Baraka acusa al alcalde de Alicante de prevaricación por no permitirle un hotel en el cine Ideal

Baraka se cansa de esperar al Ayuntamiento de Alicante. La empresa que compró el edificio del antiguo cine Ideal acusa de prevaricación al alcalde, Luis Barcala, como máximo responsable de que no se haya concedido el permiso para transformar el inmueble en un hotel. Una decisión que, desde la compañía, aseguran que se materializará en forma de querella la próxima semana y que no descartan que pueda extenderse a más responsables del actual equipo de gobierno o del que conformaron PP y Ciudadanos en el pasado mandato. 

Según ha podido saber INFORMACIÓN, el grupo de Trinitario Casanova ha tomado esta decisión después de cinco años esperando respuesta al proyecto que presentaron en 2020. Fuentes de la compañía han apuntado que el inicio de la vía judicial, en forma de querella, se produce al entender que el equipo de Luis Barcala está ignorando “intencionadamente” la tramitación de un expediente “en el que todo está correctamente”. En 2020, Baraka ya aseguró que “incluso se ha modificado el proyecto para ajustarlo estrictamente a la legalidad”, por lo que la mercantil no se explica el hecho de que no haya recibido más comunicaciones por parte del Consistorio, a pesar de que en 2019 los técnicos dieron luz verde a la compatibilidad urbanística para convertir los antiguos cines en un hotel de lujo. 

Concretamente, en un escrito firmado por el entonces adjunto al jefe de servicio de Disciplina Urbanística, el secretario municipal y el que fuera concejal de Urbanismo del bipartito, Adrián Santos Pérez, se apuntaba que "atendiendo a lo establecido en el Plan Especial del Centro Tradicional se considera apto el emplazamiento de la actividad del hotel" el citado edificio, situado en la esquina entre la avenida de la Constitución y la calle Artilleros.

El delito de prevaricación, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, se entiende por el que comete “una autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. En este sentido, desde Baraka apuntan que no solo se atribuye a quien dicta una resolución arbitraria, sino a quien teniendo la obligación de hacerlo, decide por unos intereses determinados omitir ese deber de resolver.

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