Las personas con discapacidad presionan al Ayuntamiento de Alicante para que habilite "de inmediato" los accesos a las playas
Cocemfe lamenta que pese al aumento de visitantes en estas fechas ante la llegada del verano “esta grave carencia persiste”

Servicio de accesibilidad en la playa del Postiguet, en Alicante. / Jose Navarro
Cocemfe, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, ha instado al Ayuntamiento de Alicante, presidido por el alcalde Luis Barcala, a habilitar “de inmediato” los servicios de accesibilidad en las playas de la ciudad. Aseguran que, “a pesar de la llegada del verano y del aumento de visitantes”, estos accesos están ausentes y "persiste esta grave carencia".
Según protesta la entidad a través de un comunicado, “este entorno de recreación y esparcimiento no puede ser disfrutado en igualdad de condiciones por toda la ciudadanía”, y manifiestan su “profunda preocupación” por la decisión del Ayuntamiento de iniciar, “a partir del 1 de julio”, la apertura de los puntos accesibles en las playas. A diferencia, señalan, de los servicios de socorrismo y de salvamento, desplegado a partir del 1 de junio.
“Desigualdad”
Desde Cocemfe consideran que esta decisión se traduce en una “desigualdad” y que ésta “no puede ser interpretada como una mera cuestión organizativa” en tanto que “constituye una vulneración del derecho fundamental a la accesibilidad universal”. “Mientras la mayoría de la población ya disfruta del acceso pleno a las zonas costeras, las personas con discapacidad que requieren asistencia técnica o personal se ven excluidas injustamente del entorno litoral”, lamentan.
Casos concretos
La entidad ha citado algunos casos concretos como el de Ana Mollá, vecina de Alicante con movilidad reducida “que acudió recientemente a la playa del Postiguet” y, al llegar, “encontró el punto accesible cerrado y sin los servicios mínimos necesarios como pasarelas, personal de apoyo o duchas adaptadas”. Una situación que “la obligó a quedarse a distancia del mar” y que “refleja una gestión municipal que condiciona el ejercicio de sus derechos a criterios administrativos”, critican.
Según expresan desde la entidad, este caso “no es aislado, sino recurrente”, y recuerdan que la accesibilidad es un derecho “un derecho legalmente reconocido, respaldado por la legislación española y por instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Su incumplimiento, añaden, puede acarrear responsabilidades legales y sanciones administrativas, y exigen al Ayuntamiento de Alicante “una actuación inmediata”, ya que “el acceso al entorno natural, al ocio y al disfrute no puede estar condicionado por decisiones arbitrarias”.
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