Barcala defiende las medidas contra el ruido en Alicante aunque abre la puerta a modificaciones
El alcalde considera una buena señal que las restricciones no contenten ni a vecinos ni a hosteleros mientras asegura que estudiará las alegaciones que se presenten a la normativa

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"Vamos por el buen camino. Si ninguno ve totalmente satisfechas sus pretensiones es que podemos estar en ese equilibrio que es lo que perseguimos". Así responde el alcalde de Alicante, Luis Barcala, a las críticas de vecinos y hosteleros por las recién aprobadas restricciones al ocio nocturno en Castaños y el Casco Antiguo. Los residentes lamentan que las medidas "se quedan cortas" mientras los empresarios las tildan de "ataque frontal" al sector.
Para el dirigente popular, ese descontento general con las nuevas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) es indicativo de que la propuesta del equipo de gobierno avanza en conseguir el "equilibrio" entre los intereses comerciales de los propietarios de los establecimientos y el derecho al descanso de los vecinos de la zona.
Posibles cambios en la normativa
No obstante, pese a que Barcala defiende las medidas anunciadas por su gobierno, abre la puerta a introducir cambios en el proceso de alegaciones que se extenderá durante treinta días una vez que se publiquen las condiciones de ambas ZAS en el Boletín Oficial de la Provincia.
"Ahora hay que esperar a las alegaciones de unos y otros, que vamos a estudiar con muchísimo cariño. Si hay propuestas que realmente están justificadas no tenemos ningún inconveniente en estudiarlas ni en incorporarlas", ha señalado el dirigente popular este jueves.
Recurso judicial
Por el momento, y hasta que se resuelvan dichas alegaciones, el alcalde descarta realizar más declaraciones al respecto: "Estamos ahora mismo en esa fase y ya nos pronunciaremos más allá de las ZAS cuando hayamos completado el procedimiento", ha defendido.
En ese sentido, tanto los vecinos del Centro Tradicional como la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa) ya han anunciado que plantearán sus peticiones. De hecho, desde Alroa incluso han advertido de que irán más allá y pondrán el asunto en manos de la Justicia: presentarán un recurso Contencioso-Administrativo que incluirá la petición de medidas cautelares con el objetivo de frenar la implantación de la normativa.
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