Una Cuaresma de rezos contra los derechos reproductivos en Alicante

A las puertas de una clínica de interrupción voluntaria del embarazo, en la calle General Marvá de Alicante, un pequeño grupo de personas reza mientras sostiene pancartas con mensajes como "No estás sola, podemos ayudarte". Forman parte de la organización ultracatólica "40 Días por la Vida", un movimiento internacional que organiza campañas de oración y ayuno frente a clínicas que realizan interrupciones voluntarias del embarazo. Su objetivo declarado es "acabar con el aborto a nivel local" mediante lo que denominan "vigilia pacífica" aunque su estrategia, para quienes la sufren de forma diaria, resulta "intimidatoria", "coercitiva" y una forma de culpabilizar a las mujeres que acuden a ejercer un derecho legal.

La campaña de este año coincide con el inicio de la Cuaresma y se desarrolla de forma simultánea en 30 ciudades españolas. Según su página web, más de 6.681 voluntarios participan en esta edición en todo el país, 279 de ellos en Alicante. La estrategia de la organización consiste en turnos de oración de una hora de duración, con un relevo constante de voluntarios desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde, todos los días durante los 40 que dura la campaña.

"Oramos en turnos de una hora portando carteles con los mensajes de la campaña, ofreciendo ayuda y dando testimonio de la realidad del aborto", explican en su portal web. Además, los voluntarios deben comprometerse a seguir una estricta "Declaración de Paz", en la que aseguran buscar "soluciones pacíficas a la violencia del aborto" y comprometerse a no interferir con las actividades de la clínica ni obstruir el paso de viandantes.

También se especifica que está prohibido amenazar, ofender o entrar en contacto físico con empleados, voluntarios o pacientes de la clínica. Sin embargo, la realidad es que su presencia genera un clima de presión que afecta tanto a las pacientes como al personal sanitario.

"Acoso continuo" a las pacientes

Desde la clínica Ginetec, su director Vicente Sanchís lamenta que estas concentraciones suponen una coacción constante sobre las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo. "En estos 40 días quedan ellos por internet para que no haya una hora sin rezo y se ponen en la puerta con carteles interrumpiendo a las pacientes", explica Sanchís.

El efecto de esta presencia, asegura, es un aumento del estrés y la ansiedad de las pacientes. "Las pacientes entran nerviosas, incluso mal anímicamente. Aunque ellas dicen que están rezando y que no molestan, esta situación es intimidatoria. Muchas veces están en el banco que hay junto a la entrada y cuando te acercas a pedirles que se alejen se limitan a rezar más alto", añade el director de la clínica.

Sanchís afirma que han denunciado estos hechos ante la Policía Nacional, pero que de momento no cuentan con una respuesta firme. "Nosotros llamamos a la policía cada vez que se personan en la clínica, las identifican, pero poco más se puede hacer. Lo que están haciendo es ilegal y no se debería permitir", declara el director de la clínica.

Una campaña persistente

La última vez que "40 Días por la Vida" llevó a cabo su vigilia en Alicante fue en noviembre. En aquella ocasión, cinco personas de distintas edades se reunían cada día en la misma ubicación, rezando en voz baja el rosario. Aunque se desplazaron a un banco algo más alejado de la entrada de la clínica, desde el centro ginecológico siguen considerando su presencia “perturbadora y coercitiva”.

Este tipo de manifestaciones enfrentan un marco legal cada vez más firme. La última reforma al Código Penal tipifica el acoso frente a clínicas abortistas y prevé penas de prisión para quienes obstruyan el derecho de las mujeres a abortar mediante actos “molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos”. Además, el Tribunal Constitucional respaldó recientemente la reforma, tras rechazar un recurso que había sido interpuesto por el partido político Vox, que argumentaba que la ley restringe la libertad de expresión y manifestación.

Complejidad pese a la legislación

En abril de 2022, el Código Penal español se modificó para incluir penas de prisión de tres meses a un año para quienes obstaculicen el acceso de las mujeres a las clínicas de aborto mediante actos intimidatorios o coactivos. Esta reforma fue impulsada para frenar situaciones de acoso y hostigamiento en torno a las clínicas de aborto, que hasta entonces se encontraban en un vacío legal. 

El Tribunal Constitucional respaldó recientemente la reforma, tras rechazar un recurso que había sido interpuesto por el partido político Vox, que argumentaba que la ley restringe la libertad de expresión y manifestación. La sentencia del Tribunal Constitucional argumenta que el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo debe ser garantizado, y que este derecho incluye la posibilidad de acceder a las clínicas sin sufrir hostigamiento o coacción.

La normativa también permite que se prohíba a las personas infractoras el acercamiento a estos lugares por períodos de entre seis meses y tres años, una medida que busca reforzar la protección del derecho de las mujeres a ejercer la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre y sin presiones externas.