Las cuotas de los colegios concertados en el punto de mira: las quejas de los padres llegan al Síndic

Las cuotas que cobran los colegios e institutos concertados vuelven a estar en el punto de mira. El síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, ha reclamado a la Conselleria de Educación que garantice la gratuidad de la enseñanza en los centros concertados, de forma real y efectiva. Así lo recoge una resolución derivada de una investigación de oficio, tras haber detectado prácticas generalizadas de cobro de cuotas que suponen una barrera de acceso para el alumnado en situación de vulnerabilidad económica.

Y es que el cobro está prohibido y tiene que ser, en todo caso, voluntario, como ha dicho en varias ocasiones el conseller José Antonio Rovira. Pero esto no ocurre así.

Un estudio cifró el pasado año en 597 euros el pago anual que hacen las familias de alumnos de concertados de la Comunidad y que el 82 % de las mismas las abonan al centro.  Así se desprendió de un informe de Esade, una institución académica que forma parte de la Universidad Ramon Llull desde 1995 y de la red Unijes de universidades Jesuitas.

Un informe cifra en 597 euros la cuota que se paga al año en concertados de la Comunidad

La nueva actuación del Síndic se inició tras recibir múltiples quejas ciudadanas que alertaban de pagos exigidos en centros concertados, ya fuera en forma de actividades complementarias, extraescolares o donaciones supuestamente voluntarias.

Los centros justifican el cobro de cuotas por la necesidad de cubrir gastos no financiados por la administración pública

Estas prácticas, según el Síndic de Greuges, están extendidas tanto en centros de enseñanza laicos, como en aquellos gestionados por congregaciones religiosas, se justifican habitualmente por la necesidad de cubrir gastos no financiados por la administración pública. Sin embargo, el Síndic considera que estas cuotas vulneran el principio de gratuidad de la enseñanza básica, recogido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación.

Distrito único, agravante

La resolución también advierte de que la aplicación del Decreto 48/2024, que regula el proceso de admisión escolar bajo el modelo de distrito único y libertad de elección de centro, puede agravar la situación. Según el Síndic, este modelo favorece la concentración del alumnado con mayores recursos en determinados centros, lo que profundiza la brecha socioeconómica y perpetúa la segregación escolar. “La gratuidad en la educación no es una opción: es un derecho fundamental que debe garantizarse sin excepciones”, ha señalado Luna.

Los estudios en un colegio concertado cuestan más del triple que en uno público en la provincia

La gratuidad en la educación no es una opción: es un derecho fundamental que debe garantizarse sin excepciones

Ángel Luna

— Síndic de Greuges

En el informe que ha enviado la conselleria al Síndic durante la investigación, es llamativo el bajo número de denuncias registradas oficialmente, pese a la magnitud del problema. En los últimos cuatro cursos escolares, la Inspección Educativa ha contabilizado únicamente ocho reclamaciones en la provincia de Valencia, otras ocho en Alicante —incluyendo un caso especialmente conflictivo con 67 quejas relacionadas con el cobro de servicios de comunicación y comedor escolar— y ninguna en Castellón.

Estos datos contrastan con la realidad de una red concertada que escolariza a más de 152.000 alumnos en 375 centros de toda la Comunitat Valenciana, lo que, a juicio del Síndic, evidencia una falta de fiscalización de oficio por parte de la Administración.

El próximo curso empezará el 8 de septiembre y finalizará el 19 de junio en Alicante

En su resolución, el Síndic denuncia que las actuaciones de la conselleria se han limitado a gestiones administrativas habituales, sin una supervisión proactiva, ni medidas específicas para garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad. Por ello, recomienda intensificar las inspecciones educativas, intervenir ante cualquier práctica contraria al régimen de conciertos, adoptar estrategias para eliminar la segregación derivada de las cuotas y garantizar la transparencia en la autorización y justificación de los cobros realizados por los centros.

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