Barcala decreta la jubilación forzosa del jefe de la Policía Local de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha puesto fecha a la salida del jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa. Y lo ha hecho vía decreto, en lo que supone un capítulo más del choque existente entre ambos en los últimos años. Conesa tenía previsto jubilarse a mediados de abril del año 2027, en la previa de las elecciones municipales. Sin embargo, según el documento oficial, el jefe de la Policía tendrá que dejar el cargo el próximo mes de agosto. La discordia entre ambas partes gira en torno a la cotización a la Seguridad Social, donde hay disparidad de criterios.

El decreto, notificado este miércoles, declara la "jubilación del funcionario de carrera de esta Corporación José María Conesa, comisario principal jefe de la Policía Local". En el texto se explica que Conesa cumple los 65 años el próximo 8 de agosto.

Al respecto, señala que "la legislación general sobre función pública por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que los Cuerpos de la Policía Local se rigen por el Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas excepto en lo que se establece para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Además, añade que "como normativa autonómica, se ha de citar la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, cuyo artículo 83.3, indica que la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir la persona afectada la edad que se establezca en la legislación vigente en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad". En ese hilo de normativas, el texto agrega que "la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad únicamente hace una breve referencia a esta materia que se concreta en fijar la edad de jubilación forzosa del Cuerpo en sesenta y cinco años y unificar la edad de jubilación de la Policía Local con el resto de los funcionarios públicos". Y, según advierte, "cabe citar asimismo el Real Decreto 1449/2018 de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local, de cuyo artículo 2.1 se desprende que en la determinación de la edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación se ha de estar a lo previsto en el artículo 205.1 a) y en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre".

Más de 38 años

Toda esta retahíla de normas y leyes sirve de previa a que el decreto resalte que "la edad ordinaria de jubilación varía en función del alcance de determinados periodos cotizados, siendo esta la de 65 años o aquella que corresponda según el régimen transitorio, en el caso de no haber alcanzado el periodo señalado. Así, subraya que "la disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social determina que, durante el año 2025, la edad de jubilación ordinaria es la de 65 años para las personas que tengan acreditados 38 años y 3 meses de cotización. Por contra, la edad de 66 años y 8 meses será la ordinaria para las personas que tengan acreditados menos de 38 años y 3 meses cotizados".

Atendiendo al supuesto concreto, prosigue el decreto del Ayuntamiento de Alicante, Conesa tendría acreditado a febrero de este 2025 más de 35 años y medio como funcionario municipal, a los que se sumarían, siempre según el decreto, casi cuatro años en una anterior ocupación vinculada a la Armada, "reconocidos en este Ayuntamiento por la Comisión Municipal de Gobierno en octubre de 1989". Por ello, según la Concejalía de Recursos Humanos, "el periodo cotizado es superior a 38 años y 3 meses, por lo que su edad ordinaria de jubilación es la de 65 años".

El decreto prosigue que el artículo 67 del Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula "la jubilación de los empleados públicos y al referirse a la jubilación forzosa, impone que de lo dispuesto respecto a la posibilidad de solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad, quedan excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación".

Al respecto, el decreto añade que "este es el caso de los funcionarios de la Policía Local, a los que se les aplican las especialidades contenidas en las disposiciones ya mencionadas así como la Disposición Adicional 24ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la cual, el personal de la Policía local queda excluido de la posibilidad de permanencia voluntaria en la situación de servicio activo a partir de la edad de jubilación ordinaria". Según el Ayuntamiento, "dicha disposición no se encuentra derogada y constituye base del régimen estatutario de los funcionarios públicos dictada al amparo del artículo 149.1. 18 de la Constitución".

Además, para reforzar su posición, el decreto hace alusión a sentencias judiciales, donde se expresa "que la jubilación forzosa de los policías será siempre a los 65 años". Y añade: "En segundo lugar por cuanto que la normativa reguladora de la Seguridad Social cuya aplicación pretende la parte actora, sólo es aplicable en materia de prestaciones o contingencias, no pudiendo efectuarse una interpretación extensiva u analógica de la norma en un sentido contrario al que se establece en la normativa específica de aplicación."

Con todo, el Ayuntamiento considera que "procede declarar la jubilación forzosa de Conesa por cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que resulta de los años de cotización que constan acreditados, según normativa de aplicación", subrayando que "la resolución estará condicionada a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social acepte su solicitud". El texto también tiene un mensaje directo para el actual jefe: "Agradecer los servicios prestados a esta Corporación".

Choque continuado

Este parece que es el último capítulo del enfrentamiento más o menos público entre el alcalde de Alicante y el actual jefe de la Policía Local de Alicante. Hace poco más de un año, el gobierno local impulsó un intento de reorganización del cuadro de mandos, de la conocida como "plana mayor", con un objetivo evidente: intentar controlar al actual jefe de la Policía Local. El alcalde dio orden al concejal de Seguridad, Julio Calero, de promover una reestructuración de la cúpula del cuerpo policial del Ayuntamiento que, en la práctica, suponía concentrar en la mañana a todos los altos mandos, salvo a uno, el único que se quedaba en el turno de tarde.

Sin embargo, esa maniobra duró poco. Apenas dos meses. Y es que el comisario Miguel Box, afín al concejal de Seguridad e históricamente enfrentado a Conesa, presentó un escrito en el que renunciaba oficialmente al cambio de turno impulsado para que se hiciera cargo de la unidad administrativa, que hasta entonces estaba bajo el control del intendente Fernando Aldave, del entorno del actual jefe de la Policía Local. 

El choque entre ambos viene de atrás. Muchos ponen el foco en las polémicas oposiciones a la Policía Local de Alicante, que estuvieron marcadas por acusaciones de nepotismo. Entonces, fue en marzo de 2022 cuando se desveló que en el listado de aprobados a las oposiciones realizadas en el Ayuntamiento de Alicante figuraban personas muy cercanas a actuales agentes del Cuerpo de Seguridad alicantino, incluyendo miembros del cuadro de mandos, como hijos, hijas, mujeres, novias, sobrinos y yernos, entre otros parentescos. Esta polémica, que fue noticia a nivel nacional, obligó a impulsar una comisión de investigación en la que Conesa dinamitó el órgano municipal al denunciar una trama de "subordinados" que busca su relevo por "venganza" y para "aspirar" a su puesto. Nada de todo eso, ni las acusaciones vinculadas a las oposiciones ni las posteriores sobre la trama de los "subordinados", se pudieron demostrar, pero dejaron un poso que se ha mantenido en el tiempo.