Paralizadas más de 30 construcciones ilegales en las partidas de Alicante

Continúa la persecución a las construcciones ilegales que han proliferado en zonas no urbanizables de las partidas rurales de Alicante. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio ha avanzado ya en una treintena de expedientes en los que se ha decretado la paralización cautelar de la actividad. 

En concreto, se trata de 19 actuaciones que ya se encuentran en proceso de incoación y otros 13 que se prevén listos dentro de un mes, cuando esté recopilada toda la información al respecto. De estas denuncias, 26 corresponden a avisos de los vecinos de La Cañada del Fenollar, dos a otro residente particular y cuatro a actuaciones de oficio del Ayuntamiento de Alicante. 

Según han informado fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, una vez se concluya la tramitación de estos expedientes, ambas administraciones tomarán una decisión conjunta respecto a las actuaciones investigadas. 

Primeras medidas

Las actuaciones contra los crecientes asentamientos ilegales se iniciaron el pasado mes de diciembre, después de meses de presión vecinal. En ese momento, según informó el gobierno local, la Concejalía de Urbanismo notificó el primer decreto de suspensión al respecto.

Además, el alcalde, Luis Barcala, reclamó entonces a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio que priorizase la tramitación de los expedientes relacionados con estas infracciones. Unas «prisas» que fueron duramente criticadas por los vecinos, quienes aseguraban que el ejecutivo de Barcala era conocedor de las infracciones hasta cuatro meses antes de tomar las primeras medidas para combatirlas.

El Ayuntamiento tardó cuatro meses en abrir los primeros expedientes contra asentamientos ilegales en partidas rurales de Alicante

En ese momento, el decreto municipal de suspensión de obras ordenó la «paralización y suspensión inmediata de los actos u obras de edificación o uso del suelo», ya que se trataba de «actuaciones de manifiesta ilegalidad y sin posible subsanación», por estar ejecutándose «sin ser conformes con el planeamiento municipal».

Desconfianza vecinal

Los vecinos de la zona, en cambio, opinan que el problema anda lejos de resolverse. Pese a los avances anunciados por ambas administraciones, la Conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Alicante, los residentes de las partidas rurales consideran que no se aprecia una reducción significativa en estas prácticas ilegales.

De hecho, los vecinos de La Cañada del Fenollar mantienen que en algunas de las parcelas detectadas prosiguen trabajos de construcción irregulares. «Estamos ya desesperados», señala una de las afectadas, que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias de los infractores. «Si hay que actuar contra la AVPT o el Ayuntamiento por su inacción, iremos contra ellos, pero esto no puede seguir así».

La situación, según lamentan, no solo conlleva un riesgo para quienes hacen uso de las precarias construcciones en zonas inundables, sino que también ha supuesto un incremento de la inseguridad en los entornos residenciales, junto con una devaluación del precio de las propiedades construidas legalmente».  «Hemos pedido mil veces que precinten aunque sea una parcela, para dar ejemplo a los demás, pero no lo hacen», lamenta esta vecina. 

Práctica habitual

«Se vende parcela por menos de 15.000 euros a diez minutos de Alicante». Lo que a priori puede parecer un chollo no solo esconde una peligrosa letra pequeña, sino que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos de las partidas rurales de la ciudad. 

La situación se puso de manifiesto cuando los residentes de La Cañada del Fenollar advirtieron a las administraciones de que en los portales de compraventa de propiedades se acumulaban decenas de anuncios en los que se ofertan solares de entre 300 y 10.000 metros muy por debajo del valor medio del suelo urbano en la zona. 

En algunos casos, se indica que se trata de espacios rústicos, por lo que no es posible construir, aunque se asegura que sí está permitida la instalación de casas prefabricadas conocidas como «mobile homes», algo que, en la mayoría de los casos, tampoco es así: o bien porque lo prohíbe expresamente el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante o bien porque se ubican en terrenos catalogados como ramblas o zonas inundables.

Denuncias a infractores

Una práctica que derivó en la ahora investigada proliferación de asentamientos ilegales y que, recientemente, se saldó con más de una veintena de denuncias a los infractores. Según indicaron fuentes de la Guardia Civil, el cuerpo desmanteló un entramado fraudulento de compraventa de parcelas en suelo rústico no urbanizable, por el que se investigó a una veintena de personas por delitos sobre ordenación del territorio y urbanísticos, así como contra los derechos de los trabajadores. 

Denuncian a 21 personas por construcciones ilegales en una zona protegida e inundable de Alicante

Los agentes pudieron determinar durante las primeras actuaciones que la parcela, de unos 11.000 metros cuadrados de superficie, había sido dividida en 12 subparcelas, delimitadas y con construcciones en distintas fases de ejecución. Del mismo modo, se detectó la instalación ilegal de un sistema de suministro de agua no potable sin la correspondiente licencia urbanística.

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