Los educadores sociales piden ser figura de autoridad y revisar los protocolos contra la violencia

El Colegio de Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana reivindica la revisión de los protocolos ante la violencia en los centros y pisos tutelados de menores «asegurando una respuesta eficaz, profesional y respetuosa con los derechos de la infancia y adolescencia, y de los profesionales». 

Asimismo, reclaman condiciones laborales dignas y seguridad en el trabajo, con «medidas de prevención de riesgos adaptadas a la realidad del sector, protegiendo tanto a los profesionales como a los niños, niñas y adolescentes». También implementar planes de formación continua para garantizar la mejor atención.

En un escrito firmado por María José Navarro y Mari Carmen González, presidenta y vocal de la entidad colegial, consideran urgente «no solo la revisión de recursos donde se llevan a cabo medidas judiciales de los adolescentes sino la creación de nuevos recursos que den respuesta a la realidad actual de la infancia y la adolescencia de nuestro país (trastornos de conducta graves, adicciones con y sin sustancia, salud mental...)». 

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Figura de autoridad

Otra de las demandas es que los profesionales de la Educación Social sean reconocidos como figura de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Así como ser el referente profesional en los centros socioeducativos y de protección «garantizando una intervención adecuada y especializada»; trabajo en equipo y seguridad laboral pues «no se debe permitir que ningún profesional desempeñe su labor en solitario. Cada turno debe contar con un mínimo de dos profesionales, con responsables de la intervención socioeducativa, asegurando la calidad del servicio y la protección tanto de los trabajadores como de los menores». 

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También piden cambios para mejorar la atención a la ciudadanía. «Es imprescindible aumentar las ratios de atención para garantizar un servicio de calidad. Exigimos que sea de tres niños y adolescentes por cada profesional de la educación social, figura de referente de la intervención socioeducativa, en los centros de protección, acogimiento residencial o centros socioeducativos de reforma».

Ratios muy bajas

Según CC OO, la orden de 2003 marcaba unas ratios de 0,20 educador por menor, que fue mejorada por el decreto de tipologías del Botànic, al multiplicarla por cuatro, pese a lo cual «no llega para cubrir las necesidades del recurso».

Aunque el sector sostiene que es un modelo a priorizar, señalan que el actual Consell del PP ya les habría advertido que es costoso de mantener y que quieren abaratarlo, por lo que temen que el servicio actual empeore. 

Funciones del cuidador

Volviendo a las demandas del Colegio de Educadores, consideran fundamental revisar y redefinir las funciones de puestos como cuidador o auxiliar educativo para garantizar la idoneidad del personal que trabaja con infancia y adolescencia; y analizar el impacto de la precarización y privatización: «se hace necesario un debate profundo sobre cómo pueden afectar a la calidad de la atención, así como a las condiciones laborales de los profesionales». 

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En cuanto a la repercusión de las condiciones laborales, apuntan que la alta rotación en centros concertados afecta a la creación de vínculos de confianza con los menores.

Destacan el estrés laboral y síndrome de burnout por la exigencia emocional del trabajo; la falta de apoyo psicológico para profesionales que trabajan con menores en situaciones extremas; la falta de una homologación salarial y de condiciones en todo el territorio; y la necesidad de un estatuto profesional específico en centros de protección y justicia juvenil.