que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo».

Protocolo

Asimismo, indicaba que el Gobierno debía acordar un protocolo específico con las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación del registro. El lunes, el consejo interterritorial del Sistema de Salud, formado por gobierno y comunidades, aprobó el protocolo específico para crear el registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo. 

"El aborto es un derecho de las mujeres, pero los señores del PP se obsesionan con quitarnos nuestros derechos reproductivos, ya sea montando oficinas antiaborto o con apoyos externos como el del obispo Munilla"

Mónica Álvaro

— Diputada autonómica de Compromís

La diputada autonómica Mónica Álvaro considera que el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad está vulnerándose constantemente en los hospitales alicantinos: las alicantinas resulta que tienen menos derechos que las valencianas o las castellonenses. "Es preocupante la inacción de la conselleria a la hora de cumplir con la legalidad vigente por lo que respecta al aborto y permitir una organización de los recursos hospitalarios para que las alicantinas sean tratadas con garantías en espacios públicos sin verse obligadas a acudir a clínicas privadas siendo reducida la capacidad asistencial de las mismas".

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Registro profesional

Sostiene asimismo que "desde el cambio legal en 2023, Compromís reclama un registro profesional definitivo de aquellos profesionales que no quieran realizar interrupciones voluntarias de embarazos. El aborto es un derecho de las mujeres, pero los señores del PP se obsesionan con quitarnos nuestros derechos reproductivos, ya sea montando oficinas antiaborto o con apoyos externos como el del obispo Munilla».