Un mes sin avances en la polémica por los macrodepósitos del puerto de Alicante

La instalación de los macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante, en "stand by" desde que el Tribunal Supremo avalara la concesión de la licencia ambiental a la empresa precursora de la polémica infraestructura, el pasado diciembre. El Ayuntamiento, por el momento, asegura que no llevará a cabo ningún trámite al que no esté "obligado legalmente", mientras el PSOE advierte de que cada día que pasa se incrementa la posible indemnización que habría que pagar a la mercantil por los beneficios perdidos durante estos años de batalla judicial.

Según ha señalado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, por ahora "no hay ninguna concesión por parte del Ayuntamiento". Preguntado sobre si se facilitará la licencia de oficio o se forzará una petición de ejecución de sentencia por parte de la empresa, Villar ha señalado que, como la intención del gobierno popular es "que no existan", el ejecutivo que dirige Luis Barcala, "no hará nada a lo que no obligue la ley".

Todo en el aire

En cuanto al resto de vías a explorar anunciadas por el equipo de gobierno, entre ellas la posibilidad de tramitar por separado la licencia ambiental y la de obras, el vicealcalde apunta que "se está estudiando" por parte de la asesoría jurídica de la Concejalía de Urbanismo.

Barcala sobre la decisión del Supremo: "Prefiero indemnizar a que haya macrodepósitos"

Del mismo modo, tampoco hay novedades respecto a la petición de nulidad de sentencia que el Ayuntamiento prevé reclamar tras el último pronunciamiento del Supremo, que ya inadmitió a finales del pasado año el recurso presentado por el ejecutivo municipal, dando la razón a la mercantil. "Se está trabajando en ello por parte de los Servicios Jurídicos", se ha limitado a indicar Villar.

En cuanto a las negociaciones con la empresa que el alcalde Luis Barcala no descarta una vez agotado el camino judicial, el vicealalcade reconoce que aún no se han producido conversaciones entre el Ayuntamiento y XC Business 90. El objetivo, según avanzó el propio alcalde, sería que la compañía renuncie a la polémica infraestructura o, al menos, acceda a instalarla en otro espacio de la ciudad. "Prefiero indemnizar a que haya macrodepósitos", señaló el regidor tras conocer el pronunciamiento del Supremo.

Indemnización en aumento

Una indemnización que, según recuerda el PSOE, se "engorda" a medida que pasa el tiempo. El importe que el Ayuntamiento podría tener que abonar a la empresa por los retrasos en la tramitación del proyecto ascendería hasta a cinco millones de euros anuales desde 2019.

"Pasan los días y la indemnización que hay que pagar se va a acumulando desde la primera sentencia favorable a la empresa", señala la portavoz municipal de los socialistas, Ana Barceló, quien también considera que el gobierno de Barcala "no parece que tenga ninguna intención de sentarse con la empresa" sino que "lo fía otra vez a los tribunales, con un recurso de nulidad que no tiene visos de prosperar".

La concejala del PSOE lamenta además la postura "pasiva" del alcalde alicantino a quien sostiene que "el dinero de la indemnización le da exactamente lo mismo" porque "no lo va a pagar él, sino los alicantinos". Para Barceló, "Barcala es incapaz y se pone de perfil" por lo que insiste en su ofrecimiento para reunirse con el equipo de gobierno y trabajar de forma conjunta en los próximos pasos que debe dar el Ayuntamiento si quiere frenar la instalación.

Postura del Supremo

Si el Ayuntamiento buscaba frenar la construcción de los macrodepósitos, no será con la complicidad del Supremo. El tribunal inadmitió en diciembre de 2024 el recurso presentado por el Ayuntamiento de Alicante frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que daba la razón a la promotora del controvertido proyecto en suelo portuario. Un fallo firme, contra el que no cabe ningún recurso más. 

Sin entrar en el fondo de la cuestión, el Supremo da firmeza a la sentencia del TSJ, conocida en abril del mismo año, en la que se estimó el recurso presentado por la promotora del proyecto, XC Business 90, que fue a los tribunales ante la negativa del Ayuntamiento de Alicante a conceder la licencia ambiental para la primera fase del proyecto.

Esta primera fase incluiría seis macrodepósitos en el puerto de Alicante, para mover en total hasta 112.549 metros cúbicos de hidrocarburo.