De subvenciones "a dedo" a préstamos innecesarios: las críticas del interventor a las cuentas de Alicante

Nuevo año, pero mismas recetas. El interventor municipal, Francisco Guardiola, vuelve a afear al equipo de gobierno de Luis Barcala las prácticas que ya criticó en su informe sobre el presupuesto de 2024, las cuales no han sido atendidas por el ejecutivo popular. Principalmente, el alto funcionario señala que el Ayuntamiento no tiene necesidad de endeudarse a través de préstamos privados (cuatro desde que Barcala es alcalde de la ciudad) y que se conceden subvenciones «a dedo» que tendrían que salir a concurso público. Además, Guardiola centra el foco en la reducción del porcentaje de interinos en la plantilla municipal y alerta de que la falta de algunos proyectos en el borrador de las cuentas podría suponer la pérdida de ayudas europeas. 

En el documento, el interventor señala que «de las dos últimas operaciones de préstamo concertadas en los ejercicios de 2023 y 2024 no se ha dispuesto cantidad alguna». Dos créditos de 9,7 y 48 millones de euros, respectivamente, que siguen intactos. Por ello, el funcionario señala que el Ayuntamiento «tiene recursos suficientes para la realización de estos gastos sin necesidad de acudir al endeudamiento». El ejecutivo de Barcala, sin embargo, recurre a esta fórmula para «escapar» de la regla de gasto del Gobierno de España, pero también para compensar la baja ejecución presupuestaria y la aprobación tardía de las cuentas anuales. A pesar de los reparos planteados por Guardiola y de que las inversiones se han reducido a la mitad en el presupuesto para este 2025, el equipo de gobierno popular ha incluido un nuevo crédito bancario de 4,8 millones de euros.

El presupuesto de Alicante para 2025: primer recorte en ocho años con la mitad de inversiones

Además, el informe apunta que los intereses que tendrán que abonar las arcas municipales durante este año serán de más de un millón de euros, pese a que no ve necesaria la financiación privada. Junto a ese pago, está prevista una partida de 78.000 euros para «los intereses a pagar como consecuencia del incumplimiento de obligaciones» por parte del ejecutivo local, una cuantía «insuficiente para atender la totalidad de las obligaciones que se pueden generar», teniendo en cuenta lo ocurrido en años previos.

Cruz Roja y Hogueras

En el apartado de las subvenciones nominativas, aquellas que se entregan sin concurso público, el alto funcionario destaca que «se incluye una por importe de 80.000 euros a favor de Cruz Roja Española», a través de un convenio para «la actuación en emergencias y catástrofes». Sin embargo, Guardiola considera "insuficiente" la justificación otorgada por el Ayuntamiento para salvar el trámite de anunciar el servicio para que puedan presentarse otras empresas «es insuficiente», por lo que indica que «podría tratarse de un contrato a licitar». 

En el caso de las Hogueras, el problema es otro. La reducción de la partida para «subvenciones a entidades festeras», que se recorta en un 22 % respecto a 2024, deja el presupuesto por debajo de las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento. Esta circunstancia, según se detalla en la redacción, ocasionará que estas ayudas «deberán reducirse o, en su caso, suplementar la partida siempre que sea posible». 

A la hora de detallar las inversiones, Guardiola advierte de que «no se ha consignado el gasto aprobado en noviembre de 2024 para el suministro de maquinaria» destinada a la fracción orgánica recogida separadamente en el vertedero de Alicante. Un contrato que está parcialmente financiado por la Unión Europea a través del programa NextGeneration UE y que, al quedarse fuera del presupuesto, no se podrá adjudicar, poniendo en riesgo la subvención.  

Menos interinos

En cuanto a los gastos de personal, en el texto se aprecia que las plazas de funcionario ocupadas por personal interino representan un 14,27 % y las vacantes un 14,59 %. Con esos datos, y pese a que se ha reducido el porcentaje de interinos en un 29 %, el interventor aprecia que «el Ayuntamiento debería continuar reduciendo esa tasa» para situarse por debajo del 8 % que marca la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo púbico.

El Consell señala al gobierno de Barcala por los 192 despidos en los Servicios Sociales de Alicante

Por otro lado, el interventor también se pronuncia sobre la situación de los Servicios Sociales, donde 192 trabajadores de la concejalía dejaron su puesto el pasado 31 de diciembre al caducar su contrato sin presupuesto disponible para su renovación. Este servicio se financia mediante el contrato programa, un acuerdo entre la Generalitat y el Ayuntamiento por el que la administración autonómica financia personal municipal de Servicios Sociales. Para el funcionario, los presupuestos contemplan una transferencia del Consell de unos 10 millones de euros, mientras que se estima que el sueldo de la plantilla costará en torno a 17 millones. 

Este desajuste supondrá «un déficit a financiar por el Ayuntamiento» que supera en un 35 % al de 2024. Por este motivo, pese a que el informe hace constar que «en ningún caso se cuestiona la prestación de servicios», sí matiza que podría suponer que el gobierno local asuma «funciones competencia de la administración autonómica», considerando necesaria «la clarificación y transparencia en las cuestiones indicadas».