El Archivo Judicial de Alicante lleva veinte años funcionando sin licencia de apertura

El Archivo Judicial Provincial de Alicante lleva veinte años funcionando sin licencia de apertura. Los hechos han sido denunciados por el sindicato UGT ante la inspección de Trabajo, mientras que desde la Conselleria de Justicia ya se han iniciado los pasos para legalizar las instalaciones, ubicadas en el Polígono del Pla de la Vallonga. Se trata de una nave a la que los juzgados envían todas las causas judiciales y todas las pruebas de convicción una vez cerrada. «Se trata de un almacén masivo de material combustible, como el papel, que la clasifican como un lugar de alto riesgo de incendio», alertó el responsable de Justicia de UGT, Juan Pedro Pelegrín, que incidió en que precisamente la ausencia de licencia impedía un plan adecuado de seguridad para el edificio.

Desde la Conselleria de Justicia se confirmó la falta de la licencia de apertura, aunque se subrayó que se trataba de una situación ya heredada que se encuentra en vías de solución desde el pasado mes de julio. Según explicaron estas fuentes, el archivo cuenta desde julio con la licencia medioambiental, que se trata del documento provisional que supone un primer paso administrativo para legalizar la situación. «Heredamos un establecimiento sin licencia y sin medidas adecuadas contra incendios y lo que hemos hecho, una vez advertida la disfunción, es ponerle solución», insistieron esas fuentes. Según recalcaron desde Justicia, a comienzos del pasado septiembre, han empezado obras con un presupuesto de más de un millón de euros, para adecuar el espacio. «Se prevé que estos trabajos duren entre seis y ocho meses y, tras su finalización, y, por tanto adecuación, el Ayuntamiento expedirá la licencia de apertura», explicaron. Esto supone que se espera tener la licencia de apertura entre febrero y abril del año próximo.

El edificio empezó a funcionar durante los años de Francisco Camps al frente de la Generalitat Valenciana. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que en su día la obtención de la licencia quedó pendiente de un trámite que no llegó a completarse. Mientras tanto, las instalaciones han estado funcionando de manera irregular y distintos gobiernos han ido pasando por la Generalitat. La situación era desconocida en las sedes judiciales que durante este tiempo han ido enviando al edificio toda la documentación de los casos ya cerrados para su archivo. Aunque el Defensor del Pueblo ya había recibido quejas sobre el funcionamiento de las instalaciones a lo largo de esta década.

Durante este verano, el sindicato UGT presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo para denunciar unas deficiencias «que comprometían seriamente la seguridad y la salud de los trabajadores», con incumplimientos de la legislación de prevención de riesgos laborales.

Medidas insuficientes

Además de los riesgos por acumulación de papel, se encuentra el hecho de que el único sistema de extinción de incendios son extintores portátiles. «Un sistema a todas luces insuficiente para hacer frente a un incendio en una zona con tanta carga de fuego», señala el sindicato, que considera que los medios adecuados para la extinción de incendios consistirían en instalar con un sistema de rociadores automáticos que garanticen una respuesta inmediata y eficaz.

A esto se une, según la denuncia presentada en la inspección de Trabajo, que el centro carece de una señalización de evacuación adecuada. «Las señales de salida, los recorridos de evacuación y los puntos de encuentro no están correctamente indicados o son inexistentes, lo que crea confusión y puede comprometer la seguridad en caso de emergencia», alertan. A esto se une otras deficiencias como el hecho de que haya numerosos expedientes y palés esparcidos por el suelo de la nave. «Esa falta de orden y limpieza no solo obstaculiza la circulación, sino que también incrementa el riesgo de caídas, golpes y accidentes laborales», denuncian.

Por todo ello, pedían que Trabajo realizara una inspección exhaustiva de las instalaciones. Paralelamente, remitieron al Ayuntamiento de Alicante otro escrito alertando de la situación en las instalaciones y recordando que es al consistorio a quien le corresponde velar por el control de la legalidad urbanística y que la licencia de apertura es el mecanismo para garantizar la adecuación de la actividad. En ese escrito, se recordaba que en el caso de que ocurriera cualquier tipo de accidente dentro del recinto se podría derivar responsabilidad patrimonial de la Administración

Las obras iniciadas en el recinto suponen empezar a corregir alguna de estas deficiencias. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la licencia ambiental suponía un primer paso para que se recuperara la normalidad. Desde UGT se incidió también que desde Justicia se empezó a rehabilitar una nave para acoger otra parte del archivo, pero ese proyecto se abandonó pese al dinero invertido.

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