Mazón, tras los pasos de Barcala en Alicante

«Mazón asume el ideario de Vox». Este ha sido uno de los titulares más repetidos en los últimos días a todos los niveles mediáticos en respuesta al anuncio del jefe de Consell de un preacuerdo con los ultras para aprobar las cuentas de 2025 de la Generalitat tras asumir los radicales postulados de la formación de Abascal tanto en políticas medioambientales, haciendo suyo un discurso negacionista, como de inmigración, con alusiones tintadas por racismo y xenofobia. 

El presupuesto autonómico, desvelado este jueves a la espera de sus ajustes durante su inmediato tránsito por las Cortes, incluye evidentes gestos hacia Vox en modo de recortes económicos en materias como el valenciano, la memoria y la cooperación, suprimiéndose las ayudas previstas para las agencias de las Naciones Unidas de apoyo a los palestinos (Unrwa), a la infancia (Unicef) y a los refugiados (Acnur). Entidades más que reconocidas en la esfera internacional, pero que para algunos son todo un peligro, entre ellos, se supone, el propio Mazón. 

El reciente acuerdo del PP con Vox, cocinado a fuego lento en las últimas semanas en las más elevadas esferas, ha sido asunto central de debate en tertulias periodísticas a nivel nacional. Este episodio recuerda al pacto a toda prisa de Mazón con los ultras para garantizarse su llegada al Palau tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

Sin tanto bombo

Más inadvertidos, al descender hasta el nivel municipal, han sido los repetidos pactos alcanzados en la ciudad de Alicante entre el PP y Vox en los últimos tres años. Y no porque el contenido haya sido muy distinto. Ni tampoco porque el alcalde Luis Barcala haya rechazado asumir los postulados más ultras desde que apuesta por los de Abascal para garantizarse los apoyos necesarios para gobernar. 

Pero que esos pactos no hayan tenido resonancia a niveles superiores no significa que sean menos complacientes para la extrema derecha. Una influencia al puro estilo gota malaya, que ya acumula numerosas victorias para la extrema derecha si se mira con la distancia que ya permite el tiempo. Y, lo más preocupante, con cesiones de calado que parecen normalizadas. 

Fue en 2022 la primera vez que Barcala necesitó a Vox para sacar adelante el presupuesto municipal. En los dos años anteriores, la pandemia provocó otros compañeros de baile en busca de una recuperación más rápida tras el inesperado colapso. Desde entonces, el regidor alicantino ha aprobado dos presupuestos más gracias a los ultras, quienes sólo pusieron pie en pared en 2023. Tocaba paso por las urnas y los cálculos electoralistas llevaron a no revalidar entonces el pacto. Las tres cuentas impulsadas, con sus particularidades, entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Alicante han supuesto tijeretazos de cientos de miles de euros a las partidas de inmigración, cooperación e igualdad. Cantidades al margen, nada lejano al acuerdo reciente entre el PP y Vox a nivel Generalitat.

De oficinas

En Alicante, además, existen desde hace apenas unos meses dos controvertidas oficinas municipales, una «antiaborto» y otra «antiokupas», que dado el personal con el que cuentan y sus limitadas competencias rezuman sospecha a chiringuitos ideológicos, aquello contra lo que asegura luchar Vox. 

Con todo, la victoria de la que más alardean en la formación ultra está vinculada a la movilidad urbana. Que Alicante implantara este pasado mes de enero una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) «vacía de contenido», como presumen desde la formación de Abascal, supone una de las cesiones más evidentes de Barcala ante las soflamas ultras. Por muchos intentos de retorcer al relato del gobierno por intereses electorales, los papeles dicen lo que dicen. Negro sobre blanco. Y en la memoria firmada por hasta tres concejales del PP (dos de ellos, aún en sus cargos), que fue la base en la petición de ayudas a Europa para obras vinculadas (de aquella manera) a la ZBE, se recogía que el acceso restringido de vehículos iba a suponer «una reducción del tráfico de vehículos, especialmente de aquellos más contaminantes» lo que se daba por hecho que mitigaría «la contaminación acústica y las emisiones de gases de efecto invernadero, permitiendo aproximarse a los límites marcados por la OMS».

Y es que según se añadía, «la contaminación atmosférica en Alicante tiene su origen principalmente en el tráfico de vehículos». También se hablaba en ese documento del ejecutivo de Barcala que la ZBE se gestionaría con «listas blancas (para residentes registrados y autorizados) y listas negras (con más restricciones para los vehículos sin distintivo ambiental)».

Sin embargo, quedó en nada tras las innegociables exigencias de Vox, que acabó asumiendo sin más Barcala en la previa de las elecciones de 2023, apenas un año después de que su ejecutivo impulsara el documento base de lo que iba a ser y nunca fue un proyecto de lucha contra el cambio climático. 

Más logros

Aunque esa influencia de los ultras en el Ayuntamiento no solo se ha limitado a crear oficinas de dudosa necesidad para la ciudadanía y a impedir que los coches cedan espacio al peatón, sino que también ha supuesto duplicar las partidas presupuestarias ligadas al museo taurino (recordando aquellos tiempos en los que un matador de toros era el «dos» del Consell). Más dinero incluso se ha destinado por primera vez para que Alicante celebre el próximo 4 de diciembre el «Día de la Reconquista», una de las exigencias que los ultras han conseguido tras años de insistencia. Ese pulso también lo han ganado. Pocos más les quedan pendientes. Entre los, por ahora, imposibles figura dejar a «cero» las ayudas al colectivo LGTBI (otra cosa es su ejecución), una partida bajo la protección del Contrato Programa.

Tiempo al tiempo, vista la deriva de un PP, el de Mazón y también el de Barcala, que se muestra cómodo complaciendo a Vox, asumiendo sin rubor los postulados más ultras, ya sea a nivel autonómico como local,. Hasta ahí, de momento. En esto de imponer su marco ideológico no parece haber «fronteras».