Copé retoma su permiso por acogimiento y abre la puerta a que Barcala apruebe el plan de ajuste sin la oposición en Alicante

El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, inicia un nuevo pulso con el gobierno de Luis Barcala por su participación en los plenos. El concejal ha solicitado continuar con su permiso por el acogimiento de un menor entre el 26 de junio y el 6 de agosto. Un periodo en el que, precisamente, tendrá que llevarse a pleno el Plan Económico Financiero para equilibrar los presupuestos del Ayuntamiento, tras incumplirse la regla de gasto en casi 30 millones el pasado año. En enero, cuando el edil progresista inició su ausencia, el asunto terminó en los tribunales. Si, finalmente, la moneda cayese ahora del lado de Barcala, el desafío de Copé podría suponer la aprobación del plan de ajuste sin necesidad de la oposición y, a su vez, un balón de oxígeno para Toni Gallego, al que todos los demás grupos piden su dimisión.

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Según ha podido saber INFORMACIÓN, la petición ya ha sido registrada de manera oficial y la intención de Copé es cumplir con su periodo de descanso por motivos de conciliación. Eso sí, el de EU-Podemos cree que nada debería impedirle participar esta vez en el pleno, un debate que ya viene de largo en el Ayuntamiento alicantino. El pasado año, cuando la Corporación debatía sobre la ayuda a Valencia por la devastadora dana que asoló buena parte de la provincia, se impidió la participación del concejal de Vox Mario Ortolá, que estaba de baja paternal. Los ultras anunciaron entonces la impugnación del pleno, algo que finalmente no hicieron.

Poco después, en enero de este año, Copé fue más allá y terminó acudiendo a la Justicia para denunciar su exclusión de la sesión ordinaria de dicho mes, en cuya convocatoria no había sido. Pese a que desde el ejecutivo de Luis Barcala defendieron en repetidas ocasiones que "los concejales de baja no pueden asistir a las sesiones", su postura cambió cuando fue necesario exponerla ante el juez. En el procedimiento, el Ayuntamiento argumentó que, al no haberse celebrado el pleno de enero, nunca se llegó a impedir materialmente la asistencia del portavoz de EU-Podemos. Algo que fue ratificado posteriormente por el magistrado, dando la razón a los populares.

La decisión, en manos de Barcala

Ahora, Copé busca situar a Barcala entre dos opciones: bloquear su participación en el pleno para aprobar el plan de ajuste sin necesidad de la oposición (podría hacerlo con el voto de calidad del alcalde al producirse un empate), lo que le permitiría volver a los tribunales; o permitir su asistencia, obligando al ejecutivo a desdecirse de los argumentos que han defendido durante todo este mandato. Una maniobra arriesgada que, en la práctica, podría abrir la puerta a que los populares saquen adelante el ajuste contable sin necesidad de negociar con ningún otro grupo.

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A preguntas de este diario, Copé ha señalado que "acoger es un acto de cuidado, de responsabilidad y de compromiso social", por lo que "las administraciones públicas deberían ser las primeras en facilitar y respaldar estos procesos". El portavoz ha reivindicado el acogimiento familiar "como una forma digna de ejercer la maternidad o la paternidad" y ha anunciado que seguirá "trabajando, desde la responsabilidad política, para que se respete este derecho sin obstáculos".

Además, ha advertido de que no pretende dejar de acudir a las sesiones plenarias: "No pienso faltar pese a este permiso a los plenos de los meses de junio y julio y entiendo que, tras la sentencia reciente, que nadie del equipo de gobierno ni de la Secretaría del Pleno impedirá mi participación en ellos".

¿Oxígeno para Toni Gallego?

El mayor beneficiado de esta circunstancia, en caso de que Copé no formase parte de las próximas sesiones, sería el concejal de Hacienda, Toni Gallego, señalando por la oposición. El PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos, todos los grupos exigen su dimisión (o cese) para poder dar luz verde al ajuste contable. Sin embargo, los últimos contactos entre Barcala y los de Abascal parecen haber dejado al edil prácticamente sin opciones de continuar.

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La formación de ultraderecha, socio preferente del gobierno de Barcala, le acusa de haberles "estafado", al haber incumplido unilateralmente el acuerdo que había suscrito con los de Abascal para rebajar el IBI en los próximos años. Un error reconocido por el propio alcalde en una entrevista con INFORMACIÓN, por el que los ultras exigen la retirada de competencias a Gallego.

El exjugador de baloncesto se encuentra cuestionado, no solo por parte de la oposición, sino incluso en el seno de su propio equipo de gobierno, donde han generado malestar algunas de sus recientes polémicas. Especialmente, la de las obras del Antonio Solana, que terminó salpicando a la concejala de Infraestructuras, Cristina García, y que ahondó en la pérdida de peso dentro del ejecutivo que Gallego venía experimentando desde meses atrás.