El Ayuntamiento de Alicante pide la nulidad de la sentencia de los macrodepósitos en el puerto

El gobierno local reclama al TSJ que dé marcha atrás en el fallo por el que acordaba conceder licencia ambiental por silencio administrativo a la empresa impulsora de la polémica instalación

Vista aérea de la zona donde pretenden ubicar los macrodepósitos del puerto de Alicante.

Vista aérea de la zona donde pretenden ubicar los macrodepósitos del puerto de Alicante. / Rafa Arjones

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante registra ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la petición de nulidad de la sentencia sobre los macrodepósitos del puerto. El fallo del tribunal autonómico, respaldado después por el Supremo, acordaba conceder licencia ambiental al proyecto por silencio administrativo del gobierno local. Una decisión que el ejecutivo que dirige Luis Barcala pretende revertir.

La petición, anunciada por el propio alcalde nada más conocerse el fallo del Alto Tribunal, busca dejar sin efecto la última sentencia del TSJ, en la que se daba la razón a XC Business 90, la empresa precursora de la polémica instalación. Un movimiento con el que, pese a que no se paralizan los trámites para dicha concesión, el Ayuntamiento trata de agotar al máximo sus posibilidades dentro de la vía judicial mientras gana tiempo para una posible negociación con la mercantil. En cuanto al contenido y la motivación de la petición, fuentes municipales han señalado que se dará a conocer una vez que el TSJ haya recibido adecuadamente la comunicación, por respeto al procedimiento.

Batalla judicial

Esta solicitud supone un capítulo más en la ya densa historia del conflicto por los macrodepósitos en el puerto de Alicante. Pese a que la empresa solicitó el permiso para ejercer la actividad en el año 2013, no fue hasta 2019 cuando el Ayuntamiento comunicó a la mercantil que no tenía previsto concederle la licencia de obras para levantar los citados tanques de combustible. Finalmente, el asunto acabó en los tribunales en 2021, cuando la compañía reclamó la concesión de la licencia por silencio administrativo.

En un primer momento, el magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante dio la razón a los servicios jurídicos municipales. El juez rechazaba entonces que la licencia estuviera concedida por silencio administrativo e incidía en que la tramitación seguía incompleta. XC Business 90 elevó la cuestión al TSJ, que tuvo un criterio diferente al del juzgado alicantino: en una sentencia de abril de 2024, el tribunal autonómico no apreció «obstáculo para la obtención del silencio administrativo positivo de la licencia de actividad». 

Fue en esa ocasión el Ayuntamiento el que trasladó la batalla judicial al Supremo, con un recurso de casación en el que pedía al Alto Tribunal que dejara sin efecto la decisión del TSJ. Lejos de ello, la petición municipal no fue admitida a trámite, ratificando así la postura del tribunal autonómico. Tras ello, el alcalde Barcala anunció la petición de nulidad presentada ahora y abrió (más que nunca) la puerta a la negociación: "Prefiero indemnizar a que haya macrodepósitos", señaló entonces el regidor con rotundidad.

Negociación e indemnización

Pese a que la postura del ejecutivo local pasa por indemnizar antes que ceder a la instalación de los tanques de combustible, esas negociaciones que se dejaban entrever en el mes de diciembre aún no se han iniciado. El equipo de gobierno ha asegurado en diferentes ocasiones que, por el momento, no ha tenido lugar ningún encuentro con representantes de XC Business 90 para estudiar una posible compensación económica a cambio de que la mercantil renuncie al polémico proyecto, que cuenta con un rechazo unánime de la clase política, los vecinos y los colectivos sociales.

En cuanto a la indemnización, la empresa ya solicitó un informe en el año 2021 en el que concluyó que podría exigir una compensación de unos cinco millones de euros. Una cantidad calculada suponiendo que la resolución del TSJ se hubiese aplicado de manera inmediata, pero que podría incrementarse en torno a otros cuatro millones por año si el conflicto continúa prorrogándose en el tiempo.

Mientras, y pese a que la decisión del tribunal autonómico fue ratificada por el Supremo, el Ayuntamiento aún no ha concedido de oficio la licencia ambiental a la que le obliga la sentencia. "El Ayuntamiento no va a hacer nada a lo que no se nos obliga judicialmente", señaló recientemente el vicealcalde, Manuel Villar, preguntado sobre si forzarán a la empresa a pedir una ejecución de sentencia.

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