El Defensor del Pueblo avisó de que la Zona de Bajas Emisiones de Alicante no era correcta

El Defensor del Pueblo advirtió al Ayuntamiento de Alicante de que tenía que establecer correctamente su Zona de Bajas Emisiones, en vigor desde enero de este 2025. Entre las cuestiones que criticó el organismo, destaca la necesidad de fijar restricciones basadas en el distintivo ambiental de los vehículos (un identificador de su nivel de emisiones) y no con base en otros criterios, como la residencia del titular.

El pasado año, Ángel Gabilondo decidió abrir actuaciones de oficio con 33 ayuntamientos de distintos puntos del territorio nacional, entre ellos el de Alicante, por el retraso, según él injustificado, en la aplicación de estas normativas exigidas por Europa. Así lo reflejó este martes el Defensor del Pueblo en su Informe anual de 2024, presentado en el Congreso de los Diputados. La institución apuntó además que ninguno de los argumentos ofrecidos por el Consistorio «justifica el retraso en el establecimiento de estas Zonas de Bajas Emisiones».

"Debe incluir restricciones"

De esta forma, Gabilondo manifestó que la tramitación de la puesta en marcha de las ZBE «debe responder a las exigencias formales recogidas en dichas normas. Además, sostuvo que el cumplimiento de los trámites requeridos para su aprobación «no puede servir de justificación para dilatarla en el tiempo de manera excesiva o indefinidamente». En la misma línea, la institución señala que el contenido de las ZBE «debe ser el de establecer restricciones permanentes a la entrada, circulación y estacionamiento de vehículos, y no otras diferentes».

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«Esas restricciones deben fijarse en relación con el distintivo ambiental de los vehículos, y no en virtud de otros criterios. Ello se justifica en que dichas ZBE no solo son instrumentos dirigidos a alcanzar objetivos de protección de la calidad del aire, sino también de mitigación del cambio climático», añadió Gabilondo.

El caso de Alicante

Una condición que no se cumple en la ciudad de Alicante. Pese a que el proyecto de ZBE impulsado por el gobierno local contemplaba en un primer momento diversas restricciones e incluso «listas negras» de vehículos contaminantes, esto cambió tras el acuerdo presupuestario entre el PP y Vox.

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El gobierno de Barcala optó por vaciar por completo de contenido la ordenanza, manteniendo únicamente las restricciones ya existentes en el Casco Antiguo. Unas limitaciones que se basan en si los conductores tienen su lugar de residencia o de trabajo en el interior del Casco Antiguo y no en el volumen de emisiones de sus vehículos.

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