Vox cede a las presiones de Barcala: vía libre al "tasazo" de la basura de Alicante

El "tasazo" de la basura del PP continúa superando trámites camino a su aprobación definitiva, pese a las trabas iniciales de toda la oposición. Y, como ocurrirá con el presupuesto para 2025 tras el acuerdo, será Vox, quien hasta hace una semana renegaba de la tasa propuesta del equipo de gobierno del PP. Este viernes el documento superó una nueva barrera, la de la Comisión de Hacienda, lo que da vía libre a la nueva tasa de basura para llegar al pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo lunes 30 de diciembre, y en la que el documento deberá someterse a votación para su aprobación definitiva.

Un momento de la tramitación de la nueva tasa de basura al que llega tras su aprobación inicial en el Pleno del pasado 5 de noviembre, gracias a la ausencia de Mario Ortolá, concejal de Vox, quien se encontraba entonces de permiso por paternidad, y tras el informe de Secretaría General del Pleno, realizado a solicitud del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el que se detallan las supuestas "responsabilidades" jurídica y económica en las que incurrirían los ediles de no aprobar la nueva ordenanza fiscal que regula la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos y a las que los concejales de la formación ultra habrían preferido no enfrentarse. De hecho, se abstuvieron, justo lo que necesita el gobierno de Barcala, al menos, para el pleno.

Unas circunstancias a las que hay que sumarle un punto más: el pacto para la aprobación de los presupuestos municipales para 2025 que tanto el PP como Vox anunciaron este jueves, 26 de diciembre. Unas cuentas que, entre sus promesas, incluyen la rebaja del IBI, una de las condiciones que la pasada semana ponía sobre la mesa la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, como moneda de cambio para aprobar esta tasa: "Para que Vox cambie de opinión se necesita que, al menos y como hemos hecho en otros municipios, se reduzcan el resto de impuestos municipales para que el impacto económico en las familias y negocios sea el mínimo", afirmó el pasado 18 de diciembre Robledillo.

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De esta forma, con la primera abstención de Vox encima de la mesa -tras una larga lista de votos en contra tanto en la primera Comisión de Hacienda del 30 de octubre y en el Pleno de 5 de noviembre - la nueva tasa de basura sigue su trayecto administrativo hacia un Pleno en el que volverá a necesitar, como mínimo, que los ultras vuelvan a abstenerse. Cabe recordar que Vox fue el primer grupo en cerrar la puerta al ejecutivo municipal. "No vamos a participar de este ataque frontal a los alicantinos", señalaron desde la formación, por lo que los ultras ni presentaron alegaciones ni llegaron a sentarse a la mesa para negociar.

Tras este trámite en Comisión de Hacienda, el concejal de Hacienda, Toni Gallego, señaló que “aprobamos esta modificación de la tasa porque el Gobierno central no ha ofrecido ninguna alternativa a los municipios que no sea el imperativo legal de adecuar la recaudación al coste real del servicio”. “No es una cuestión que afecte solo a Alicante”, indicó Gallego, quien afirmó que: “todos los ayuntamientos se han visto obligados a incrementar la tasa que los ciudadanos pagan por la recogida y tratamiento de la basura”.

La aprobación definitiva de esta tasa supondrá incremento significativo en el recibo de la basura, de hasta tres veces más, en cumplimiento de lo estipulado por Europa para que la prestación del servicio no sea deficitario para los ayuntamientos, aunque incluye una enmienda transaccional impulsada por EU para realizar un reparto más equitativo del aumento del recibo. Por tanto, la nueva ordenanza, a la espera de su aprobación definitiva tras el periodo de alegaciones que se abrirá tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), estipula que los recibos irán desde los casi 70 euros para las viviendas más pequeñas y de menor valor catastral hasta los casi 145 euros, para los pisos más grandes y de mayor valor.

Por su parte, la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, que no conlleva sanciones ni restricciones, ha salido adelante con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSOE, Compromís y EU-Podemos. En la comisión se han rechazado las alegaciones presentadas durante el periodo abierto para ello y su aprobación definitiva se someterá al citado Pleno del próximo lunes 30.

Reacciones a la aprobación de la tasa

El concejal del grupo municipal socialista, Raúl Ruiz, calificó la nueva tasa de basuras como "profundamente injusta", y criticó al equipo de gobierno por no respetar la directiva europea, que establece que "quienes más contaminan" deben asumir una mayor parte del coste. "En lugar de repartir equitativamente los costes de la basura, Barcala ha optado por cargar a las familias de las clases medias y trabajadoras con la mayor parte de los gastos. No es normal que, en una ciudad como esta, con contenedores desbordados a todas horas, pensemos que cuatro quintas partes de los residuos los producen las familias alicantinas. Esta tasa nos hace más desiguales", afirmó Ruiz.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, lamentó la aprobación de la tasa de basura en la Comisión de Hacienda. "Vaya regalito nos ha hecho PP y Vox de final de año, que ya son un bipartito. El acuerdo presupuestario presentado contemplaba esta tasa, que incrementa casi por cinco la tarifa a los domicilios, distribuyendo el 80% de la factura entre los hogares y solo un 20% entre la actividad económica", señaló Mas. Además, criticó la propuesta de bajar el IBI solo tres euros, mientras que "nos hinchan a tasas de basuras, amplían la zona azul, aumentan las multas y los radares", apuntó Mas.

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, censuró la abstención de Vox en la votación, calificándola como un "teatrillo" ejecutado por ambas formaciones. "La derechita cobarde de Vox se ha dejado coaccionar por un informe del secretario del pleno, o de Barcala, no lo tenemos claro, y ha sido la coartada perfecta para abstenerse. Este informe pretende coaccionar a quienes ejercemos cargos públicos en este ayuntamiento. Es una manera vergonzosa y manipuladora de hacer política", aseguró Copé.

Desde Vox, por su parte, prefirieron no valorar la abstención en la comisión previa al pleno del próximo lunes. Remitieron al partido, desde donde tampoco se realizó ningún tipo de declaración.

El informe de Secretaría, al Consell Jurídic Consultiu

La Comisión de Hacienda, con el respaldo unánime de todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, aprobó pedir al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que eleve al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana el informe emitido por Secretaría General del Pleno. El objetivo es que este órgano se pronuncie sobre las implicaciones legales para los concejales que rechacen la aprobación de la nueva ordenanza fiscal sobre la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos

El acuerdo, que ahora depende de la decisión del alcalde para ser trasladado al Consell, tiene como objetivo aclarar los riesgos legales señalados en el informe de la Secretaría General del Pleno. Sin embargo, aunque el Consell Jurídic emita un dictamen, este no llegaría a tiempo para el Pleno extraordinario convocado para el próximo lunes 30 de diciembre, donde se debatirá la aprobación de la polémica ordenanza.

Un informe pedido por Barcala advierte a la oposición de "responsabilidades" legales si tumban el "tasazo" de la basura

La portavoz del grupo municipal Socialista, Ana Barceló, fue la encargada de presentar en la Comisión de Hacienda un escrito en el que se recogía esta petición y en el que, además, se rebatían las conclusiones del informe del secretario. El documento presentado por Barceló, recoge que este informe carece de rigor y utiliza argumentos que calificó de “amenazantes” hacia los ediles. Entre los puntos más controvertidos del informe, el secretario señala que el voto en contra de la ordenanza podría considerarse "arbitrario", lo que implicaría posibles responsabilidades civiles y penales para los concejales. Barceló rechazó esta interpretación, argumentando que "también puede considerarse arbitraria la propia ordenanza, al no contar con criterios justos y equitativos en el reparto de la carga fiscal".

La socialista también cuestionó la validez técnica del informe económico que respalda la ordenanza. Según Barceló, el cálculo de los costes indirectos se habría realizado aplicando una metodología de contabilidad analítica que no está implantada en el Ayuntamiento, como han señalado informes previos del interventor municipal. “No se puede utilizar un método inexistente para justificar estos cálculos”, afirmó.

Asimismo, Barceló indicó que no es posible que el rechazo de la ordenanza pueda interpretarse como un perjuicio para los caudales públicos, ya que, este argumento “no tiene fundamento jurídico alguno” y solo "busca" justificar una presión indebida hacia los concejales de la corporación.