Protestas en Alicante por condiciones laborales "nefastas" en residencias de mayores

CCOO y UGT han celebrado concentraciones en Alicante, Valencia y Castellón a las puertas de las residencias de Ballesol, para denunciar la situación de las trabajadoras y trabajadores de los centros privados de personas mayores. Lamentan "condiciones laborales nefastas".

Después de un largo año de espera para iniciar las negociaciones, según un comunicado conjunto de los dos sindicatos, la patronal ha propuesto un aumento salarial claramente insuficiente, teniendo en cuenta la precaria situación de este sector que no reconoce la labor de las personas trabajadoras que cuidan de nuestros mayores.

Advierten de que el salario de una gerocultora, según la última tabla salarial vigente en su convenio colectivo de 2023, es de 1.112,30 euros, a lo que se suman 23’13 euros mensuales por estar disponible para ser llamada en cualquier momento, 20’82 euros por trabajar en domingos o festivos, y 19’17 € por noche. Mientras que una auxiliar de enfermería en el sector público en ese mismo año cobró un sueldo de 1.512.15 €, por cada domingo o festivo 39,45 € y por cada noche 35,10 €. Lamentan que la diferencia salarial es "muy considerable realizando las mismas tareas y con menos ratios de personal".

Problemas de salud

Asimismo, los representantes de los trabajadores aseguran que el personal de este ámbito se "enfrentan sobrecargas de trabajo físicas, psicológicas y emocionales, lo que se traduce en trastornos músculo-esqueléticos y otros problemas de salud derivados de la alta carga laboral".

El sector, altamente feminizado, demostró su labor esencial durante la pandemia, pero tras los aplausos y reconocimientos públicos, "ha sido olvidado y continúa siendo desvalorizado", critican desde CC OO y UGT, que reivindican que se reconozca su labor no solo a través de palabras, sino también con un ajuste salarial y mejoras en las condiciones laborales que reflejen su verdadero valor.

CCOO y UGT exigen una mejora significativa de estas condiciones, "pues las trabajadoras y trabajadores de las residencias privadas de mayores merecen un trato justo, digno y acorde con la labor que desempeñan y las personas usuarias también merecen una mejor atención", concluye el comunicado.