La violencia sexual copa un tercio de los juicios de la Audiencia de Alicante

Una agresión sexual de un hombre hacia su expareja de la que tenía una orden de alejamiento, otra violación en los baños de una discoteca, otro caso de abusos a un menor de edad o a una persona con discapacidad por una persona de su entorno. Estos son algunos de los casos con los que pueden enfrentarse a lo largo de una semana normal de trabajo los magistrados de la Audiencia Provincial de Alicante. Los casos de violencia sexual suponen ya casi una tercera parte de los juicios que se celebran a lo largo de un año en las secciones penales de esta sede judicial. En la Audiencia Provincial se celebraron a lo largo del año pasado un total de 167 juicios por delitos sexuales frente a un total de 480 vistas en cada una de sus secciones penales. Estas cifras suponen que una tercera parte de los juicios celebrados en la Audiencia estaban centrados en delito sexuales.

Los diez juzgados de Malos Tratos de Alicante alertan del riesgo de colapso por asumir los delitos sexuales

A lo largo de los últimos diez años, las cifras de denuncias han ido creciendo, situando a la provincia en cerca de un millar de denuncias anuales. A lo largo del pasado, 2024 por los juzgados de instrucción de la provincia se registraron un total de 888 procedimientos por delitos sexuales. Alicante y Elche fueron las zonas donde mayor número de denuncias se presentaron, 339 y 188 respectivamente. En un municipio como Benidorm donde el ocio nocturno está muy presente y su población crece por efecto del turismo en la temporada alta, se contabilizaron un total de 89 procedimientos, cifra muy similar a la que se tramitaron en los juzgados de otra localidad turística como es Torrevieja. Cerón explicó que estos casos no tienen por qué coincidir con el total de juicios celebrados, ya que algunos se enviaron a juzgados de lo Penal por pedirse penas inferiores, cifra que en el informe recogido no se ha contabilizado. 

Los datos han sido recopilados por el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, para justificar ante el Consejo General del Poder Judicial una modificación en el reparto de trabajo entre las secciones penales de este órgano judicial de tal manera que la Sección Primera sea la que se especialice de manera exclusiva y excluyente de todos los asuntos relativos a violencia de género y violencia sexual. «Las cifras demuestran que hay un volumen suficiente de trabajo para justificar esta especialización», explicó a este diario Cerón. De prosperar sería el primer órgano especializado en la provincia en enjuiciar la violencia machista.

Desde la aprobación de la Ley de Violencia sobre la Mujer, la Sección Primera había asumido los casos de agresiones machistas, pero lo compaginaban con otras causas penales. En los últimos años, se ha intentado crear juzgados de lo Penal especializados en resolver los casos de toda la provincia, pero no habían podido ponerse en marcha porque no daban los números. El volumen de denuncias era demasiado elevado y eran necesarios más órganos. 

167 vistas orales

La Audiencia de Alicante tiene contabilizados un total de 167 juicios por delitos sexuales durante el pasado año 2024. Con una media de cerca de 40 procesos por cada sección penal, tanto en las de Alicante como las de Elche. La mitad de ellas son sumarios, es decir juicios donde se piden penas de prisión elevadas, lo que evidencia que se trataría de delitos graves. Por este motivo, el objetivo de la Audiencia es pedir la creación de la sección especializada, ya que los números evidencian que crearla está justificado.

Cinco acusados de abusar de dos turistas en Benidorm eluden la prisión

La nueva Ley de Eficiencia de la Justicia obligará a los juzgados de Violencia sobre la Mujer asumir a partir de octubre todos los delitos sexuales, con independencia de que haya relación de pareja o no entre agresor y víctima. La reforma obligará a especializar los juzgados de lo Penal para enjuiciar estos delitos. El objetivo garantizar que haya en estos órganos un personal especializado en la atención a las víctimas. Aunque la reforma solo afecta a los juzgados tradicionales, que se transforman en tribunales de Instancia, va a salpicar también a la Audiencia Provincial, que deberá poner en marcha un cambio en las normas de reparto para garantizar que una sala asuma la violencia machista y los delitos sexuales.

Cerón está convencido de que los números justifican sobradamente la creación de esta sala especializada.

 Aunque siempre cabe la posibilidad de que el Poder Judicial ponga reparos si las cifras son demasiado altas para que las asuma una sola sección, tal y como ya pasó en el caso de la violencia de género. Sin embargo, la necesidad de especialización es un punto que se le está exigiendo a la judicatura española en los últimos años y que no termina de producirse. Cerón señaló a este diario que la especialización es el camino y que todas las incidencias que se vayan produciendo se irán solventando antes de que llegue el momento en tener que aplicar la nueva ley.

Posibles causas

Las fuentes del Palacio de Justicia y de la Fiscalía consultadas por este diario achacaron este incremento de los delitos sexuales a una mayor tendencia a denunciar. Hechos que antes se escondían por vergüenza y donde las víctimas están perdiendo el miedo a llevar los hechos ante la Justicia. La Ley Integral de Libertad Sexual, a pesar de la laguna que permitió reducir penas a algunos delincuentes sexuales, Sin embargo, hay cierta preocupación por el hecho de que algunos de los casos que se tienen que enjuiciar son cada vez más graves. Desde agresiones sexuales en grupo, a supuestos casos de sumisión química, pasando por abusos sexuales en el entorno familiar, donde se han llegado a ver casos de abuelos a nietos. En el supuesto de los casos de sumisión química enjuiciados este último año, la falta de resultados objetivos en la analítica no han permitido condenas, ya que en ellas no se pudo localizar ninguna sustancia anómala.

Este mismo año, la Audiencia pudo zanjar con una conformidad una agresión sexual en grupo en Benidorm, a los cuatro acusados de la bautizada como la manada francesa y de la que fueron víctimas dos mujeres de nacionalidad noruega en el año 2019 mientras se encontraban en un bloque de apartamientos turísticos. El tribunal les impuso penas que iban entre los seis meses y los cuatro años de prisión. Ninguno de ellos tuvo que ingresar en prisión en virtud del acuerdo alcanzado, tras haber pagado el dinero de la indemnización. Los retrasos de cinco años en celebrar el juicio y la colaboración de los acusados con la Justicia también sirvieron de motivo para aplicar atenuantes.

Condenado por abusar de su nieta de nueve años durante el confinamiento en Alicante

A modo de ejemplo, también recientemente otro tribunal impuso nueve años de cárcel a un hombre de 71 años por abusos sexuales a su nieta de nueve años mientras la pequeña se quedó a dormir en su casa en Alicante durante los meses del confinamiento, como ya publicó este diario. «Antes podíamos tener dos o tres al año por magistrado. Ahora los tenemos todas las semanas», señaló un magistrado de la Audiencia. Aunque la Fiscalía de Menores también alerta de que cada vez son más los menores autores de delitos de este tipo.

Petición de los TSJ

La futura reforma que obligará a asumir a los juzgados de Violencia sobre la Mujer todos los delitos sexuales que sufren las mujeres tiene estas semanas en pie de guerra a la judicatura especializada en esta materia, por el aumento en la carga de trabajo que va a suponer el que tengan que asumir los delitos sexuales. Tras un comunicado firmado por todos los juzgados de Violencia de la provincia en el que se sumaban a las peticiones de sus compañeros en España, los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de toda España han intervenido en la polémica para pedir que el número de jueces asignados a estas materias se adecúe al aumento de competencias que va a tener lugar a partir del próximo mes de octubre.

Los presidentes de TSJ celebraban esta semana en Mallorca su XX jornada anual, donde las novedades que supondrá la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia centraron el encuentro. «El incremento de competencias hace necesario e ineludible adecuar el número de jueces destinados en estas secciones a ese aumento de trabajo, no solo por el mayor número de asuntos, sino también por la complejidad que comporta la instrucción de los procedimientos de algunos de los nuevos delitos competencia de esos juzgados», señala el documento de conclusiones.

En este sentido, también reclamaron que se fomente la creación de secciones especializadas de Violencia sobre la Mujer comarcalizadas que permita prestar una atención adecuada a las víctimas que residen en poblaciones pequeñas y no solo a las de las grandes ciudades. En aquellos tribunales de instancia en las que no se constituyan secciones especializadas de violencia sobre la mujer deberá equilibrarse adecuadamente el reparto de asuntos para atender a la nueva atribución de competencias.

De hecho, el colectivo de magistrados de Violencia expresó su temor a que no pudieran atender correctamente a las víctimas, tal y como han venido haciendo desde la creación de estos juzgados hace más de veinte años porque van a tener que asumir a otras víctimas de otros delitos que también son graves y cuya investigación tiene gran complejidad. Si bien en las agresiones en el ámbito de la pareja el autor del delito es una persona conocida, no ocurre lo mismo en casos de agresiones sexuales o delitos de trata con fines de explotación sexual donde es frecuente que este no esté identificado. 

La ley para modernizar los juzgados obliga a reorganizar la Ciudad de la Justicia de Alicante

Entre las nuevas competencias que van a asumir estos juzgados se encuentran los delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acoso sexual, entre otros. Un aumento de materias que se suma a las que ya tenían para las agresiones machistas. El temor que tienen los jueces de violencia es que esos nuevos asuntos colapsen una jurisdicción ya de por sí sobrecargada en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y sus hijos.

En el partido judicial de Alicante, lo que se especula dentro del Palacio de Justicia es la desaparición del actual juzgado de Instrucción número nueve, el último que se creó hace ya más de veinte años, y que pasaría a integrarse dentro de la nueva estructura. Una medida que podría desequilibrar el actual sistema de reparto de guardias de 24 horas, por no contar con un número suficiente de órganos judiciales. Una posibilidad que se niega por el momento desde las altas instancias judiciales, pero que se da por seguro entre el personal del Palacio de Justicia de Alicante.

Los presidentes de los TSJ en la reunión celebrada en Mallorca también se refirieron a otros aspectos de la Ley de Eficiencia de la Justicia, que es una de los mayores retos a los que se enfrenta esta Administración para tratar de modernizarse y dejar atrás un modelo organizativo que se remonta al siglo XIX. En este sentido, subrayaron la importancia de llevar a cabo una actuación coordinada por parte de todas las Administraciones.

Guía del CGPJ

En este sentido, propusieron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la urgente elaboración de una guía con pautas comunes de organización, gestión y funcionamiento interno de los futuros tribunales de instancia e identifique buenas prácticas y recomendaciones para sus integrantes. Todo está a expensas de que el Gobierno apruebe el reglamento para desarrollar cómo se llevarán a ca bo las medidas previstas en la ley.

La reforma de la Justicia descentralizará trámites mediante los 126 juzgados de paz de la provincia de Alicante

Otras medidas reclamadas son garantizar la fluidez de la comunicación entre los jueces y las oficinas; así como garantizar una formación especializada para los jueces de paz y funcionarios de las oficinas municipales de Justicia para que puedan asumir los nuevos actos procesales que les atribuye la nueva ley. 

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