Acreedores del hotel gestionado por los Castillo: "Al mes y medio de asumir el catering dejamos de cobrar"
El juicio por el presunto desvío de fondos del complejo turístico desvela denuncias cruzadas en los juzgados por los conflictos tras la venta del establecimiento

De izquierda a derecha, los hermanos Juan Carlos y Luis Castillo, y los empresarios que compraron el hotel. / Alex Domínguez
Uno de los principales acreedores del Gran Hotel de El Campello, el complejo turístico gestionado por los hermanos Luis y Juan Carlos Castillo, ha declarado en la segunda jornada del juicio que un mes y medio después de haber entrado en el proyecto dejó de cobrar. El testigo era el responsable de la empresa Nilaya Gestión SL, José Nicolás Ayela, que asumió el servicio de catering y restauración durante el verano de 2012, cuando los Castillo habían vendido la explotación de un hotel a unos nuevos propietarios, padre e hijo, Antonio y Luis Enrique Notario, que también están acusados en esta causa.
Las acusaciones sostienen que los cuatro procesados actuaron en connivencia para desviar fondos del hotel a través de un entramado empresarial. El hotel era explotado comercialmente por una sociedad que pagaba el alquiler a los dueños del inmueble. Los hermanos Castillo sostienen que ellos vendieron sus participaciones en la empresa que gestionaba el establecimiento a unos nuevos propietarios cuando vieron que no daba los beneficios esperados. Los testigos que declararon este miércoles relataron incidentes producidos después de ese traspaso. Al final la propiedad les acabó desahuciando y el hotel cerrando sus puertas. Para los acusados fue el final de un negocio ruinoso, mientras que los denunciantes sostienen que se desviaron fondos, motivo por el que se celebra el juicio en la Audiencia Provincial de Alicante.
El responsable de Nilaya, que está personado en la causa como acusación particular, señaló que al asumir la explotación de los restaurantes y la cafetería del hotel, asumieron también el pago de los salarios y de la Seguridad Social para sus trabajadores, gastos que facturaba semanalmente. "Al principio todo iba bien, pero ya en agosto la cosa empezó a renquear y ya se quedaban facturas sin pagar", aseguró. La deuda que se reclama es de 51.685 euros por servicios prestados por Nilaya y no cobrados. Según dijo, la situación había llegado a un punto que la propia directora del hotel le pagó dinero de la caja en recepción para poder afrontar pagos a proveedores. El testigo expresó su extrañeza por el hecho de que ese verano el hotel estaba lleno, mientras que desde el hotel les decían que no tenían dinero para poder pagarlo. En este punto surgieron tensiones entre el empresario y las defensas que le recriminaron que no sabía realmente lo que se estaba ganando en esos momentos.
Denuncias cruzadas
En esos interrogatorios salieron a la luz la existencia de denuncias cruzadas a lo largo de esos meses entre la mercantil y los nuevos propietarios del hotel. "Antonio Notario ha denunciado a todos los que le reclamaban dinero", ha dicho este empresario, que acumuló hasta dos denuncias de este. "Ninguna de ellas ha llegado a nada, la mía contra él sí que se está juzgando ahora", dijo Ayela. Una de esas denuncias fue porque desde Nilaya se llevaron equipamiento de la cocina. "Me lo habían cedido para un evento y cuando lo iba a devolver desde la propiedad me llamaron para decirme que ni se me ocurriera llevarla porque les iban a desahuciar", declaró.
Ya en el primer día del juicio, salieron a la luz otros enfrentamientos con el otro denunciante, Olaf Reig, que presentó la denuncia que inició este proceso. Antonio Notario le acusó de haberlo secuestrado para llevarle por la fuerza a un notario para obligarle a firmar un documento. Reig replicó que salió absuelto en aquel proceso y los magistrados ya no admitieron más preguntas sobre este incidente.
Este miércoles ha declarado también el responsable de una agencia de viajes que durante 2012 estuvo trabajando con el Gran Hotel de El Campello para llevarles clientes. Según declaró, anticiparon 75.000 euros a cuenta de alojamientos, pero se quedaron con un saldo de 66.203 porque el hotel acabó cerrando. La empresa que gestionaba el resort turístico era Hoteles Carolina, pero durante la gestión de los Notario se constituyó la sociedad Hospedantique para gestionar los pagos. Según los últimos gestores, Hospedantique se creó ante el bloqueo de cuentas que tenía Hoteles Carolina ante sus deudas. El responsable de la agencia de viajes señaló que él facturó sus operaciones con Hospedantique.
Efectivo limitado
También declaró la que fue directora del hotel durante el verano de 2012, quien admitió que tuvo que usar el dinero de la caja del hotel en varias ocasiones porque los proveedores amenazaban con no servir los pedidos. No obstante, matizó que las cantidades de efectivo que se manejaban eran limitadas, porque la mayoría de los clientes habían pagado previamente el viaje a través del turoperador.
Tras la denuncia de Olaf Reig por oscurantismo y opacidad en las cuentas del hotel, desde las defensas se llamó a declarar a otro socio de la empresa, que aseguró que él no se sentía perjudicado por la marcha del negocio. "En los negocios unas veces se gana y otras se pierde. Esto es así". Antes de la venta, el testigo señaló que los Castillo les informaron de que el hotel no iba bien y que ellos iban a vender su parte a un nuevo socio que "iba a tratar de darle la vuelta a la situación, con un nuevo enfoque". Sobre la falta de información, explicó que "yo tuve una posición menos activa que otros compañeros, porque ellos ya la estaban pidiendo y la iba a recibir de todas maneras".
La vista continuará este jueves con la declaración de los peritos contables. A lo largo de la mañana, el juicio podría quedar visto para sentencia con los informes de conclusiones finales de la fiscal, las acusaciones particulares y las defensas. La fiscal pide cinco años de cárcel para los hermanos Castillo por un delito de apropiación indebida; mientras que para los Notario se reclaman, además de esa pena, otros dos años y medio más de cárcel por estafa. Las defensas reclaman la libre absolución y descartan delito alguno.
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