La reducción de la plantilla colapsa los servicios sociales de Alicante con meses de espera

Trabajadores de la concejalía alertan de la «insoportable carga» que asumen tras la marcha de otros 192 empleados y advierten de que ya no hay citas hasta abril

El centro social comunitario Gastón Castelló, en la Zona Norte de Alicante.

El centro social comunitario Gastón Castelló, en la Zona Norte de Alicante. / Pilar Cortés

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Las consecuencias del «despido» de 192 trabajadores de la Concejalía de Derechos Públicos de Alicante el pasado 31 de diciembre, ya se han hecho notar en las listas de espera de los servicios sociales de la ciudad. Tan solo una semana después de que en torno al 80 % de la plantilla tuviese que abandonar el servicio al concluir su contrato sin que el Ayuntamiento y la Generalitat hubiesen garantizado su continuidad, los trabajadores que permanecen en el departamento aseguran que las citas para atención a los usuarios ya se están concediendo para el mes de abril. 

Una situación que, según apuntan, continuará agravándose mientras que no se reincorpore el personal cesado, ya que los medios actuales son «claramente insuficientes» para atender la situación de emergencia social de quienes acuden cada día a la concejalía. Este problema, además, ha incrementado la responsabilidad que tienen que asumir quienes continúan trabajando en los servicios sociales. «Es muy duro, no podemos con todo y acabará gente de baja por la sobrecarga, sin duda». Así lo relata un funcionario en activo: «Está todo reducido, la situación actualmente es más bien de superviviencia», señala. Aunque, para este trabajador «lo peor de esta situación es el estrés emocional que genera en la plantilla».

Respecto a las citas, apunta que «falta más de la mitad del personal, por lo que ya hay al menos tres meses de retraso», cuando los trabajadores salieron de la concejalía hace solo siete días. Una merma del servicio que «generará conflictos, porque la gente vendrá, le darán cita para dentro de meses y se enfadará. Son personas en una situación límite y lo van a terminar pagando con la persona que les atienda».

Falta de previsión

Una situación que «no ha sido sobrevenida», según otra trabajadora del servicio, que recuerda que «desde que se firmó el contrato programa en 2021 se sabía que era necesario sacar las plazas para que esto no volviese a suceder». Al respecto, sostiene que este «despido masivo» ha supuesto una «discriminación» hacia los usuarios de los servicios sociales: «No me imagino que el Ayuntamiento consienta que se vayan a la calle 192 personas de la Concejalía de Urbanismo o de la de Hacienda, pero Derechos Públicos se ve que no tiene el mismo peso...» señala.

Además del perjuicio para los usuarios, esta empleada pública apunta (al igual que su compañero) al «desgaste» que supondrá para el resto de la plantilla así como a «la incertidumbre y la ansiedad que genera a los que se han ido y no saben si podrán volver».

Para solucionarlo, la trabajadora social indica que el Ayuntamiento «tendría que haber sacado las plazas en el tiempo que ha tenido». Al no hacerlo, sostiene que el gobierno local ha propiciado «una situación terrible y dramática».

Sin fecha de solución

Este martes, desde el gobierno local aseguraron que Bienestar Social «tiene listo el expediente de contratación» y lo remitirá «en las próximas horas» tanto al departamento de Recursos Humanos como, posteriormente, a Intervención. De esta forma, indicaron, «se agilizan los trámites para tenerlo todo preparado» y poder iniciar el proceso de incorporación del personal en cuanto se firme el nuevo contrato programa de la Generalitat. El gobierno local, además, confirmó que el Consell «ha garantizado al Ayuntamiento el presupuesto para contratar, como mínimo, el mismo personal del anterior contrato programa, 192 personas». 

En cambio, desde el departamento autonómico aseguraron a INFORMACIÓN que el «despido» masivo que ha tenido lugar en Alicante no debería haberse producido porque los ayuntamientos deben consolidar los puestos de trabajo financiados por el contrato programa, tal y como indica la propia Ley de Servicios Sociales. Al respecto, la conselleria que dirige Susana Camarero (PP) recuerda que los gobiernos locales tienen la confirmación de continuidad del contrato y, cuando este se apruebe finalmente, se realizará el abono del salario del personal con carácter retroactivo.

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