El Club de Regatas de Alicante no renuncia a sus derechos económicos sobre los amarres

El Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) ha convocado el próximo martes 30 de abril a sus socios a una asamblea general extraordinaria para informar del proceso electoral que se ha abierto ante la situación económica a la que se enfrenta la institución y que pone en jaque el futuro, señala la entidad en un comunicado.

Una situación motivada por dos razones, independientes pero relacionadas entre sí. Una de ellas son los derechos económicos que tiene la entidad sobre los atraques, cuyos contratos finalizan en junio de 2027; es decir, “a fin de concesión”, y que obligan a sus titulares a desembolsar de nuevo una cantidad para disfrutar de ellos. La otra cuestión es la necesaria inversión de 5 millones de euros en los próximos cinco años en la estructura de los pantalanes para atajar el deterioro causado en los mismos por el paso del tiempo.

Explicaciones del letrado

Tal y como explica el abogado penalista y profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, Juan José Martínez Albert, la junta directiva del club en ningún caso puede renunciar al cobro de esos derechos económicos que tiene sobre los amarres porque, en caso de hacerlo, se expondría a una denuncia por un presunto delito de administración desleal de la institución.

Martínez Albert aclara que cualquier socio podría acudir a los tribunales, sin necesidad de abogado y procurador.

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Derecho de atraque

“En el Club de Regatas hay algunos armadores que consideran que cuando adquirieron su derecho de amarre a final de concesión y esta se amplió, también se ampliaba su derecho de atraque, por el simple hecho de que en su contrato no se indicase ningún plazo. Esa interpretación es errónea, abusiva, y antijurídica. Hay que tener en cuenta que el club obtuvo una concesión administrativa para la explotación de la zona de espejo de mar por un plazo limitado, 30 años, esto es, desde junio de 1997 hasta junio de 2027. Cualquier cesión de derechos de amarre nunca podría superar ese plazo, sencillamente porque fuera de ese plazo no había ningún derecho disponible a favor del club”, agrega.

Según el abogado, el contrato de concesión que actúa como contrato de referencia no solo debe respetarse como cualquier contrato privado, sino que tienen una entidad superior al contener normas de orden público, el plazo de concesión de 30 años a 2027.

Opinión TribunaMiguel López

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Doctrina

Alega también que la doctrina jurídica específica que, en ausencia de una fecha límite explícita, el plazo del contrato de los armadores sobre sus derechos de fondeo debe entenderse que es el de la concesión administrativa, según la sentencia del Tribunal Supremo español de 22 de mayo de 2000 (RJ 2000, 3514).

El Tribunal Supremo considera en esa sentencia que, en caso de duda, el contrato debe interpretarse en el sentido más favorable al orden público y a las normas imperativas.

La sentencia destaca que la concesión es un acto administrativo que otorga al concesionario la facultad de explotar el servicio público durante un plazo determinado.

En cuanto a la legislación penal, explica que “la administración desleal pasa a raíz de la reforma del Código Penal de 2015 del marco de los delitos societarios al ámbito de las defraudaciones, abarcando con ello supuestos de cualquier administración de patrimonio ajeno, que anteriormente quedaban impunes”.

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Perjuicio económico

Sostiene por tanto que la junta directiva del Real Club de Regatas no podría dejar de cobrar los derechos de amarre a los socios armadores en atención a la nueva concesión, porque podría incurrir en un presunto delito de administración desleal, castigado con penas privativas de libertad de hasta cuatro años al infringir normas de orden público.

Asimismo, abunda en que crearía un grave perjuicio económico para el club, para sus socios, para la sección deportiva, y en definitiva para la supervivencia y continuidad del mismo dado que el club tiene que atender además de forma inminente a la reparación de los pantalanes, con un coste de unos cinco millones de euros.