Alicante pone "deberes" al Ayuntamiento para el final del mandato

A mitad del camino hacia las elecciones de 2027, representantes sociales y del deporte, la cultura, las Hogueras, el medio ambiente, la solidaridad o la vivienda valoran la situación de la ciudad y los principales retos de futuro

La ciudad de Alicante, vista desde el aire.

La ciudad de Alicante, vista desde el aire. / Jose Navarro

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Esta semana, el mandato 2023-2027 ha llegado a su ecuador. Desde este momento, el Ayuntamiento encara los últimos dos años antes de las próximas elecciones municipales. En ese tiempo, el gobierno Luis Barcala tratará de impulsar importantes cambios para la ciudad, como la renovación (aunque sea parcial) del Plan General de Ordenación Urbana y la regulación (aún por determinar) de las viviendas turísticas en bloques residenciales.

Un camino que el ejecutivo municipal recorrerá cargado con la «mochila» de no poder excederse en las inversiones. Tras constatarse que, en 2024, se incumplió la regla de gasto en más de 29 millones de euros, el Consistorio se ha visto obligado a aplicar un Plan Económico Financiero con el que poder recuperar la estabilidad presupuestaria. Para evitar tener que renunciar a alguna de las inversiones prometidas para este ejercicio, la fórmula defendida por la concejalía de Hacienda que dirige Toni Gallego ha sido la de la recaudación: los populares confían en aumentar los ingresos con el «tasazo» de la basura que fue tan criticado por el PP; con las futuras 3.000 nuevas plazas de zona azul y naranja; y anulando la rebaja del IBI prometida para los próximos años.

Este último punto, que fue uno de los pilares del acuerdo entre el alcalde y el grupo Vox para posibilitar la aprobación de las cuentas de 2025, ha generado un profundo malestar en las filas de los de Abascal. En las próximas semanas, la formación de ultraderecha tendrá que demostrar si el enfado manifestado esta semana se traduce en decisiones concretas que penalicen las políticas del equipo de gobierno, o si se queda en una pataleta más, como las que se han venido protagonizando cada año en las semanas previas a la negociación de las cuentas.

Por el momento, los concejales de Vox han exigido la dimisión (o el cese) de Toni Gallego, mientras que en los pasillos del Ayuntamiento ya se especula con la posibilidad de que alguno de los grupos de la oposición presente una propuesta para reprobar al responsable de Hacienda. La última solicitud de este tipo, contra el alcalde por el desprendimiento de cascotes de grandes dimensiones a la vía pública desde la torre del reloj del Ayuntamiento, no prosperó, precisamente, gracias a Vox.

La ciudad pide medidas

Con este contexto, los principales sectores de la ciudad hacen balance de la primera mitad del mandato y, al mismo tiempo, ponen «deberes» al ejecutivo municipal de cara a los próximos comicios. Desde los colectivos vecinales, sus portavoces centran el foco en la vivienda, las inversiones transformadoras para la ciudad y la resolución de conflictos que siguen sin resolver durante este mandato, como el debate del ruido en las zonas de ocio nocturno.

Lorenzo Pérez, de la Federación de Asociaciones Vecinales del Sur de Alicante cree que, hasta la fecha, el Ayuntamiento ha sido «muy poco ambicioso en la planificación de la ciudad», además de «lento a la hora de gestionar», por lo que pide agilidad para proyectos claves en su zona como el retranqueo de la avenida de Elche por el interior del puerto, la conexión e iluminación del Parque del Mar, el desbloqueo del plan de las harineras o la construcción del ansiado centro sociocomunitario de Benalúa. En la otra punta de la ciudad, la Zona Norte, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Virgen del Remedio, María Eva Coloma, ve prioritario «construir viviendas de alquiler social, cuidar la limpieza y conservar los parques y jardines». Por su parte, José Caracena, de Playa de San Juan, se muestra más optimista y «complacido» por avances que están haciendo su barrio «un lugar más moderno, seguro y atractivo». Para el futuro, reclama la construcción de un nuevo centro social. Fuera del núcleo urbano, las partidas rurales (protagonistas en los últimos meses por la proliferación de asentamientos ilegales en suelo inundable) también reclaman atención. José Cremades, de la Asociación de Vecinos La Cañada del Fenollar, cree que «se necesitan decisiones valientes para los problemas de medio ambiente y urbanísticos», en referencia a conflictos como el que mantienen los residentes con la planta de Cemex, en contra de su ampliación. Respecto a la situación del medio ambiente, el portavoz de Ecologistas en Acción Carlos Arribas destaca que «la calidad del aire es muy deficiente y no hay avances en materia de gestión de residuos». Por ello, entiende que «es difícil ver algún aspecto que sea positivo». En el Centro Tradicional, el portavoz de la asociación de residentes José Vicent lamenta que en materia de ruido «sigue todo igual porque no se aplican las Zonas Acústicamente Saturadas» anunciadas por el gobierno local. El colectivo reclama su puesta en marcha «de una vez por todas» para solucionar el problema de descanso por el exceso de ruido provocado por las aglomeraciones de personas en torno a los locales de ocio nocturno.

Justo al contrario lo ven los hosteleros. Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante, lamenta que este mandato «todas las normas publicadas tienen una repercusión negativa para el sector», como la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, la normativa contra el ruido o las dos citadas ZAS, pendientes de visto bueno definitivo. Al gobierno municipal, Galdeano le pide para estos dos años la paralización de unas restricciones que considera «injustas e injustificadas». El comercio, recientemente señalado por el Ayuntamiento como el principal sector económico de la ciudad, solicita más apoyo municipal: «Necesitamos más presupuesto para el área de Hostelería y Comercio con el que poder realizar acciones propias», apunta Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante. También reclama más inversión el mundo de la educación: «Necesitamos más agilidad y dotación económica para el mantenimiento y construcción de centros escolares», mantiene Sonia Terrero, de la FAPA Gabriel Miró.

¿Regulación turística?

Otro de los grandes retos de la ciudad para el fin de mandato es la regulación de los alojamientos turísticos, tras la aprobación de una moratoria de dos años (a contar desde enero de 2025) a la concesión de nuevas licencias para viviendas vacacionales ubicadas en bloques residenciales. Daniel Elman, presidente de Abatur, considera que «lo que se tiene que hacer es un plan de ciudad para buscar un equilibrio entre residente y turista». Eso sí, desde Aptur, su presidenta Silvia Blasco cree que esos avances deben llegar de la mano del sector: «Pedimos que nos tengan en cuenta para tomar las medidas que estén relacionadas con el turismo», reclama. 

Para el catedrático en Urbanística José Ramón Navarro Vera, el sector ha producido un crecimiento de la actividad económica y el empleo que se debe «más al resultado de una coyuntura que a una estrategia planificada». De hecho, opina que el modelo actual «genera desigualdad, baja la calidad del empleo y tiene efectos perversos en la vivienda». Sobre el futuro del mandato, Navarro Vera alberga pocas esperanzas: «Con un Ayuntamiento como el que tenemos no se puede hablar con rigor de prioridades», lamenta. Al respecto del otro gran proceso iniciado este año, la renovación del Plan General, el catedrático sostiene que el proceso participativo ha mostrado «estudios, en general, poco rigurosos de una ciudad que la mayoría de ciudadanos no reconocen».

Una herramienta de planeamiento que tratará de, entre otras cuestiones, programar los desarrollos urbanísticos del futuro próximo y facilitar el desarrollo de nuevas zonas residenciales. En este sentido, la vivienda preocupa especialmente a colectivos como el Sindicat de Barri de Carolinas. Su portavoz, Llorenç Saval, afirma que «hace falta una bajada drástica de los precios del alquiler y la movilización de viviendas vacías». En la misma línea, María Cueva, portavoz de la plataforma «Alicante, dónde vas» incide en que el Ayuntamiento no puede seguir «obviando» las necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad y urbanismo, donde «los barrios no tienen buena conexión en transporte público». Del mismo modo, las entidades sociales se muestran de acuerdo en la urgencia de resolver el problema de la vivienda: «Los que pueden hacer algo tienen que tomarse la situación social actual con el drama que requiere», advierte Víctor Mellado, director de Cáritas en Alicante. El objetivo de Barcala es que la primera «mitad» del documento, pendiente de actualizar desde 1987 y con casi medio centenar de cambios puntuales desde entonces, pueda ver la luz antes de las elecciones. Desde Alicante Vivo, Alfredo Campello centra el foco en otro documento pendiente: el Catálogo de Protecciones. A su juicio, una prioridad para estos dos años «para evitar la destrucción de edificios de interés es muy importante»

Dentro del propio Ayuntamiento, el ejecutivo local tendrá que resolver su gran cuenta pendiente con el funcionariado: el incremento del presupuesto de la carrera profesional. Para Juan Carretero, secretario de Organización del SEP, el sindicato mayoritario, la plantilla municipal «lleva años de retraso y sin explicación» en la aplicación de este incremento retributivo de los empleados públicos.

Deporte y fiestas

También valoran el mandato desde importantes sectores de Alicante como la Fiesta o el deporte. El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, celebra haberse encontrado las puertas del Ayuntamiento siempre abiertas para cualquier propuesta relacionada con mejorar las Hogueras y afirma que esa «buena sintonía» que existe con el ejecutivo local servirá «para que todo fluya en la dirección correcta hasta el centenario». Entre las cuestiones a resolver: la financiación de los monumentos de Especial, su presidente, Josep Amand Tomàs, recuerda que «se necesita que la subvención municipal cubra al menos el 33 % del presupuesto total del monumento», ya que actualmente alcanza para aproximadamente un 29 %.

En el ámbito deportivo, el presidente del Hércules, Carlos Parodi, celebra que en este ecuador de mandato el conjunto blanquiazul ha podido celebrar su esperado ascenso a Primera RFEF y, para los próximos dos años, entiende que «sería interesante disponer de más espacios deportivos en la ciudad», dada la importancia de los equipos base en el municipio.

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