"Han despedido a mi trabajadora social": usuarios advierten de las consecuencias de la reducción de plantilla en Alicante

Una situación "desesperante" y "frustrante" en los centros sociales de Alicante que ya afecta directamente a la atención los usuarios. La salida de 192 empleados de los centros sociales de la ciudad desencadena retrasos en la gestión de ayudas y en las citas para orientación social, que ya se acumulan en estas oficinas, agravando las dificultades de quienes más dependen de estos servicios. Familias, personas mayores y migrantes que recurren a los centros sociales describen una mezcla de desesperanza e incertidumbre mientras intentan sortear las demoras y la falta de respuestas claras. La ausencia de personal no solo ralentiza los trámites, sino que también incrementa la sensación de abandono entre los ciudadanos más vulnerables.

"Es desesperante", afirma Matilde Yagües, usuaria del centro social comunitario "Felicidad Sánchez", quien ha visto cómo una ayuda que ya de por sí tardaba nueve meses ahora podría demorarse hasta año y medio. "Cuando llegamos al centro social nos dijeron que faltaba mucho personal por los despidos. Mi pareja y yo tuvimos que irnos de este centro porque nos dijeron que ya había mucha gente y nos trasladaron al número 1. Aquí han quitado a muchos trabajadores sociales y ahora los trámites van mucho más lentos, porque no hay gente, no hay nadie", afirma Yagües.

TESTIMONIOS

«Cuando llegamos al centro social nos dijeron que faltaba mucho personal por los despidos»

MATILDE YAGÜES

«Estos servicios son cruciales para los migrantes que necesitamos una primera orientación»

LUZ GÓMEZ

«Han despedido a todos los trabajadores sociales con los que tenía cita y que llevaban mi caso»

SONIA ESPINÓS

«Es difícil obtener información clara. Despedir trabajadores solo empeorará la situación que existe»

KATERYNA KOVALEVSKA

«Venimos todos los meses y es una vergüenza. No nos dan respuestas y ahora es aún peor»

GENO BALAGUER

La saturación cotidiana

Historias como la de Matilde se replican en cada rincón de la ciudad. Sonia Espinós, del centro social comunitario "Gastón Castelló", comenta con frustración su situación personal. "Han despedido a todos los trabajadores sociales con los que tenía cita y que llevaban mi caso y ahora me han dado cita para abril. Nos han dicho que ya no hay ningún asistente social trabajando aquí y que nos toca esperar. Llevo un año y medio esperando una ayuda ahora me dicen que todavía falta, que no se puede hacer nada", indica Espinós.

Esta falta de personal no solo genera largas esperas, sino que también añade incertidumbre a trámites que para muchos son esenciales. Juan Amador, otro usuario del mismo centro, relata como al entrar al centro social comunitario "Gastón Castelló" ya le comunicaron que habían "despedido" a muchos trabajadores. "He preguntado por la trabajadora social que lleva mis trámites en este centro y me han dicho que la han despedido, a ella y a muchos más. Tengo la renta valenciana parada desde hace ocho meses, solo faltan los trámites de papeleo, pero ahora está todo parado, no sé mucho más", asegura Amador.

Geno Balaguer, quien visita con frecuencia el centro social comunitario "Garbinet", expresa una mezcla de indignación y agotamiento. "Venimos todos los meses para preguntar por los trámites y siempre nos quedamos en blanco, es una vergüenza. No nos dan respuestas y ahora, con menos personal, es aún peor. Estamos ayudando a un familiar con sus gestiones y llevamos tres meses esperando que nos llamen y ahora esto, imagínate cómo va a ser con menos personal", expone Balaguer.

Nuevos usuarios

La reducción de plantilla también afecta a quienes buscan orientación por primera vez en estos centros. Luz Gómez, una migrante colombiana que acudió recientemente al centro social comunitario "Gastón Castelló", comparte su preocupación. "Vine a solicitar una ayuda para los libros del colegio de mi hija y, aunque no tuve problemas inmediatos, me preocupa que despidan a quienes hacen bien su trabajo. Estos servicios son cruciales, especialmente para los migrantes que necesitan una primera orientación porque no conocen el sistema", señala Gómez.

Como ella, Kateryna Kovalevska, una nueva usuaria ucraniana del centro social comunitario "Garbinet", también percibe las dificultades en la gestión. “Es la segunda vez que vengo aquí. Estoy buscando información sobre el ingreso mínimo vital porque tengo dos niños y mi salario es bajo. Sin embargo, es difícil obtener información clara, creo que despedir trabajadores solo empeorará la situación que existe", destaca Kovalevska.

Un problema estructural

El pasado martes, desde el gobierno local aseguraron que Bienestar Social "tiene listo el expediente de contratación" y lo remitirá "en las próximas horas" tanto al departamento de Recursos Humanos como, posteriormente, a Intervención. De esta forma, indicaron, «se agilizan los trámites para tenerlo todo preparado» y poder iniciar el proceso de incorporación del personal en cuanto se firme el nuevo contrato programa de la Generalitat. El gobierno local, además, confirmó que el Consell "ha garantizado al Ayuntamiento el presupuesto para contratar, como mínimo, el mismo personal del anterior contrato programa, 192 personas". 

En cambio, desde el departamento autonómico aseguraron a INFORMACIÓN que el "despido" masivo que ha tenido lugar en Alicante no debería haberse producido porque los ayuntamientos deben consolidar los puestos de trabajo financiados por el contrato programa, tal y como indica la propia Ley de Servicios Sociales. Al respecto, la conselleria que dirige Susana Camarero (PP) recuerda que los gobiernos locales tienen la confirmación de continuidad del contrato y, cuando este se apruebe finalmente, se realizará el abono del salario del personal con carácter retroactivo.

El sindicato SEP-CV denuncia el "colapso" de Bienestar Social

El Sindicato SEP-CV exige al Ayuntamiento de Alicante "explicaciones" sobre la falta de renovación del Contrato Programa, que finalizó el pasado 31 de diciembre y permitió reforzar la plantilla de Bienestar Social. Su despido, según el sindicato, ha "reducido drásticamente los recursos" para atender a los colectivos más vulnerables y ha "sobrecargado al personal" restante, afectando servicios esenciales como igualdad, infancia, adolescencia y barrios inclusivos. El sindicato reclama que se informe de las razones que han impedido al Consistorio consolidar estos puestos, conforme a la Ley de Servicios Sociales, y exige conocer las fechas previstas para la firma del nuevo contrato y la reincorporación del personal despedido.

Desde el SEP-CV subrayan que, en las alegaciones al presupuesto de 2024, ya solicitaron que se garantizara el cumplimiento de los ratios legales mediante la creación de plazas necesarias en Bienestar Social, petición que no habría sido atendida. Además, la Junta de Personal aprobó por unanimidad instar al equipo de gobierno a consolidar estos puestos, pero tampoco ha recibido respuesta del área de Recursos Humanos. El sindicato advierte que la falta de acción está poniendo en riesgo la calidad de los servicios básicos y afectando directamente a los ciudadanos más necesitados.