El 91 % de las residencias de mayores de Alicante son de gestión privada
Expertos en atención a la tercera edad alertan de que fondos de inversión hacen negocio con los geriátricos a base de reducir gastos en personal y alimentación

Expertos analizan en Alicante la situación de la atención residencial y sociosanitaria a las personas mayores. / Pilar Cortés
Nueve de cada diez residencias de mayores de la provincia de Alicante son de gestión privada y lo mismo ocurre con las plazas, un modelo de atención completamente privatizado. Sobre el papel en la Comunidad Valenciana hay 325 geriátricos, de ellos 257 privados con 15.037 plazas; y 68 públicos con 12.914 plazas. Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de los centros de titularidad pública están concertados, por lo que la participación de la administración es mucho menor.
Así se dio a conocer en un panel de expertos sobre atención residencial a mayores, organizado por la Asociación Gerontológica del Mediterráneo y la Universidad de Alicante, celebrado esta semana. «Es un modelo residencial completamente privatizado. Lógicamente, lo que importa es la gestión. Esto crea un desequilibrio de base porque las administraciones simplemente dependen del sector», sostiene Manuel Rico, autor del libro «¡Vergüenza! El escándalo de las residencias».
"Dignidad y derechos de los mayores
Con él intervino José Luis García Cantó, vicepresidente de ReCoVa, Asociación de Residencias Dignas de la Comunidad, mientras que el experto en Servicios Públicos de acción social y derechos humanos José Conrado Moya moderó el acto «La dignidad y los derechos de las personas mayores: un análisis desde la atención residencial y sociosanitaria», presentado por Marian Aleson, directora de la Universidad Permanente.
En su intervención, Rico recordó que el sector privado es muy variable pero prevalece un grupo cada vez más potente que está controlado por fondos de inversión «que viene a hacer dinero». Estos fondos, según los datos de que dispone, manejan ya más del 20 % de las plazas en residencias de mayores.
«No todas las empresas son iguales y hay residencias donde las personas están muy bien cuidadas. Suele coincidir con residencias más pequeñas y desde luego no en manos de estos fondos de inversión, que controlan ya una parte importante del sector», en la provincia de Alicante y en general en toda la Comunidad.

J. R. Esquinas
Modelo de negocio
Como modelo de negocio, señala, quieren ganar dinero, básicamente a costa del personal, que supone el 65 % de los gastos; y la alimentación de los residentes, que es un 10 %. «El que venga solo a lucrarse va a apretar ahí, pero ¿qué pasa? Que el personal es el elemento absolutamente esencial para los cuidados de una persona mayor, lo que determina si permanece 12 horas delante de un televisor sin que nadie tenga tiempo para charlar 5 minutos con él; lo que determina si está con un pañal sucio ocho horas porque no hay nadie para cambiárselo; e incluso que sufran menos caídas, porque si hay muy poco personal les dan más medicación para tenerlos más tranquilos entre comillas y eso hace que puedan sentirse más torpes y caer más. Es decir, impacta absolutamente en la vida diaria».
El modelo español, según estos expertos, es de por sí precario de personal en comparación con los países nórdicos, que son los que tienen mayor ratio de cuidadores respecto al número de residentes, que es un gerocultor/a o persona de atención directa por cada usuario.
Ley de Simplificación Administrativa
El decreto de tipologías que aprobó el gobierno del Botànic establecía para 2025 una proporción de 0,37 trabajadores por anciano, «pero el Consell actual lo acaba de rebajar a través de la Ley de Simplificación Administrativa, que se aprobó en diciembre, para dejarlo en un 0,32». Es decir, que hay tres veces menos personal del que se necesitaría para unos cuidados razonados. Esto acarrea numerosas quejas de familiares en Alicante y en general en toda la Comunidad Valenciana porque faltan médicos por la noche, por ejemplo; y lo mismo por la calidad de la comida debido al recorte en el gasto de alimentación.
«Por eso es tan importante entender el modelo residencial, porque afecta absolutamente a los cuidados de los mayores. ¿En qué tienen razón los empresarios? En que tener un sistema de cuidados más digno cuesta dinero. Las administraciones tienen que ser conscientes de que tienen que invertir. No podemos tener un sistema de Noruega con una inversión muchísimo menor».
"Tener un sistema de cuidados más digno cuesta dinero. Las administraciones tienen que ser conscientes de que tienen que invertir"
Administración ausente
Sin embargo, en el panel de expertos se puso de manifiesto que la administración está ausente en la gestión tras renunciar a la misma en todo el país, y por el mismo camino están las competencias de legislar, sancionar e inspeccionar, «con un modelo que tampoco funciona». En cuanto al régimen sancionador, «es una broma. En teoría hay multas de hasta un millón de euros pero el 90% de las que se ponen son de menos de 30 .000 euros. Ese dinero para una multinacional, para un gran grupo, es incitarle a que siga incumpliendo la ley».
Volviendo al decreto de tipologías del anterior gobierno autonómico, recalcó que tenía muchas lagunas pero «era un avance claro. Sin embargo, un año y medio después se acuerda recortar los elementos fundamentales. Es un ejemplo perfecto de la administración ausente desde el punto de vista de los intereses de los residentes».
Decreto de tipologías
Precisamente, esta semana el Pleno del Consell ha aprobado la declaración de urgencia para la tramitación del proyecto de decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana.
Este decreto, según la Generalitat, establece «un sistema coherente, organizado y planificado de los Servicios Sociales, garantizando que los centros, servicios y programas se adapten mejor a lo que pide la sociedad. Además, prevé la aprobación de órdenes complementarias que regularán de forma detallada aspectos clave como las condiciones materiales de los centros y las características de los espacios; las instalaciones, equipamiento y mobiliario; las plantillas y ratios de personal; las titulaciones profesionales, la estructura organizativa y los sistemas de participación de centros y programas».
José Luis García Cantó incidió en «la falta de una atención adecuada a las personas que están en las residencias. Desgraciadamente, cinco años después de la pandemia (en la que miles de mayores murieron en geriátricos) parece que no se ha aprendido para intentar mejorar un modelo residencial que ya nosotros incluso antes del covid denunciábamos que era deficitario con las necesidades de las personas».
Plan Convivint 2021-2025
Asimismo, habló del Plan Convivint 2021-2025, una propuesta del gobierno autonómico anterior para mejorar las estructuras residenciales, en cuanto al número de geriátricos y de plazas, que se iban a aumentar en la Comunidad Valenciana en 4.400, «y que para sorpresa nuestra en junio del año pasado el Consell actual nos dijo que no se había ejecutado ninguna de estas obras. Si ya pensábamos que la oferta de plazas que había era deficitaria, estamos en una situación con unas perspectivas de no mejora, en todo caso de estancamiento. Hay una demanda por parte de la sociedad en cuanto a plazas y a servicios que no se va a poder atender y ese es un problema que se agravará en los próximos años porque no conocemos otro proyecto alternativo. Este gobierno autonómico no nos ha contestado sobre qué perspectivas tienen en cuanto a ofrecer esos servicios».
También citó el informe publicado en febrero por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en el Observatorio de la Dependencia, según el cual la desatención alcanza a 270.000 personas que necesitan prestación en España, de hecho cada día mueren 94 personas sin llegar a percibirla. Así, recordó que el 20 % de la población tiene 65 años o más, y «va a demandar no solamente residencias, sino una serie de servicios de atención domiciliaria, centros de día, de atención», de los que se carece.
"Hay una demanda por parte de la sociedad en cuanto a plazas y a servicios que no se va a poder atender y ese es un problema que se agravará en los próximos años"
Dependencia: el Consell exige al Gobierno 3.000 millones
La Generalitat destinó en 2024 el presupuesto más alto de la historia de la Comunidad Valenciana en prestaciones sociales, alcanzando 674 millones de euros», según ha afirmado esta semana la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. En materia de dependencia, añadió, «se atendió a casi 169.000 personas, un 24 % más que en 2023 y se redujeron las listas de espera en 5.300 personas (un 27 % respecto al año anterior)».
Camarero indicó también que, «en materia de discapacidad, la conselleria aumentó un 167 % el reconocimiento de personas con discapacidad en la Comunidad con un gran esfuerzo, con lo que se agilizó el proceso y se aumentó el personal para garantizar que a las personas que necesitan una prestación se les agilicen las valoraciones para que se les reconozca cuanto antes». Por otro lado, la Generalitat exige al Gobierno central que cumpla con la financiación para la dependencia que establece la ley, y le reclama una deuda de 3.000 millones. Según el Consell, en 2024 la aportación ministerial fue de 284,5 millones (20,45 %), en tanto que la Generalitat afrontó 1.106,9 millones (79,55 %), con una "infrafinanciación" de 411 millones.
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