Barcala quiere seguir en la Cámara pese a la intención de Baño de vender el edificio a la Diputación de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante quiere seguir como inquilino del antiguo hotel Palas (ahora sede de varios servicios municipales) pese a la intención de la Cámara de ofrecer el edificio a la Diputación presidida por Toni Pérez, en un intento de aumentar la presión sobre Barcala ante el bloqueo a la licencia para su sede en Panoramis. El movimiento de la entidad que preside Carlos Baño se produce en pleno conflicto por el edificio que se construye actualmente sin licencia en el puerto alicantino, y que se encuentra bajo la lupa de los técnicos de Urbanismo. Desde el ejecutivo local, en cambio, rechazan que ambas polémicas estén relacionadas.

"Nosotros ahí estamos bien. Si la Cámara toma esa decisión la respetaremos y buscaremos otra ubicación, que a día de hoy no contemplamos porque queremos seguir". Así ha manifestado la portavoz del gobierno de Barcala, Cristina Cutanda, el deseo del Consistorio de permanecer como arrendatario en el edificio de la calle Cervantes. El inmueble, propiedad de la Cámara de Comercio, acoge ahora el Servicio de Atención e Información Ciudadana (SAIC) además de los despachos de diferentes concejalías, como Turismo y Recursos Humanos.

La entidad empresarial, por su parte, deberá abandonar el edificio que ocupa actualmente frente al Teatro Principal y los planes de Carlos Baño pasan por recuperar el Palas, no como sede de la Cámara, sino para ponerlo a la venta. En este sentido,  la hoja de ruta pasa porque sea la Diputación de Toni Pérez la que se haga con el inmueble, que lo compraría para instalar ahí la sede de Suma, el órgano encargado de gestionar y recaudar tributos municipales de ayuntamientos de la provincia, entre los que no está el de Alicante. Según ha podido saber este diario, las instalaciones han sido tasadas y valoradas en unos 10,5 millones de euros.

Una decisión que a su vez, pondría en jaque el Palacio de Congresos, tal y como está diseñado tras el concurso de ideas impulsado por la propia Diputación. "San Carlos", el proyecto ganador, planteaba que en ese espacio se proyectara la instalación de la Torre Suma (precisamente para albergar dichas instalaciones), figurando en el diseño como una construcción emblemática con el doble de altura.

¿Presión por la sede del puerto?

Esta polémica supone un capítulo más en el choque entre la entidad de Carlos Baño y el gobierno de Luis Barcala por la sede que la Cámara construye (sin licencia y con dinero público) en los antiguos cines Panoramis. Un edificio en el que, además, se ha excedido la edificabilidad máxima permitida, de acuerdo con los técnicos municipales.

Al respecto, Cutanda asegura que ambos procedimientos son independientes y no entiende que se trate de una medida de presión: "El alquiler nada tiene que ver con ese trámite del puerto", ha zanjado la portavoz popular. Sobre ese trámite concreto, desde el ejecutivo de Barcala apuntan que no existen novedades, después de que el propio alcalde reconociese que se barajaba la "posibilidad" de pedir al Consell de Mazón (gerente en excedencia de la organización cameral) que se pronunciase sobre las irregularidades detectadas.

El contrato, al detalle

El edificio del Palas fue comprado por la Cámara con Antonio Fernández Valenzuela como presidente en julio de 2002 por 6,8 millones y rehabilitado después, para lo que se contó también con ayudas públicas. La inversión total se cifró en 22 millones de los que la Generalitat financió la mitad.

En noviembre de 2013, con entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente, Enrique Garrigós por la Cámara y Sonia Castedo por el Ayuntamiento firmaron el contrato de arrendamiento por diez años (cuatro de ellos de obligado cumplimiento y el resto opcional), a una media de unos 600.000 euros al año (algo más de lo que la Cámara tiene firmado por el alquiler de la sede de Panoramis con el concesionario, que ronda el medio millón). Finalmente, se cumplieron esos diez años de alquiler (hasta diciembre de 2023), y más.

El contrato en este momento, por el que el Ayuntamiento está pagando 616.159 euros (la primera anualidad en 2014 fue de 525.000 euros), se extingue el próximo 31 de diciembre, momento que Baño puede instar el desahucio de las oficinas municipales. Actualmente, la vinculación se realiza a través de la figura de la «tácita reconducción», a la que se puede recurrir cuando, tras finalizar un contrato de alquiler, el inquilino (el Ayuntamiento, en este caso) permanece en la propiedad y el arrendador (la Cámara) no realiza ninguna comunicación para que abandone el inmueble.

Ahora, en caso de que Baño accediese a prorrogar el arrendamiento, el Consistorio reconoce que sería necesaria la negociación de un nuevo contrato, para el que podrían fijarse diferentes condiciones.

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