El Síndic investiga los 192 despidos en los servicios sociales de Alicante por vulnerar los derechos de la ciudadanía

El Síndic de Greuges ha abierto una investigación de oficio sobre la falta de personal en los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante, que se han quedado solo con el 20 % de su plantilla tras la conclusión del contrato programa firmado con la Generalitat para 2021-2024. El fin de este acuerdo causó 192 despidos que han dejado bajo mínimos la atención primaria de servicios sociales en Alicante, lo que deja sin "cobertura de las necesidades más básicas" a la población más vulnerable y con riesgo de exclusión social.

Eso es lo que argumenta la resolución del Síndic como motivo para iniciar la investigación. Concretamente, recuerda que la prestación de servicios sociales es una obligación compartida de las diferentes administraciones y que esta satisface necesidades básicas personales. Asimismo, la resolución cita el artículo 29 de la ley valenciana de servicios sociales, el cual establece que los municipios tienen las competencias propias en proveer los servicios de atención primaria y dotarlos de personal suficiente.

Una obligación que, sin embargo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, rechazó este martes al asegurar que el Ayuntamiento está "prestando un servicio por cuenta de la Generalitat que es una competencia impropia" y responsabilizar al gobierno autonómico de los costes del personal. Mientras tanto, desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda confirmaron la continuidad del contrato y el pago retroactivo de los salarios. El problema es que habrá que esperar unos meses a que el trámite se complete. La última vez, en 2021, la Generalitat lo aprobó en torno al mes de julio, aunque este año el Consell confía en no tardar tanto.

Listas de espera y derechos vulnerados

En medio de este debate burocrático, la atención primaria de servicios sociales en Alicante tiene listas de espera, con citas para abril y mayo. Retrasos que se mantendrán -y posiblemente se agravarán- hasta que no se resuelva la reincorporación de personal con el nuevo contrato programa, planteado esta vez hasta 2028.

En adición, desde la conselleria responsabilizaron al Ayuntamiento por no haber incorporado estos puestos de trabajo a la plantilla local, tal y como establece el decreto que regula la responsabilidad financiera compartida en la materia. Este decreto también es citado por el Síndic en su resolución, tras lo cual añade que la "falta de previsión en la continuidad en los equipos profesionales" de los servicios sociales de Alicante afecta directamente al acceso universal de las personas más necesitadas a estas prestaciones.

Solicitud de aclaraciones

Es por ello que el Síndic de Greuges ha solicitado, en el marco de su investigación, aclaraciones al Ayuntamiento de Alicante sobre los 192 despidos e información sobre las demoras existentes en el servicio. Igualmente, el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana también ha exigido conocer si el Consistorio solicitó algún tipo de apoyo a la conselleria para evitar el cese de trabajadores y cuántos de ellos fueron incorporados a la plantilla municipal desde que se suscribió el contrato programa 2021-2024.

En el mismo sentido, también preguntó a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda si fue informada al respecto por el Ayuntamiento y si este último fue también puesto al tanto de la continuidad del contrato -extremo ya confirmado por fuentes de la conselleria-. Finalmente, el Síndic quiere conocer las medidas que valora la administración autonómica para revertir el problema causado.