Compromís también pide al TSJ la suspensión cautelar de la consulta de la lengua

La consulta de la lengua para que las familias elijan entre el valenciano o el castellano acumula otro recurso judicial. Compromís también ha presentado un contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para tratar de paralizar las votaciones que arrancarán la próxima semana (entre el 25 de febrero y el 4 de marzo). Se suma a los que ya han interpuesto UGT y Acció Cultural, este último desestimado.

El recurso de la formación valencianista ha sido firmado por representantes de la coalición con hijas e hijos en edad escolar. Son diputadas y diputados de Las Cortes, del Congreso, de las Diputaciones y regidoras y regidores de Castellón, València y Elche. “Formamos parte de las 570.000 familias afectadas por este referéndum sin ninguna base pedagógica, que solo aspira a crear crispación y marginar el valenciano en las aulas”, han asegurado desde la coalición.

El síndico de Compromís, Joan Baldoví también ha advertido de que en las zonas castellanohablantes "está directamente prohibido aprender en valenciano y en las zonas valencianohablantes, no nos aseguran que nuestros hijos e hijas estudien en la lengua que hemos elegido”.

Lo han explicitado con el lema “Pels nostres fills i filles, sí al valencià” y han hecho énfasis en que “celebrar la consulta en el mes de marzo implicará generar el caos burocrático en los centros, dado que es demasiado tarde y colapsará el proceso de admisión y matriculación. Estamos convencidos que la consulta es una cortina de humo más para intentar desviar la atención de las negligencias de Mazón y el conseller de Educación por la dana”.

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¿Qué dice el recurso?

Los representantes de Compromís han pedido medidas cautelarísimas y cautelares ante la Orden de consulta. “Lo presentamos a título individual las familias, las madres y padres de Compromís, que tenemos representación en las instituciones y por tanto somos personas usuarias de la escuela pública y de la enseñanza en valenciano y esto nos legitima para presentar este recurso”, ha detallado Gerard Fullana, portavoz de Educación en Las Cortes.

Según el diputado de Educación de Compromís, “hay cuestiones formales como la imposibilidad de conjugar este proceso de consulta con la matriculación de forma normal, porque como todo en este gobierno, se ha presentado tarde y mal. También explicamos cómo se obliga a las familias a participar solo de forma telemática y no presencial, y es un elemento importante con jurisprudencia suficiente. Otro aspecto importante es que la Orden no cuenta con memoria económica, y esto es un motivo de nulidad”.

En cuanto a los motivos de fondos, según Gerard Fullana, los principales “se basan en que se obliga al alumnado de las zonas castellanohablantes a no estudiar en valenciano y después hay una falsa libertad, a centenares de miles de familias se las obligará a estudiar en una opción no elegida, con un agravante: no hay ninguna justificación pedagógica para esta cuestión”.

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Bajo la lupa del Tribunal Constitucional

El Consell Jurídic Consultiu, en su dictamen sobre la Orden de consulta, realiza una decena de observaciones, dos de las cuales esenciales. Hay que recordar que ante observaciones esenciales del CJC, la administración está obligada a poner solución y en este caso el departamento de José Antonio Rovira ha publicado la Orden sin haber modificado estas dos observaciones graves: que no se garantiza a cada familia la lengua por la cual voto y que el procedimiento únicamente telemático es ilegal, según ha informado Compromís.

Finalmente, hay que recordar que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad de Compromís frente a la Ley de Libertad Educativa aprobada por PP y VOX. El alto tribunal investiga incumplimientos de 28 artículos de leyes de rango superiores como la LOE, el Estatuto de Autonomía y la Constitución, según la formación valencianista.