El PGOU, un reto mayúsculo para Alicante

¿A la tercera será la vencida? Alicante lleva casi cuatro décadas desarrollándose sobre la base del Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó en el año 1987, cuando la ciudad tenía unos 100.000 habitantes menos de los actuales. 

Ése es el último, hasta la fecha. El primer Plan General de Alicante, obra de los arquitectos Francisco Muñoz y Miguel López, fue aprobado por el Ministerio de Vivienda en 1958. Poco después, a raíz del aperturismo económico de España, el Ayuntamiento decidió a mediados de los sesenta revisar el documento urbanístico para lo que creó la Oficina Municipal del Plan General, dirigida por los arquitectos Ruiz Olmos y García Solera. Ese texto se validó definitivamente en 1973. Tras una adaptación inmediata con motivo de la reforma de la ley del suelo de 1975, el Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal dirigida por el arquitecto Miguel Ángel Cano, aprobó en 1987 el Plan General de Ordenación de Alicante, vigente a día de hoy. 

Desde entonces, y han pasado 38 años, la nada, pese a dos intentos que avanzaron sin llegar a ver la luz definitivamente. El primero se impulsó de la mano del arquitecto Lluís Cantallops, que en 2004 presentó las líneas estratégicas de su propuesta. Tres años después, el ejecutivo local rescindió ese contrato tras desavenencias con el redactor. Entonces, el Ayuntamiento adjudicó la finalización de los trabajos a un equipo dirigido por el arquitecto Jesús Quesada. El documento resultante se llegó a aprobar por el Pleno municipal en 2010, aunque no llegó a su validación definitiva. Se convirtió en papel mojado ante las sospechas de supuestos amaños, que finalmente quedaron en sentencias absolutorias para, entre otros, los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. 

Carpetazo

Ahora, una década después de que Miguel Valor, en calidad de regidor, renunciara a seguir con la tramitación del PGOU con el fin de empezar desde cero, dejando a un lado las «controversias» que rodeaban a ese trámite urbanístico en aquella época, el gobierno de Luis Barcala ha dado el primer paso que marca la ley para la aprobación de un Plan General Estructural, al que posteriormente se unirá el Plan de Ordenación Pormenorizada. Y es que, según las normas vigentes, antes de la redacción inicial existe la obligación de convocar una consulta previa, que sobre el papel consiste en determinar los problemas que se pretenden solucionar, marcar los objetivos del plan y establecer soluciones alternativas.

Y ahí, en ese punto, se encuentra la ciudad: en el inicio del proceso de consulta, un plan de participación ciudadana que se abrió el pasado lunes con una encuesta online habilitada hasta mediados de mayo y que ha incluido ya la presentación de los estudios previos (todos, y son siete, en una misma jornada maratoniana) y un primer taller participativo, al que seguirán dos más.

Falta hace

Así que los vecinos, porque lo obliga la ley, están empezando a opinar sobre la ciudad que quieren para los próximos veinte años. Ahora falta que se les escuche. Los antecedentes generan dudas. Y es que promover la participación ciudadana no es el fuerte de Barcala ni de su entorno. Estos ocho años de Alcaldía del dirigente popular se han caracterizado por puro tacticismo político, por medir la escucha en votos.

Ahora el reto, por tanto es mayúsculo. No se habla de una actuación puntual en un barrio para conseguir un puñado de papeletas más en las urnas. Se trata de diseñar una ciudad en la que haya respuestas para todos. Y lo tiene que hacer un gobierno que no convoca el Consejo Social desde hace no se sabe bien cuántos años, que tiene paralizados consejos locales sectoriales y que convoca a las juntas de distrito por inercia, sin intención de atender a los problemas de los barrios. 

Algo similar sucedió tras la pandemia, cuando la comisión para la recuperación que constituyó el Ayuntamiento casi por unanimidad se diluyó más pronto de lo previsto sin cumplir con todos los objetivos marcados en aquellos tiempos en los que el shock sanitario llevó a la unidad política. 

Ahora, a las puertas de que Barcala cumpla ocho años de gobierno y a dos de las próximas elecciones, se impulsa el primer paso obligado por ley para la revisión del planeamiento urbanístico de la ciudad. Que falta le hace. Aunque no, eso sí, porque lo que se comprometiera en 1987 se haya cumplido. Hacen falta viviendas, pero en todos estos años los diferentes gobiernos han sido incapaces de desarrollar el PAU 3, el entorno del Parque Central (OI/2) o Lomas de Garbinet. Tampoco Sangueta (OI/6), y eso que en este caso hay obligación por sentencia judicial desde hace más de cuatro años. Y no solo hay deberes pendientes en cuanto a edificaciones, también para la movilidad, ya que el PGOU de 1987 incluye la ejecución de Vía Parque, que sigue sin completarse pese a ser un eje fundamental para la ciudad. Los terrenos expropiados para duplicar la capacidad entre los PAU 1 y 2 ahí están ya a la espera. Ellos también. Como la ciudad, en general, desde hace décadas. A la espera de un planeamiento que a muchos ciudadanos les parecerá muy ajeno pero que es clave para un desarrollo ordenado de la ciudad. Y también sostenible. Para ello, el documento previo hace incluso alusión al European Green Deal, el conocido Pacto Verde Europeo, del que hasta ahora renegaba Vox y ahora también Carlos Mazón. Para estar atentos. ◼