La provincia de Alicante acata el tasazo de la basura a última hora y con intentos de «suavizarlo»

Los ayuntamientos de la provincia de Alicante pisaron el acelerador a finales del pasado 2024 y, la gran mayoría, ha conseguido iniciar este nuevo año con el objetivo cumplido de actualizar la tasa de basuras. Una actualización fiscal ordenada por Europa y el Ministerio de Hacienda para tratar de aumentar el reciclaje y la separación de residuos y que los principales gobiernos locales de Alicante han dejado para última hora. Algunos como el de Santa Pola o el de Petrer comenzaron a aplicar la subida en anteriores años o de forma progresiva, pero buena parte de las administraciones locales han esperado al recibo de 2025 por lo impopular de la medida, lo que se traducirá en subidas de hasta un 300 % en algunos casos. Algo que los ayuntamientos también buscan «suavizar» con medidas compensatorias como rebajas en el IBI.

Normativa

La legislación europea (a través de la Directiva 2008/98/CE) estableció un marco jurídico para el tratamiento de los residuos en los países de la Unión Europea. Una normativa que, en el caso de España, se ve reflejada en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Entre las cuestiones que se abordan en dicha directiva, cuyo objetivo es incrementar los niveles de reciclaje en las ciudades europeas y mejorar la eficiencia en la gestión de desechos, la que más quebraderos de cabeza ha traído para los ayuntamientos ha sido la relativa a la tasa de basuras. La ley indica que dicha tasa no puede ser deficitaria, por lo que las administraciones locales deberán repercutir a los ciudadanos el coste íntegro de sus servicios de recogida y tratamiento de residuos. Con ello, se busca que los ciudadanos incrementen la separación de su basura doméstica, lo que permitiría reducir el coste del servicio y, por ende, también el del recibo. Eso sí, las bonificaciones a incluir para quienes cumplan determinados objetivos de reciclaje o el porcentaje de este servicio que asumen los hogares y los comercios queda a la elección de cada ayuntamiento.

En Alicante, una amplia mayoría de los municipios ha cumplido (aunque sea a regañadientes) con la directiva. De las 20 ciudades más pobladas, solo Mutxamel y Sant Joan d’Alacant no han aprobado por ahora la nueva tasa de basuras. Las otras 18 localidades, aunque algunas de ellas con matices, sí se han sometido a la normativa comunitaria, lo que ha generado un nuevo enfrentamiento político en los consistorios de la provincia. Por un lado, gobiernos populares culpan al Gobierno de Pedro Sánchez de «imponer» la subida, alegando que únicamente se someten a esta actualización de las tasas por imperativo legal. Mientras, los alcaldes progresistas inciden en la importancia de reducir el impacto que la gestión de los residuos produce sobre el medio ambiente.

Todos ellos, además, han barajado diferentes medidas compensatorias: desde rebajas en el IBI a un incremento progresivo del recibo en diferentes años, pasando por un especial gravamen a los apartamentos de alquiler turístico.

Alicante y Elche

En cuanto a las dos principales ciudades de la provincia, ambas han afrontado esta subida al límite del plazo legal (que expira en abril de 2025) aunque con fórmulas diferentes. Alicante validó el incremento del recibo en un pleno extraordinario y urgente sobre la bocina, en el último día hábil del 2024. Pese a que el alcalde, Luis Barcala, no contaba con los apoyos necesarios, un informe del interventor advirtiendo de posibles responsabilidades a los concejales que votasen en contra le valió la abstención de Vox. Para este año, los alicantinos pagarán hasta tres veces más en su recibo, en diferentes tramos en función de los metros de la vivienda y del valor catastral de la misma. Una tasa que se situará para la capital de la provincia entre los 70 y los 145 euros.

Mientras, el «tasazo» en Elche supondrá en 2025 una subida de entre 17 y 20 euros de media y de unos 40 euros para las actividades económicas. Mucho menos que en otros municipios porque el equipo de gobierno (PP y Vox) va a proceder a una subida «amortiguada» a lo largo de cuatro años, según desvelaron el PSOE y Compromís, para que al final suponga un incremento del 132 %, que es lo que se precisa para cubrir el coste de un servicio que a día de hoy solo financia con esta tasa la mitad. Además, el Ayuntamiento anunció que habrá bonificaciones: un 50% para familias numerosas, pensionistas y contribuyentes que estén en riesgo de exclusión social previo informe de servicios sociales.

Marco jurídico

Una fórmula que plantea dudas al especialista en Derecho Administrativo Eduardo Medina, de URBS jurídica: «Aplazar la aplicación total o parcial de la tasa sin prever una forma alternativa de cubrir los costes podría ser contrario a la ley», aprecia. Y es que aunque el plazo máximo para aprobar la tasa es abril de 2025, los ayuntamientos «podrían aprobar la tasa dentro del plazo, pero establecer una aplicación progresiva o diferida», sin embargo, como la directiva establece que la tasa o prestación patrimonial debe ser no deficitaria, debería preverse una fórmula para que los costes de gestión estén cubiertos.

En el resto de L’Alacantí, al margen de los «rezagados» municipios de Sant Joan y Mutxamel, El Campello y San Vicente sí han hecho los deberes: el municipio costero incrementó la tasa de 60 a 143 euros en el casco urbano, y a 88 en el litoral de Muchavista. Mientras, la ciudad universitaria, girará a sus vecinos un recibo un 98 % más caro de media a partir de este 2025.

Municipios previsores

Otros municipios fueron más previsores. Petrer ya hizo efectiva la modificación en el recibo del 2024, animando además a sus vecinos a reciclar con una campaña de concienciación para poder abaratar el coste en el futuro. Al igual que Elda, que ya anunció una subida de hasta el 78 % a finales del 2023. También Noveldadio el visto bueno en ese momento a su incremento: el recibo llegó casi a duplicarse, con una subida del 98 %. El Ayuntamiento de Santa Pola, por su parte, apostó por «diluir» el tasazo en diferentes subidas de entre 10 y 12 euros anuales, hasta alcanzar un incremento de alrededor del 20 % más. Al igual que Alcoy, que aplicó una primera subida del 5 % en el cobro de 2024 y una segunda del 22 % para 2025.

En la Vega Baja, Torrevieja ha disparado la factura desde los 42 euros que han pagado hasta ahora los vecinos a los 80,4 que tendrán que sufragar los empadronados en el casco urbano (la mayoría) y hasta 120 euros para aquellos que tienen su casa en zonas residenciales. En Orihuela también se hará notar la subida: el recibo llegará casi a triplicarse, pasando de 70 euros a 202 euros, el 288 %. En el Alto Vinalopó, Villena duplicará el recibo para los hogares y lo subirá cerca de un 150 % para la mayor parte de las actividades comerciales.

Por lo que respecta a los municipios de La Marina, Benidormya aprobó una subida del recibo de 112,74 euros en 2023 a 193,72 euros en 2024, con una nueva tarificación por barrios para 2025. Dénia, también con un baremo por barrios, cobrará por el servicio en torno a un 20 % más este año. En La Vila Joiosa, el recibo se divide en cinco zonas que pagarán entre 120 y 172 euros. Por su parte, Calp también notará el incremento este año: la tasa costará cerca del doble este año.

Posibles repercusiones

Por lo que respecta a los municipios que no consigan adaptarse a la directiva europea, Madina apunta que la Ley 7/2022, de 8 de abril, «no contempla un régimen de sanciones específicos por la falta de aprobación municipal de dicha tasa». Ahora bien, apunta que «su falta de implementación, aunque no conlleve una consecuencia jurídica inmediata, podría enfrentar a los Ayuntamientos a posibles recursos en sede judicial promovidos bien sea desde el ámbito de la Administración General del Estado o de las propias Comunidades Autónomas, quienes podrían recurrir el acto administrativo que consista en la negativa o inacción de la entidad local». No obstante, considera que «no hay que ser alarmistas», puesto que «en el ámbito del Derecho Administrativo puede no ocurrir nada, simplemente por inacción administrativa y política, que es lo que en la práctica suele suceder».