Demasiadas normas para tan poca transformación

Apurando hasta el último día (el penúltimo, por ser estrictos). El gobierno de Alicante ha convocado para este lunes, 30 de diciembre, un pleno extraordinario y urgente (y porque no se le pueden poner más «apellidos») para la aprobación de dos ordenanzas que no podían demorarse más. Por orden superior, el Ayuntamiento de Alicante (como el resto) tiene que revisar la ordenanza de la tasa de la recogida de residuos para cumplir con el mandato europeo que exige que ese servicio no sea deficitario para los ayuntamientos. A ver si así, repercutiendo directamente en el bolsillo de los ciudadanos, se mejoran las tasas de reciclaje.

También, como todos los municipios de más de 50.000 habitantes, Alicante debe empezar el próximo año con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en vigor. A tanto no va a llegar, pese a las prórrogas concedidas por el Gobierno y la amenaza de perder ayudas al transporte, pero casi. Eso sí, no deja de ser un trámite, porque nada cambiará en Alicante. Ni más restricciones ni, por tanto, más multas. Papel mojado. 

Meses y meses de trabajo técnico (interno y externo), más de cuatro millones de inversión en el contrato para la implantación de la herramienta en la ciudad, además de 15 millones de subvenciones europeas para obras supuestamente vinculadas con la ZBE para que todo siga igual. Pese a la ambición inicial del PP, que se plasmó en el documento enviado a Europa, finalmente sólo se mantendrá lo existente desde hace más de una década: la prohibición de circular por el Casco Antiguo.

Y todo por Vox, que sin la estridencia de otros lares, sigue marcando la agenda al gobierno de Barcala, al que no parece importarle al tratarse de medidas más que populistas, que huyen de la valentía transformadora que urge la ciudad.  

Tras dejar en nada la ZBE, pese la urgencia que supone el cambio climático, también parece que los ultras serán clave para aprobar el «tasazo» a la basura, pese a rechazarlo desde el primer día por ser una imposición europea. Eso sí, en el camino han conseguido una reducción del IBI, a la que el alcalde se ha ido negando en los últimos años alegando, y es cierto, que Alicante es una de las ciudades con el impuesto a los bienes inmuebles más bajo de España. Ese argumento ya no le vale a Barcala. Fabricará otro. Y, además, se reforzará el reclamar fondos a otras administraciones. 

El preacuerdo para desbloquear la nueva tasa de la basura, que se fundamentó en un informe encargado con Barcala con las posibles consecuencias legales para aquellos concejales que no pasasen por el aro, llegó un día después de que las dos formaciones, que ejercen como socios en la práctica pese a las tensiones de ambos partidos a nivel nacional, anunciaran el esperado pacto para los presupuestos de 2025, dando continuidad al de 2024. 

Entre las exigencias, la más llamativa, por no responder a las urgencias de una ciudad con problemas acuciantes, la promesa de destinar más recursos a las oficinas «antiaborto» y «antiokupas» puestas en marcha en esta recta final de año en cumplimiento del acuerdo presupuestario de este año.

Cuidado, patinete

Y siguiendo con las ordenanzas, tan protagonistas este ejercicio que acaba, puede que la relativa a la ZBE no sea la única que, en la práctica, no cambie nada. Un trabajo técnico, de meses (sino años), que sirve para poco más que ampliar la normativa municipal. Así ha sucedido, sin ir más lejos, con la ordenanza que sobre el papel regula desde hace años el tránsito de patinetes eléctricos, que siguen circulando por donde quieren ante la inacción municipal.

Y así ocurre a su vez con la ordenanza de limpieza, una de las que están en vías de revisión tras un año en un cajón sin motivo aparente. La vigente se incumple sistemáticamente: basta con pasear por la ciudad y comprobar que esa normativa no ahuyenta lo más mínimo a los incívicos. Nada hace pensar que la nueva, con más sanciones, vaya a suponer un cambio significativo en su aplicación. Eso es voluntad.

Este año también ha estado marcado por los cambios impulsados en la norma de ocupación de vía pública, que se empezó a trabajar en el pasado mandato. Igualmente, tras varios intentos electorales frustrados, el Ayuntamiento ha aprovechado este 2024 para revisar la ordenanza contra el ruido, ya que la anterior se aprobó el pasado siglo. Ahora falta que se cumplan. 

El otro gobierno

En la gestión del ruido y del ocio, este 2024 ha sido un antes y un después, al menos en el discurso. Tras una sentencia judicial, el Ayuntamiento se ha visto forzado a impulsar una zona acústicamente saturada en el entorno de Castaños, que finalmente se prevé extender al Casco Antiguo. En septiembre se dijo que era inmediata, que faltaba sólo un informe técnico. Al final, 2025 debe ser el año de su entrada en vigor. 

Los tribunales no solo parece que vayan a ser determinantes en la gestión del ocio en Alicante. Todo indica que también pueden ser clave en la implantación de un proyecto rechazado por la ciudad, tanto a nivel político como social, pero que ha contado con el beneplácito judicial: los macrodepósitos en el puerto. Cuestiones de envergadura que se deciden demasiado lejos del que debería ser el centro neurálgico de las políticas, el Ayuntamiento. Y todo por pura inacción municipal. 

Fuera de la renovación de ordenanzas o de lo que marcan desde los juzgados, la otra novedad de este año ha sido la decisión del gobierno de suspender licencias para apartamentos turísticos en bloques residenciales. Así, con una tirita, se pretende poner sordina a un problema de magnitud, que, pese a la medida tomada, el gobierno rechaza de plano, con informes de parte. Toda una contradicción. Como si negarlo sirviera para algo. Los vecinos afectados por la proliferación descontrolada de viviendas turísticas llevan tiempo alzando la voz, en defensa sus barrios. De la ciudad. Hace falta que se les escuche, no basta con nada puntual ni tampoco transitorio. Ya no. Es tarde. 

Proyectos

Ni hacer frente de manera decidida a problemas globales, que inciden con mayor intensidad en ciudades turísticas como Alicante, ni tampoco impulsar iniciativas de transformación de la ciudad. En consonancia con esa ZBE sin multas, que entrará en vigor en breve, no se conoce ningún proyecto para avanzar en la peatonalización de Alicante. Y no será porque la ciudad no urja políticas valientes transformadoras para hacer frente a retos que dejaron de ser de futuro.

Los últimos proyectos se impulsaron durante el gobierno en coalición de PP y Ciudadanos. Desde su extinción electoral, ni una calzada más liberada del tráfico. Ni tampoco otro tipo de reurbanizaciones. Así, el gobierno no tiene otra que exprimir al máximo los proyectos en ejecución, como la renovación de la plaza de San Blas, que se ha llegado a abrir al público antes de finalizar las obras en su conjunto tras año y medio de retraso. Y fue el propio alcalde el que lo hizo, retirando una valla. Había ganas. No era azul, la valla, eso sí. Esas siguen por toda la ciudad. Esto no cambia.