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El Ayuntamiento de Alicante apuesta por modernizar la gestión de Urbanismo y Servicios Sociales

El gobierno local de Alicante impulsa un contrato de asesoramiento externo para simplificar procesos administrativos "ineficientes" que afectan a los ciudadanos y a la propia plantilla por su burocratización

Imagen del reloj situado en una de las torres del Ayuntamiento de Alicante, en una imagen reciente.

Imagen del reloj situado en una de las torres del Ayuntamiento de Alicante, en una imagen reciente. / PILAR CORTES

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C. Pascual

C. Pascual

Todo ciudadano, cuando se enfrenta a la Administración, es consciente de que la relación será compleja, y más si el contacto es con Urbanismo o Servicios Sociales. Nadie espera que el trámite a realizar (desde pedir una ayuda a una licencia de obra) se ejecute rápido, de manera eficiente, intuitiva. Cualquier usuario ha sufrido procedimientos marcados por la burocratización, y no en pocas ocasiones redundantes. No es extraño tampoco la petición duplicada de documentos. O, directamente, que la maraña de requisitos sean casi imposible de entender para el común de los mortales.

Con el objetivo de diseñar un sistema más ágil con los trámites entre el Ayuntamiento y los alicantinos, con el foco puesto en Servicios Sociales y Urbanismo, el gobierno municipal ha sacado a concurso un contrato en busca de asesoramiento, soporte y apoyo externo con un presupuesto de 156.294 euros (calculando 122 horas de dedicación a cada uno de los 18 procedimientos a realizar), que se debe ejecutar en un plazo máximo de cinco meses.

Y es que, como reconoce el gobierno municipal de Alicante, "la necesidad de modernizar y agilizar la Administración Pública es cada vez más apremiante, especialmente en el contexto económico y social presente, que exige respuestas rápidas y eficaces".

En concreto, el Ayuntamiento fija el objetivo en dos áreas: Urbanismo y Servicios Sociales. En la primera, se busca simplificar procedimientos como las licencias de obra y de actividad y las declaraciones responsables de obra y actividad, además de la gestión de infracciones y sanciones, entre otras. En la segunda, entre los procesos cuya tramitación se aspira a mejorar destacan los ligados a la concesión de ayudas económicas, de acceso a la Renta Valenciana de Inclusión y al programa de alimentos, además de la valoración de exclusión social, de protección a menores y de prestación para la dependencia, junto a subvenciones a entidades sociales.

Procesos "ineficiente"

El ejecutivo de Barcala, en la memoria del contrato, subraya que "la ineficiencia de los procesos administrativos actuales no solo afecta a las personas usuarias, sino que también impone una carga significativa sobre la Administración". Según añade, «la duplicación de tareas, la necesidad de manejar grandes cantidades de documentación física y la falta de automatización en muchos procedimientos suponen una pérdida de medios y de tiempo".

El plan incluye agilizar procesos como las licencias de obra y de actividad o las ayudas sociales

Desde el ejecutivo local admiten que "muchos de los procedimientos administrativos siguen siendo percibidos como burocráticos, lentos y, en muchos casos, redundantes". Y es que, según subrayan, "la falta de interoperabilidad entre diferentes sistemas y plataformas, la duplicación de requisitos documentales y la escasa integración de procesos electrónicos son algunos de los problemas que persisten".

Además, prosigue la justificación del contrato, "la complejidad normativa y la fragmentación del marco legal han creado un entorno en el que las empresas y la ciudadanía deben navegar a través de una maraña de regulaciones y requisitos que, a menudo, son difíciles de entender y de cumplir".

Por ello, continúan desde el gobierno que lidera Barcala, "la simplificación administrativa resulta esencial para lograr una actuación clara y común de la Administración frente a las nuevas necesidades de la sociedad y de la ciudadanía". Por tanto, según concluyen, "la creación y ejecución de una planificación de la simplificación es urgente para estructurar y priorizar las acciones necesarias para optimizar los procedimientos administrativos y mejorar la calidad de los servicios públicos".

El contrato incluye también "la aportación de una propuesta de simplificación administrativa aplicable con carácter general en el Ayuntamiento", en alusión a medidas siempre desde el respeto al principio de legalidad y velando por la defensa de los intereses generales".

Tres fases

Así, la empresa que sea adjudicataria del contrato de asesoramiento municipal tendrá entre sus tareas analizar la situación inicial del procedimiento, es decir, realizar una descripción de la tramitación del procedimiento, determinando los responsables del procedimiento, la estructura de la gestión, los requisitos exigidos y la forma de acreditarlos, el mapa documental, la consulta de oficio de datos, entre otras cuestiones.

La Junta de Gobierno aprueba un contrato de 156.000 euros a ejecutar en un plazo máximo de 5 meses

A continuación, como segunda fase del proceso, la empresa debe realizar un diagnóstico de problemas y propuesta de mejora del procedimiento, analizando las necesidades en busca de la eficiencia en la gestión, detección de tareas improductivas o duplicadas o controles innecesarios, descoordinación entre órganos o funciones o fallos en las comunicaciones, observación de plazos para su minimización, utilización de medios tecnológicos, minería de datos, para la realización de propuestas de mejora como la automatización y/o robotización de tareas repetitivas o que no aporten valor al procedimiento.

Por último, la asesoría debe determinar un marco de seguimiento de las medidas de simplificación, que tienen que incluir actuaciones como la gestión del cambio, formación de la plantilla municipal, implantación de métricas para seguimiento y control propias.

Ley autonómica

Así, con este proceso, el ejecutivo cumplirá la Ley 6/2024, de simplificación administrativa de la Generalitat Valenciana,que tiene por objeto determinar medidas de simplificación administrativa de carácter extraordinario y urgente destinadas a promover la mejora de los procesos de la Administración de la Generalitat y de los entes que integran la Administración local, es decir, a los ayuntamientos.

De hecho, el artículo 45 de la ley autonómica impulsada por el gobierno de Mazón establece que los entes de la Administración local de la Comunidad deberán aprobar normativas en materia simplificación administrativa, con la finalidad de hacer más eficientes sus procedimientos y trámites y reducir las cargas administrativas sobre las personas interesadas, y en ese objetivo, con el foco en Urbanismo y Servicios Sociales, quiere trabajar el Ayuntamiento tras reconocer que el actual sistema urge medidas para ser más moderno y ágil.

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