Los veterinarios salen a la calle en Alicante en contra de la norma de control de medicamentos para animales

El 60 % de las enfermedades infecciosas que afectan a las personas provienen del mundo animal, según la Organización Mundial de la Salud. Los veterinarios temen que esta cifra aumente por las trabas a la prescripción de antibióticos que la nueva normativa estatal impone a estos profesionales y que les ha llevado a tomar la calle. El colectivo se ha movilizado por primera vez en Alicante contra la nueva regulación del medicamento, además de cerrar durante dos horas la mayoría de las 331 clínicas veterinarias de la provincia puesto que algunas han permanecido de guardia.

En ese periodo han aprovechado para hacerse oír y protestar ante la Subdelegación de Gobierno, donde se ha leído un manifiesto pidiendo al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que rectifique. Han asistido más de 300 personas entre veterinarios y propietarios de mascotas.

A los veterinarios alicantinos les preocupa especialmente la leishmaniasis, que en la provincia triplica la media nacional: una zoonosis que temen se descontrole si no pueden acometer el tratamiento de los animales como corresponde. Esta patología transmisible a los humanos se caracteriza por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, aumento simultáneo del tamaño del hígado y del bazo, y anemia. Si los contagiados no son tratados, los síntomas pueden causar la muerte en más del 90% de los casos.

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Un perro por cada cuatro alicantinos

El presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, Gonzalo Moreno del Val, destaca que en la provincia hay un perro por cada cuatro personas, una población importante de animales de compañía, factor importante para que se produzca una zoonosis. Aparte de que la leishmania, el protozoo responsable de esta infección, puede afectar a cualquier persona, tenga o no mascota, puesto que el vector de transmisión es un mosquito.

Sin embargo, los profesionales denuncian que la nueva regulación estatal de medicamentos veterinarios que entró en vigor en enero les limita la prescripción en estos casos del fármaco más apropiado por consenso internacional para tratar esta patología en los canes, el alopurinol. En España no existe ningún medicamento veterinario que contenga este principio activo, así que hasta la nueva norma utilizaban el que se usa en humanos.

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Problema enorme

Con la normativa que entró en vigor a principios de año se corta esta posibilidad. "No podemos acometer el tratamiento de esta enfermedad animal como corresponde y, por tanto, se puede descontrolar y afectar a más personas. Es un problema enorme para nosotros como profesionales y esto nos pone en una situación muy incómoda pero además afecta a toda la sociedad. Este tratamiento se utiliza en el resto de países, por lo que la singularidad de España es además bastante extravagante", afirma Moreno del Val. Un veto que no solo afecta a los veterinarios de pequeños animales, también a las granjas de producción.

"No podemos obedecer a nuestro criterio clínico, a la evidencia científica para curar a los animales en algo tan importante como es la prescripción"

Gonzalo Moreno del Val

— Presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante

"No podemos obedecer a nuestro criterio clínico, a la evidencia científica para curar a los animales en algo tan importante como es la prescripción. Si una de nuestras principales atribuciones como profesión sanitaria, que es la prescripción, igual que lo es para los médicos, no podemos utilizarla para tratar las enfermedades, se van a ver afectados en primer término los animales, su salud y su bienestar, pero en segunda instancia las personas. Muchas de esas enfermedades tienen un impacto en la salud pública, son transmisibles a los humanos, es algo que nos concierne a toda la sociedad".

"Mi criterio clínico no se criminaliza"

De ahí algunos de los mensajes exhibidos en las pancartas por los veterinarios en la plaza de la Montañeta: "La salud de los animales es la salud de las personas", junto a otros como "Por una sola salud", "Somos sanitarios, solo es válido nuestro criterio clínico", "El Real Decreto 666/2023 nos impide tratar adecuadamente a millones de animales", "Soy veterinario, mi profesionalidad no se cuestiona, mi criterio clínico no se criminaliza" o "Sí a la salud pública, los animales no se tocan".

El descontento del colectivo, que es común en todo el país, tiene su origen en una norma con la que inicialmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere controlar un problema de salud pública que los veterinarios también comparten como es la resistencia antimicrobiana, aunque consideran que la interpretación que se hace en España es mucho más restrictiva que en otros países europeos.

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Además, estos profesionales afirman que del total de antibióticos que se consumen en nuestro país entre animales y personas, solo el 0,19 % corresponde a las mascotas, "¿realmente ese porcentaje supone un problema tan grande para ejercer una presión tan importante sobre la profesión veterinaria? Curiosamente este sistema de control lo tenemos con los animales, pero no existe en los humanos, no tiene ningún sentido", señalan desde el colectivo.

Los veterinarios consideran que el personal dependiente del Ministerio de Agricultura que ha elaborado la norma no tiene criterio clínico "y tampoco nos escuchan".

Plataforma para comunicar todas las recetas

Por esta nueva norma, los veterinarios además están obligados a comunicar cada receta al Ministerio a través de una plataforma electrónica interna denominada PresVet. Tampoco pueden dispensar medicamentos, que los dueños de perros y gatos tienen que ir a comprar la farmacia, donde a menudo no hay existencias por el desabastecimiento de medicamentos, y la curación se alarga en el tiempo porque los veterinarios tienen que hacer cultivos hasta dar con el más indicado, lo que puede amenazar la vida del animal.

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Además, la curación se alarga en el tiempo porque en las clínicas tienen que hacer cultivos hasta dar con el antibiótico más indicado, lo que consideran puede amenazar la vida del animal. Todo este sistema de funcionamiento grava el coste de este servicio sanitario, apunta Jordi Fontanet, veterinario de Elche: las cajas completas de medicamentos aumentan la factura al menos un 15 % más y las analíticas hasta un 100 %. «Nosotros dábamos cinco o diez comprimidos de un fármaco, por ejemplo, para un tratamiento, pero en la farmacia te van a vender toda la caja. Es lo que dice la ley. Se encarece el producto y la curación». 

Cultivos para buscar el antibiótico idóneo

En cuanto a los antibiogramas (cultivos) obligatorios para pasar de un antibiótico a otro si es necesario para curar al animal buscando el más idóneo, «cada uno cuesta del orden de 50 o 60 euros».

Con todo esto, el proceso además se dilata en el tiempo, «ya no es un tema económico. No estamos luchando por ganar dinero, sino por poder tratar como nosotros queremos tratar. Que no se prolonguen los tratamientos, porque los resultados de un antibiograma pueden tardar siete días. El decreto impide la receta inmediata».

"Nos obligan a hacer antibiogramas (cultivos) para pasar de un antibiótico a otro y eso lo encarece porque cada uno cuesta del orden de 50 o 60 euros"

Jordi Fontanet

— Veterinario de Elche

Criterio profesional

"Se elimina nuestro criterio profesional. No nos dejan trabajar, no nos dejan prescribir. Realmente sabemos qué debemos utilizar en cada caso pero estamos limitados por la legislación, sobre todo en el tema de los antibióticos". Ahora, los dueños de mascotas tienen que ir a buscar los medicamentos a las farmacias, "van a tres, cuatro o cinco, porque no consiguen los fármacos, no tienen esa medicación. Se ven obligados a volver a la clínica y al final hacemos cuatro o cinco recetas por cada tratamiento, cuando antes lo solucionábamos nosotros".

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Fontaner cita el caso de una clienta de 80 años que fue a varias farmacias buscando el tratamiento para su animal. "Al final la señora me dijo, literal, que se me muera el gato. Al final tendremos que sortear la ley que se nos está imponiendo, porque no nos dejan trabajar principalmente".

"Invertimos mucho más tiempo en buscar qué antibióticos podemos conseguir, porque nos limita la ley"

Tania García

— Veterinario de l'Alfàs del Pi

Tania García, veterinaria de l'Alfàs del Pi, afirma por su parte que con la nueva normativa "invertimos mucho más tiempo en buscar qué antibióticos podemos conseguir, porque nos limita la ley. A lo mejor en una consulta que tenía que ser de 20 minutos, tardas el doble para hacer una receta. Luego hay que subirla al sistema PresVet. O no la tienen en la farmacia y se tarda nueve días en conseguirla. Los clientes nos echan la culpa a nosotros, hay que explicarlo y al final es mucho tiempo explicando".

Otra de las reivindicaciones al Gobierno es que se elimine o se rebaje el IVA del 21 % a las consultas veterinarias como profesión sanitaria. Este impuesto encarece de 27 a 35 euros la consulta media y así sucesivamente con cualquier tratamiento.