Una veintena de entidades vecinales denuncian el colapso de los servicios sociales de Alicante tras el despido de personal

Una veintena de asociaciones vecinales y ciudadanas de Alicante han denunciado la "actuación negligente" del Ayuntamiento de Alicante tras el despido de 192 trabajadores de este ámbito tras la finalización este mes de enero del contrato programa suscrito con la Generalitat Valenciana en 2021. Las asociaciones advierten, a través de un comunicado, que esta situación está provocando un deterioro en la atención social de la ciudad y una situación de extrema vulnerabilidad para muchos de los vecinos que representan y que dependen de estos servicios.

Consecuencias

La consecuencia de esta "nefasta gestión", según denuncian, es la desatención de los sectores más frágiles de la población, incluyendo personas mayores, dependientes, con discapacidad o enfermedad mental, en exclusión social, con graves carencias económicas o de vivienda, y aquellas en situación de emergencia. Todas ellas, afirman, requieren la cobertura de servicios sociales ágiles y eficientes, pero en cambio denuncian que se enfrentan a graves retrasos en las citas, valoraciones y visitas necesarias para tramitar expedientes de dependencia, así como dificultades en la tramitación de prestaciones para cubrir necesidades básicas.

Este problema se agrava por el hecho de que los trabajadores despedidos llevaban varios años desempeñando sus funciones en la atención a los usuarios de los servicios sociales básicos, según denuncian esta veintena de colectivos ciudadanos. Su ausencia habría generado una sobrecarga de trabajo en el 20 % de la plantilla que permanece en sus puestos, conformada por trabajadoras sociales y otros profesionales que, según denuncian, se encuentran "saturados y desbordados" en su esfuerzo por atender a las personas que urgentemente lo necesitan.

Exigencias

Las entidades vecinales firmantes acusan al Ayuntamiento de Alicante de incumplir con la Ley de Servicios Sociales, que establece la obligación de los municipios de garantizar una atención social básica adecuada. Critican la "desfachatez" del alcalde por intentar derivar la responsabilidad del conflicto a la Generalitat, generando confusión entre la ciudadanía.

"Los servicios sociales son el tercer pilar del estado del bienestar, pero para el Ayuntamiento de Alicante no son una prioridad", denuncian las asociaciones. Por ello, exigen la contratación inmediata del personal necesario para cubrir el 100 % de la plantilla y la estabilización de los profesionales del nuevo contrato programa, para evitar perjuicios en la atención social a la ciudadanía.

Entidades firmantes

Entre las asociaciones firmantes de esta denuncia se encuentran AVV Alipark y adyacentes, AVV Barrio del Pla, AVV Benalúa El Templete, AVV Carolinas Bajas Les Palmeretes, AVV Colonia Requena, AVV Divina Pastora, AVV Gran Vía Sur Puerto, AVV Nou Moralet, AVV Parque de las Avenidas Garbinet, AVV Parque del Mar, AVV San Antón, AVV Virgen del Remedio, Movimiento por Benalúa, Alicante Entiende LGTBI, Coordinadora Alicante Limpia, Entrepobles, Federación de Asociaciones de Vecinos del Sur de Alicante, Mesa Comunitaria Zona Norte, HOAC Ciudad de Alicante, Solidaridad Internacional País Valenciano-SIPV, Plataforma contra la Pobreza, Exclusión y Desigualdad Social en Alicante, Unir Alacant, Punto de Información Derechos Sociales Les Palmeretes y la Asociación de Cantautores de Alicante La Explanada.

Situación en Alicante

El problema comenzó con la extinción del Contrato Programa el 31 de diciembre de 2024. Dicho acuerdo, vigente desde 2021, permitió reforzar la atención social. Sin embargo, su finalización derivó en el despido de 192 empleados y un notable aumento de las listas de espera. El Ayuntamiento aprobó recientemente la reincorporación de 173 profesionales mediante una fórmula provisional con la Conselleria de Servicios Sociales. Esta solución, sin embargo, llega con retraso y con una reducción de personal respecto al contrato anterior. Además, los puestos dependen de subvenciones autonómicas hasta diciembre de 2025, generando incertidumbre sobre su estabilidad.

Asimismo, el nuevo contrato reduce el número de trabajadores en varias áreas: los trabajadores sociales bajan de 61 a 50, los psicólogos de 15 a 12, los asesores jurídicos de 10 a 8 y el personal administrativo de 47 a 45. Los educadores sociales también se reducen de 19 a 18, mientras que los monitores de ocio mantienen ocho plazas con jornadas al 50 %.

El presupuesto total para estos trabajadores asciende a 7,1 millones de euros, financiados por la Generalitat a través de subvenciones. No obstante, la continuidad del programa más allá de 2025 dependerá de la disponibilidad presupuestaria del Consell.