El Puerto dice que si la Cámara de Comercio de Alicante ha construido una planta de más, es el Ayuntamiento quien tiene que restablecer la legalidad

«Si el Ayuntamiento ha detectado irregularidades en las obras de la Cámara de Comercio, que dicte la resolución que proceda. Es quien tiene las competencias en materia urbanística y no puede renunciar a ejercer su potestad administrativa. El Puerto no da licencias ni las quita, ni tiene una policía urbanística. El Puerto solo puede dirigirse al concesionario».  

 Esta es la primera reacción de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) al escrito remitido el miércoles por la Concejalía de Urbanismo en el que le comunicaba que en los antiguos cines del edificio Panoramis, que la institución que preside Carlos Baño está acondicionando como sede, se ha construido una planta fuera de ordenamiento, lo que el Gobierno de Barcala insta a la APA a «resolver según los criterios municipales».

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Los trabajos, prácticamente finalizados, fueron paralizados hace un mes por la propia Cámara después de que este medio desvelara que carecen de la obligatoria licencia de obras.

En un principio, la promotora intentó ejecutar el proyecto, con un presupuesto de más de tres millones para los que el Consell destinó 1,5 millones, con una declaración responsable. Ante el rechazo de Urbanismo, solicitó una licencia de obra mayor que quedó condicionada a dos modificaciones relacionadas precisamente con el desdoblamiento que ha dado lugar a esa planta de más.

Escrito del Puerto

Frente a la falta de competencias en urbanismo esgrimida por el Puerto, sorprende que poco después de esas indicaciones, en diciembre del año pasado, se incorporara al expediente un escrito del director del Puerto, Carlos Eleno, en el que se afirmaba que «la distribución de edificabilidad y volumetría planteada por la Cámara en el edificio Panoramis se ajusta a la normativa del Plan Especial del Puerto».

El documento se redactó a requerimiento de la concesionaria, Digital Corner S. L. que, ante la respuesta del Ayuntamiento, solicitaba un «certificado de compatibilidad urbanística de las obras ejecutadas en el ámbito de la concesión de la Cámara de Comercio».

El escrito de Eleno se basa en el análisis de la documentación y el informe elaborado por un bufete de abogados que aporta la concesionaria junto al certificado de edificabilidad del complejo firmado por un arquitecto técnico, también encargado por la concesionaria, que concluye que «no se altera la volumetría del edificio ni se supera la edificabilidad prevista».

La inquilina

Desde el Puerto recalcan que su «única relación» solo puede ser con Digital Corner, pero nunca con su inquilina, la Cámara de Comercio, que ha alquilado estas instalaciones. E insisten en que «la competencia urbanística la tiene el Ayuntamiento. Cada uno tiene que asumir lo suyo. Si se ha construido una planta de más, es el Ayuntamiento quien tiene que restablecer la legalidad. Nosotros no tenemos competencias en esa materia, únicamente podemos actuar con nuestro concesionario. Es una contradicción que el Ayuntamiento le diga al Puerto que lo resuelva cuando es una potestad suya», reiteraron. 

El convenio de Hacienda

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, al ser preguntada ayer en Alicante por este asunto y las enmiendas a los presupuestos que han presentado PSPV y Compromís para que ese 1,5 millones se destine a otros cometidos, aseguró que «continuaremos con la tramitación del convenio» a través del cual la Generalitat fijó esa partida para las obras de la sede de la Cámara.

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Merino aseguró «respetar» las enmiendas, pero señaló que «desde esta conselleria tenemos que decir que es un convenio que tiene todos los informes preceptivos favorables, que está totalmente justificado y que sí que es cierto que en estos momentos está paralizado porque hay una incidencia con el Ayuntamiento de Alicante por esa licencia de obras y estamos esperando a que se determine cuál va a ser la situación, si es necesaria esa licencia o si es necesaria la declaración responsable».

Plazo expirado

La consellera ha obviado que el convenio expiraba el 31 de diciembre de 2024, que no pudo ejecutarse porque era preceptivo que las obras estuvieran acabadas (lo que no ocurrió) y que no hay posibilidad de prórroga, por lo que para conceder esa subvención sería preciso un nuevo convenio, de cuya existencia no hay constancia. 

 Merino indicó que desde el Consell «estamos al margen, esperando que se determine la solución para que la obra sea conforme y en ese momento continuaremos con la tramitación del convenio».

La titular de Hacienda agregó que «cuando esté totalmente conforme el tema entre el Ayuntamiento, el Puerto y la Cámara de Comercio, nosotros continuaremos», aunque matizó que «si ese dinero no se destinara finalmente a ese fin estaría en el presupuesto para poderse destinar a otro, independientemente del trámite de enmiendas». Aun así, reiteró que entiende que todo está «totalmente conforme, perfecto y completo, y simplemente estamos esperando a que se determine qué ocurre con el tema de la licencia». 

Hace ahora un año Hacienda dictó una resolución para modificar su plan estratégico de subvenciones y dar cabida a un convenio para que la Cámara recibiera ese 1,5 millones para construir una nueva sede en el puerto. 

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