La Fiscalía mantiene la petición de cinco años de cárcel a Luis Castillo por desviar fondos de un hotel

La Fiscalía ha mantenido la petición de cinco años de prisión para el empresario Luis Castillo por el desvío de fondos de un hotel de El Campello. Para ello se ha basado en los informes policiales que reflejan grandes retiradas de efectivo sin justificación de la mercantil, que se encontraba en una situación de gran precariedad económica a pesar de encontrarse con una ocupación del 100 %. El juicio por estos hechos ocurridos entre 2010 y 2013 ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Alicante, donde los acusados han usado su turno de palabra para defender su inocencia y asegurar que han sido objeto de una "cacería", con un informe policial lleno de imprecisiones. Ambos sostuvieron que no se habían enriquecido con la participación del hotel, además de la pérdida de reputación que habían sufrido por una querella por hechos que consideran "falsos". Tanto los Castillo como su defensa aseguraron haber sufrido una "pena de banquillo".

Luis Castillo es el actual presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) y ha sido presidente del club de baloncesto Lucéntum y se postuló para presidir el Hércules en 2023, aunque retiró su candidatura.

Acreedores del hotel gestionado por los Castillo: "Al mes y medio de asumir el catering dejamos de cobrar"

Junto a Luis Castillo, se sienta en el banquillo su hermano Juan Carlos, que era el administrador de la sociedad, así como Antonio y Luis Enrique Notario, padre e hijo, que sucedieron a los hermanos Castillo en la gestión del establecimiento. Para cada uno de los cuatro acusados se reclaman cinco años de cárcel por un delito de apropiación indebida, mientras que para los Notario se piden otros dos años y seis meses más por estafa. La Fiscalía acusa a todos ellos de haber desviado fondos del hotel a través de un entramado societario, para lo que se basa en un informe policial que analizó la cuentas de la mercantil. En el proceso hay dos acusaciones particulares personadas, aunque una de ellas no acusa a los hermanos Castillo y solo actúa contra los que les sucedieron en la gestión de la sociedad. Según la fiscal, aunque Castillo tenía un papel menos activo que su hermano dentro de la sociedad, sí que participó del entramado para quedarse los fondos.

Extracciones en efectivo

Los hechos se remontan a febrero de 2010 cuando los hermanos Castillo constituyeron la sociedad Hoteles Carolina para la explotación de un resort con un centenar de habitaciones en primera línea de la playa de El Campello y por el que se pagaba un alquiler a los dueños del edificio. Juan Carlos Castillo era el administrador único de la sociedad y su hermano Luis era el socio. Meses después hubo una ampliación de capital en la que se incorporaron cinco nuevos socios. Sin embargo, en octubre de 2010, los hermanos Castillo deciden que el hotel no da los beneficios esperados y vendieron sus participaciones a nuevos propietarios, que venían de Albacete. La Fiscalía sostiene que tras el traspaso ha existido "un vaciado de fondos" de Hoteles Carolina hacia otras sociedades vinculadas a los acusados. A pesar de que en el verano de 2012, el hotel se encontraba casi al completo de ocupación, cada vez eran más habituales los impagos a proveedores. Una situación que, según el informe policial, contrastaba con grandes extracciones de cuentas en efectivo. Los acusados han vinculado esas operaciones cuestionadas por la Policía con pagos de préstamos y a proveedores. La fiscal ha cuestionado estos usos y ha recordado que el informe policial concluye que tras la salida de los fondos de Hoteles Carolina se pierde la trazabilidad del dinero. El proceso terminó con el cierre del hotel tras una demanda por desahucio de los propietarios del inmueble.

El abogado Antonio Herrero, que ejerce la acusación particular en nombre de Olaf Reig, el socio que presentó la querella que abrió el proceso, ha señalado que hubo connivencia entre los Castillo y los nuevos propietarios tras salir de la sociedad. "Si la situación económica era tan mala, que hubieran presentado un concurso de acreedores. Pero eso es algo que no hicieron porque se hubiera sabido la realidad de la empresa", aseguró. El abogado presentó en su informe un CD con documentación de otras extracciones bancarias antes de que se produjera el cambio al frente de la sociedad. Por su parte, el abogado de Nilaya, empresa que asumió el catering en el establecimiento en el verano de 2012 tras un acuerdo con los nuevos dueños y que reclama más de 50.000 euros por cantidades impagadas, incidió en que estos firmaron el acuerdo a sabiendas de que nunca se iba a pagar. Les acusa de estafa y administración desleal.

Castillo declara que el dinero que le reclaman sus socios se usó en pagar préstamos y a proveedores

"Manipulación deleznable"

El abogado de los hermanos Castillo insistió en que estos mismos hechos ya fueron archivados por otro juzgado al no ver delito alguno y que además están prescritos. La defensa incidió en que una de las mayores extracciones cuestionadas por la Policía es el pago de 70.000 euros por Juan Carlos Castillo al denunciante, Olaf Reig, "denuncia por un dinero que ya ha cobrado. El letrado consideró que la inclusión de esa operación en la acusación es "una manipulación deleznable y torticera del Derecho para tratar de eludir la realidad de que los hechos están prescritos". Asimismo incidió en que las acusaciones no han concretado de qué cantidades se apropió Luis Castillo. La defensa tildó de "temerario" el informe policial.

Por su parte, las defensas de los Notario también negaron que hubieran cometido delito alguno. "Su actividad ha estado orientada a que el hotel siguiera funcionando", ha dicho el letrado, señalando que a los dos meses de haberse producido el relevo en la sociedad los nuevos dueños detectaron que existía una deuda de 154.000 euros. "No ha habido enriquecimiento injusto, perdieron las pocas propiedades que tenían". Las defensas reclamaron la condena en costas para las acusaciones particulares y anticiparon una querella por falso testimonio contra el denunciante. En el turno de última palabra, los hermanos Castillo subrayaron que en las cuentas de la sociedad aparecía claramente reflejada la situación de la empresa cuando se produjo el traspaso.

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