La Cámara de Comercio de Alicante acordó pagar casi medio millón al año por la sede de Panoramis

Casi medio millón al año (480.000 euros) o, lo que es lo mismo, 40.000 euros al mes. Es la cantidad que la Cámara de Comercio de Alicante acordó abonar en concepto de alquiler a Digital Corner S.L., la concesionaria del edificio Panoramis cuyos antiguos cines ha venido remodelando sin licencia a lo largo del último año la entidad que preside Carlos Baño para acondicionarlos como sede. 

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Unas obras que la propia Cámara paró a principios del pasado mes nada más desvelar este diario que carecen de permiso municipal y en las que, aprovechando la altura de las salas de cine, se ha construido una planta que el Ayuntamiento ha concluido que hay que demoler por incumplir las normas urbanísticas. La resolución ya se le ha comunicado a la promotora dándole un plazo de quince días para que presente alegaciones. 

Arrendamiento

El periodo de arrendamiento del local coincide con el de la cesión de la gestión del complejo Panoramis por parte de la Autoridad Portuaria a Digital Corner, que expira en septiembre de 2043 después de que el 28 de abril de 2021 se prorrogara la concesión inicial en 15 años. Para ello se alegó precisamente la inversión que se iba a realizar por parte de la Cámara, que supera los tres millones. 

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 Un proyecto para el que el Consell que preside Carlos Mazón, que conserva en la entidad su plaza de director gerente para cuando deje el cargo público, destinó en los presupuestos de 2024 una partida de 1,5 millones que no pudo ejecutarse al no haber concluido las obras en ese ejercicio, uno de los requisitos que fijaba el convenio firmado entre la Generalitat y la Cámara. 

El precio

 El precio del alquiler se fijó a razón de 13,33 euros por metro cuadrado al mes más IVA. Según la información a la que ha tenido acceso este medio, los metros que se computan a efectos de estipular el arrendamiento son 3.000 dejando exentos de pago los 1.800 resultantes de la construcción de lo que denominan naya o altillo, es decir, la planta considerada por la Concejalía de Urbanismo fuera de ordenación. La renta mensual resultante es de 40.000 euros estableciéndose un periodo de carencia de seis meses. 

Otros servicios

Dentro de esa cantidad se establece también que Digital Corner debe proporcionar a la Cámara veinte abonos gratuitos del estacionamiento con que cuenta el edificio, aparcamiento también gratis los días que la Cámara celebre pleno para quien la entidad acredite, recepción de visitas bilingüe, servicio de seguridad las 24 horas y limpieza de zonas comunes, además de poder utilizar los espacios de uso común del resto del complejo. Y autorización para instalar placas solares para autoconsumo en la cubierta.

Permiso para el altillo

En la información a la que ha accedido INFORMACIÓN se establece también que la arrendadora autoriza a la arrendataria a todas aquellas obras necesarias para el desarrollo de su actividad, incluida la construcción de una naya o altillo vinculado al local arrendado de hasta 1.800 metros cuadrados, que no computarán a efectos a renta. 

 La promotora pretendía ejecutar este proyecto con una declaración responsable. El Ayuntamiento le comunicó que no era posible y que se precisaba una licencia de obra mayor, que la Cámara solicitó el pasado septiembre.

El permiso municipal, no obstante, quedó condicionado a que la promotora modificara el proyecto para eliminar precisamente el desdoblamiento que daba lugar a dos plantas cuando las normas urbanísticas municipales solo permiten en ese caso una. Pero el cambio no se produjo y la licencia sigue en suspenso cuando las obras se encuentran prácticamente a falta de inaugurarlas.

Mover ficha

Después de un trasiego de requerimientos y respuestas entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, el primero pidiendo al Puerto que sus técnicos fiscalizara si las obras de la Cámara eran acordes con la normativa y obrara en consecuencia, y el segundo insistiendo en que el urbanismo es competencia municipal y que su única relación es con el concesionario, no con quien a este le alquile el local, le toca ahora mover ficha a la entidad que preside Baño alegando lo que estime respecto a la planta que el Gobierno de Barcala ha concluido que hay que demoler como única vía para restituir la legalidad.

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