Las ONG de Alicante, tras las multas por repartir alimentos: “Vamos a seguir ayudando a quien lo necesita”

Desde enero, hasta cuatro entidades sociales han sido advertidas de que no podían llevar a cabo repartos de alimentos en la vía pública. Dos de ellas, además, fueron sancionadas por este motivo. Tras este incremento en el coto a su labor solidaria, la Red de Atención a Personas sin Hogar (Reapsha) ha solicitado reuniones urgentes con el Ayuntamiento, la Subdelegación de Gobierno y el Síndic de Greuges para tratar de arrojar luz sobre una situación que no se explican: “Llevamos 16 años haciendo este trabajo porque las administraciones no llegan y vamos a seguir ayudando a quien lo necesite”, indicaron. 

Este miércoles, en la sede de Cáritas en Alicante, se celebró una reunión extraordinaria de la red para analizar lo ocurrido en los últimos meses y trazar un plan de actuación con el que resolver el conflicto. Tras el encuentro, las entidades concluyeron que es necesaria una explicación de las administraciones, dado que no tienen información de por qué la Policía ha pasado de colaborar en los repartos a tratar de impedirlos: “Las entidades salimos de forma coordinada y nos estamos encontrando con muchos impedimentos”, lamentó la portavoz Natalia Araujo, quien añadió que “los recursos públicos ya no existen” dado que “el comedor del Centro de Acogida y Urgencias Sociales atiende solo a 15 personas externas”.

El Supremo admite a trámite los recursos contra la Ordenanza de Mendicidad de Alicante

En los últimos meses (desde principios de 2025, según Reapsha) se ha producido un notable incremento de los obstáculos con los que se han encontrado los voluntarios de las distintas entidades. En enero, un reparto de alimentos a personas sin hogar se zanjó con polémica después de que la Policía Local acudiese para disolver a la multitud que esperaba un bocadillo junto a la estación de Renfe. Desde ReAcción Solidaria, la organización a cargo de la actividad, registraron entonces un escrito formal ante el Ayuntamiento en el que aseguraban que los agentes les impidieron continuar haciendo entrega de la comida a un centenar de personas, después de que se produjeran altercados entre algunos de los que esperaban su turno en la cola.

Poco después, una voluntaria del colectivo tuvo que hacer frente a una sanción económica por celebrar una "reunión no autorizada" en la vía pública. La Subdelegación del Gobierno en Alicante inició un expediente sancionador con multa de 200 euros, ofreciendo una reducción del 50 % por pronto pago. Además, las organizaciones no se explican los motivos de las sanciones, ya que en vez de aludir a la polémica ordenanza de mendicidad (oficialmente denominada de Convivencia Cívica y actualmente recurrida ante el Tribunal Supremo) “se excusan en que se generan molestias a los vecinos o ruido”. 

Llevamos 16 años repartiendo alimentos, no entendemos qué ha cambiado ahora

Natalia Araujo

— Portavoz de Reapsha

Por todo ello, Reapsha ha anunciado que solicitará un encuentro tanto al defensor del pueblo valenciano como al ejecutivo municipal y a la Subdelegación del Gobierno. “Queremos que nos expliquen qué está pasando”, argumentan, al mismo tiempo que defienden su labor e insisten en que no dejarán de organizar estos repartos. Según los datos de la red, en Alicante existen entre 350 y 400 personas sin hogar. Un dato que ha crecido considerablemente en los últimos años. En cada acción de entrega de alimentos, afirman, se ayuda a un total de entre 150 y 200 personas. “Llevamos 16 años haciéndolo con la colaboración y coordinación de las instituciones, no entendemos qué ha cambiado ahora”, concluyen.

EU exige explicaciones públicas

Desde Esquerra Unida-Podemos, tras la celebración del encuentro extraordinario de Reapsha, criticaron la "deriva autoritaria que criminaliza la pobreza y a quienes luchan contra ella". Su portavoz, Manolo Copé, lamentó que el equipo de gobierno del PP "solo pone trabas a quienes alimentan, acompañan y dignifican" mientras "aumentan los desahucios, las listas de espera para ayudas municipales o la gente durmiendo en la calle".

El PP solo pone trabas a quienes alimentan, acompañan y dignifican, mientras aumentan los desahucios

Manolo Copé

— Portavoz de EU-Podemos

El edil exigió al alcalde, Luis Barcala, y al concejal de Seguridad, Julio Calero, "que den explicaciones públicas y cesen esta campaña de acoso". Lo que debería hacer el Ayuntamiento, según el de EU-Podemos, es "garantizar comida, techo y derechos", por lo que ha recordado que "repartir alimentos no es delito" mientras que "es indecente mirar hacia otro lado ante el sufrimiento humano".

La Subdelegación acepta el encuentro

Después del anuncio de la red de entidades, la Subdelegación del Gobierno ha querido dejar claro que "se atenderá, por supuesto, su solicitud de reunión y escucharán con atención sus planteamientos y preocupaciones".

Se atenderá, por supuesto, su solicitud de reunión y se escucharán con atención sus planteamientos

Juan Antonio Nieves

— Subdelegado del Gobierno

Según ha manifestado Juan Antonio Nieves, su voluntad es la de "mantener siempre canales de diálogo abiertos y constructivos con el tejido asociativo", por lo que recibirá a los representantes de Reapsha.