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El PP y Vox ratifican el cambio urbanístico que avalará el nuevo hospital privado de Alicante

La modificación puntual del Plan Parcial de la zona, pensada para dar encaje a la instalación sanitaria en construcción, saldrá a exposición pública gracias a los votos de populares y ultras

Imed retoma las obras del hospital en Alicante

Imed retoma las obras del hospital en Alicante / Héctor Fuentes

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Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

De nada ha servido el intento del PSOE (con amenaza judicial incluida) de impedir que avanzasen los trámites urbanísticos para regularizar las obras del hospital privado que se construye actualmente en Vistahermosa Norte. Los votos del PP y de Vox han constatado el impulso a la modificación del Plan Parcial de la zona, que ahora saldrá a exposición pública.

En la práctica, el trámite que ahora avanza permitirá cambiar de uso la parcela en la que se ubica la instalación sanitaria, pasando de suelo residencial a terciario especial, además de incrementar las alturas máximas construibles hasta las cuatro plantas, las mismas con las que ya cuenta la edificación. 

Al comienzo de la sesión plenaria de este jueves, el grupo socialista ha reclamado retirar del orden del día el sometimiento a exposición pública del cambio urbanístico. Una decisión que el PSOE ha amenazado con llevar ante la Justicia al entender que se trata de «un trato de favor y un traje a medida» para la mercantil precursora del proyecto, a la que el Ayuntamiento llegó a paralizar las obras tras «detectar irregularidades».

Sin freno al cambio urbanístico

La petición del PSOE, registrada un día antes del pleno, ha sido rechazada por el PP y Vox, los mismos grupos que aprobaron la modificación en la Comisión de Urbanismo de la pasada semana. «El expediente está completo y es legal», ha asegurado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, quien ha argumentado igualmente que los cambios urbanísticos se están tramitando «conforme a la legalidad vigente» y que ello no es incompatible con que se esté trabajando a su vez en un expediente sancionador a la mercantil, cuyo importe avanza como «histórico» el ejecutivo local. Una sanción que, en los pasillos del Ayuntamiento, se augura que podría rondar entre el millón y los dos millones de euros.

Pese a los argumentos esgrimidos por el PP y Vox, donde los ultras aseguran que «todo es perfectamente legal», la líder de los socialistas en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha sostenido que lo que se pretende es «legalizar unas obras ilegales», por lo que, lejos de responder al interés general, «es un claro caso de urbanismo a la carta». 

"Es lógico que exista sospecha"

En la misma línea, la concejala de Compromís Sara Llobell ha afeado que, desde el ejecutivo que dirige Luis Barcala, «no se facilita ningún expediente administrativo», por lo que ha reclamado que se entregue copia de la documentación, algo que rechazan desde el equipo de gobierno. «No nos parece muy normal el funcionamiento de esta administración. Es lógico que exista sospecha y desconfianza hacia la labor de este equipo de gobierno», ha concluido Llobell.

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha coincidido con Llobell y ha recordado que «durante meses se ha prohibido o se ha dificultado acceder a expedientes». Además, Copé ha profundizado en la sombra de la sospecha que se cierne sobre el expediente: «Nos piden legalizar una ilegalidad que se ha cometido, la de construir dos plantas más de las permitidas», ha apuntado el de EU-Podemos.

Más plantas de las permitidas

Las obras, que levantaron dos alturas más de las permitidas en la licencia municipal, se llevan a cabo sobre suelo catalogado según los técnicos municipales como "de uso residencial (vivienda unifamiliar)", un condicionante que, con este cambio, pretende sustituirse por el de uso terciario especial, es decir, enfocado a los servicios.

El pasado mes de julio, cuando el edificio ya contaba con cuatro alturas consolidadas, el ejecutivo municipal advirtió a la mercantil MPT S. L. Alicante, quien solicitó la licencia, de las anomalías detectadas las obras, que ya llevaban más de un año y medio en marcha. El equipo de gobierno apreció que lo construido no se ajustaba a la autorización municipal debido a que la estructura, totalmente completada, cuenta con cuatro plantas (al margen de sótanos), mientras que la licencia de la obra, de noviembre de 2022, solo permitía dos alturas.

En ese momento, tras paralizar las obras (ya retomadas tras el visto bueno de la justicia) el Ayuntamiento inició dos expedientes: uno sancionador (del que aún no se ha dado conocer el importe de la multa) y otro de restauración de la legalidad. Paralelamente, y pese a haber constatado "la irregularidad" en las obras, el ejecutivo municipal ha avanzado en al modificación del Plan Parcial que avalará la construcción.

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