El conflicto por los servicios sociales de Alicante: de las competencias a los desajustes de salario

La caducidad del contrato programa 2021-2024 de la Generalitat ha resucitado un viejo fantasma en el Ayuntamiento de Alicante: el «despido» masivo de trabajadores de los Servicios Sociales, que este enero se ha traducido en la salida de 192 empleados públicos, lo que representa en torno a un 80 % de la plantilla.

Este convenio, diseñado por el gobierno de la Generalitat en tiempos del Botànic, se firma desde el año 2021 entre el Consell y las entidades locales con el objetivo de coordinar y financiar la atención primaria de Servicios Sociales. De esta forma, es la administración autonómica la que asume (al menos en parte) el coste del personal y los ayuntamientos se ocupan de su contratación y de gestionar el servicio. Hasta entonces, la subvención se concedía de forma anual, lo que provocaba «despidos» cada mes de diciembre hasta que estuviese listo el nuevo expediente, que podía demorarse varios meses. Por este motivo se apostó por convertir el convenio en un acuerdo plurianual.

La figura del contrato programa se complementa además con la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana. En ella, se indica la ratio de profesionales por habitante que deben cumplir las entidades locales. En el caso de municipios de más de 100.000 residentes, como Alicante, se fija en un funcionario cada 3.000 vecinos. Para cumplir con este requisito, la normativa determina que los ayuntamientos deben «conseguir la continuidad y la calidad en la prestación de los servicios» mediante «la estabilidad laboral de las personas profesionales». Es decir, emplaza a los gobiernos locales a incorporar a sus plantillas a los profesionales necesarios para ajustarse a la ratio correspondiente. Algo que, en el caso de Alicante no ha sucedido. 

"Desajustes de salario"

Desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Alicante aseguran que la ley autonómica «supone un refuerzo importante para los Servicios Sociales» aunque, por otro lado, «entra en algunas contradicciones». En este sentido, señalan que se produce un «desajuste» entre el salario que contempla la Generalitat y el que se recoge en las tablas salariales de los ayuntamientos, que es superior. Por ello, el importe de la subvención no logra cubrir el 100 % de la masa salarial, obligando a las arcas municipales a asumir el importe restante. Un «sobrecoste» que, en el caso de Alicante, se traduce en casi 4 millones de euros más. 

De forma distinta lo ve José Conrado Moya, experto en políticas sociales y funcionario de la conselleria durante más de 40 años, ahora jubilado. El profesional sostiene que «no hay debate posible sobre las competencias porque la ley autonómica y la ley nacional lo dejan muy claro: es responsabilidad de los ayuntamientos». Sobre el conflicto por los contratos laborales, Moya indica que «si no es posible incluir al personal en la Relación de Puestos de Trabajo hay que consolidar a los interinos».

«Se firmó el contrato programa para evitar el problema de las subvenciones anuales, pero algunos ayuntamientos no han hecho los deberes. Es importante abogar por la estabilidad de los profesionales para poder garantizar un buen servicio a los usuarios», considera el extrabajador.

Explicación de las administraciones

Por su parte, en el gobierno local apuntan que «el Ayuntamiento ha agilizado en lo posible y en el marco de sus competencias la elaboración y tramitación del expediente de contratación». La concejala de Derechos Públicos, Begoña León, apunta que «se inició su tramitación en cuanto se tuvo la certificación presupuestaria por parte de la Generalitat, tal y como exige Intervención», por lo que «en cuanto el interventor le dé el visto bueno, se iniciarán las correspondientes contrataciones». Una recuperación de la plantilla que León asegura que se producirá «rápidamente».

No obstante, desde la Generalitat apuntaron que la salida de profesionales «no debería» haberse producido porque los ayuntamientos «deben consolidar los puestos de servicios sociales tal y como indica la propia Ley de Servicios Sociales». Unas plazas que, en Alicante, no han salido a concurso en los tres años que ha estado en vigor el último contrato programa.

Respecto al nuevo convenio, el departamento autonómico que dirige Susana Camarero recuerda que se está trabajando para que esté listo lo antes posible. Mientras, según fuentes consultadas por INFORMACIÓN, la lista de espera en Alicante ya se extiende hasta el mes de mayo.

El PSOE pide presupuesto en el pleno

El problema con el contrato programa llegará la próxima semana al pleno de Alicante. El PSOE planteará una iniciativa en la sesión del próximo jueves, 30 de enero, para reclamar al Ayuntamiento que incluya en los próximos presupuestos la partida necesaria para sufragar el gasto del personal de Servicios Sociales mientras se completa la firma del contrato programa. Además, los socialistas reclamarán «con carácter de urgencia» reincorporar al personal despedido, utilizando las bolsas de empleo ya existentes para garantizar la continuidad en la atención a la ciudadanía.

La iniciativa del grupo municipal del PSOE, que se debatirá en forma de declaración institucional, también incluye peticiones para la Generalitat Valenciana. En concreto los socialistas plantean derogar el título IV de la ley de simplificación administrativa «evitando la privatización y priorizando la gestión directa». Por otro lado, reclaman igualmente «mantener las ratios de personal pactadas», así como «ejecutar la homologación salarial» de las personas trabajadoras.