La solución judicial si hay disputa en la consulta de la lengua en parejas separadas puede demorarse un mes

El tiempo que un juzgado tardaría en acordar qué progenitor decide entre valenciano y castellano excedería el marcado para la consulta

Imagen del interior del local donde se encuentran dos de  los tres juzgados  de Familia de Alicante.

Imagen del interior del local donde se encuentran dos de los tres juzgados de Familia de Alicante. / Pilar Cortés

J. A. Martínez

J. A. Martínez

En el caso de familias separadas donde no haya acuerdo en la consulta sobre el valenciano en la enseñanza, será un juez quien tenga que decidir cuál de los dos progenitores se pronuncia. Así lo establecen las bases de la convocatoria, aunque se enfrentan al problema de que la solución judicial para resolver estos conflictos puede demorarse más de un mes. Al menos es el tiempo que tardaría uno de los tres juzgados de Familia que tiene el partido judicial de Alicante en resolver el conflicto, un plazo que excede el establecido en la propia consulta, ya que el último día para votar es el 4 de marzo. Y aun así, la resolución no sería firme y cabría la posibilidad de presentar un recurso ante la Audiencia Provincial. De todos modos se trata de uno de los procedimientos que más rápido se resuelven.

La fórmula elegida por la Conselleria de Educación no es ajena para los juzgados de Familia de Alicante, que reciben numerosas peticiones por otras desavenencias de la pareja en aspectos relacionados con la custodia de los hijos. Un viaje al extranjero, un cambio de centro educativo o incluso tratamientos médicos son algunas de las cuestiones que las familias separadas con posturas irreconciliables suelen poner bajo la decisión del juez. Por ejemplo, durante la pandemia, no faltaron parejas enfrentadas sobre la vacunación de sus hijos.

Las fuentes consultadas en el Palacio de Justicia de Benalúa señalaron que todavía no había constancia de casos de parejas enfrentadas por el voto en la consulta de la lengua y que quieran elegir entre valenciano y castellano. Sin embargo, matizaron que todavía era temprano y no descartaron que aún pudiera llegar alguna en las próximas semanas. Se trata de una cuestión sobre la que hasta los propios jueces de Familia desconocían que tendrían que intervenir hasta que se han conocido las bases de la consulta. 

Jurisdicción voluntaria por desacuerdo en patria potestad

Las mismas fuentes explicaron que se trata de un expediente de jurisdicción voluntaria por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad. Es un procedimiento que puede ser planteado por los progenitores sin necesidad de abogado ni procurador. Para resolver se celebraría una vista con la asistencia del fiscal y en la que también tendría que declarar el menor si tiene más de doce años. Los dos progenitores serán citados a una vista con al menos quince días de antelación, donde cada uno deberá acudir con los medios de prueba de los que quiera valerse, según marca el protocolo establecido en el Palacio de Justicia. 

En el procedimiento se partirá de la base de que existe un desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad y, por tanto, será el juez quien decida a cuál de los dos progenitores da la razón. Según las fuentes consultadas por este diario, el criterio para resolver en el caso de la consulta sobre el valenciano dependería de la historia familiar, como si alguno de los progenitores es valenciano parlante, o si con anterioridad han adoptado alguna decisión al respecto. En definitiva, decidir a cuál de los dos progenitores da la facultad de decisión.

En el caso de que la resolución no llegue antes de que se celebre la consulta, Gracia Carrión, abogada especialista en derecho de Familia y miembro de la junta de gobierno del ICALI, apuntó que, provisionalmente, podrían contabilizarse los votos por separado de cada progenitor, a la espera de que posteriormente el juzgado decida cuál de los dos es el válido. La polémica está servida.

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