El 42 % de las interrupciones voluntarias de embarazo en la Comunidad se practican en Alicante
Solo 11 de un total de 2.604 abortos, apenas un 0,4 %, se hicieron en un hospital público en la provincia. A nivel de Comunidad, el 90 % se realizan en clínicas privadas
Agencia ATLAS / Foto: EP
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva exige a las comunidades autónomas garantizar el derecho al aborto en los hospitales públicos, organizando sus recursos para que todas las mujeres puedan interrumpir libremente la gestación en un centro de titularidad pública, pero la realidad es que apenas se realizan abortos voluntarios en la sanidad pública de la provincia de Alicante.
Según el informe "Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad", publicado por el Ministerio de Sanidad (7/10/2025), solo el 9,9 % de los abortos practicados en 2024 en la Comunidad Valenciana fueron en la red pública: el resto en la sanidad privada.
En 2024 se realizaron 106.172 abortos en España, un 3% más que el año anterior y la mayoría en centros privados. Todas las comunidades registraron incrementos en el número de interrupciones voluntarias del embarazo, salvo en Aragón, Asturias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Catalunya, Madrid, La Rioja y Ceuta.
Según el informe ministerial, las comunidades con mayor proporción de abortos practicados en la red pública, como Cantabria, Galicia, Navarra y La Rioja, utilizan más el método farmacológico, y en las que derivan más a la privada, como pasa en territorio autonómico, predominan las intervenciones por la privada.
Médicos objetores
A falta de que esté listo el registro informatizado en el que trabaja la Conselleria de Sanidad, las tablas actuales de médicos que firman la declaración de objeción de conciencia es de 37 al supuesto de interrumpir el embarazo de forma voluntaria, sin necesidad de justificación, en las primeras catorce semanas de gestación (artículo 14); y de 25 médicos a la interrupción del embarazo por causas médicas (artículo 15).
Según estos datos de la Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez (PP), habría al menos 150 facultativos en los hospitales públicos alicantinos que podrían realizar estas intervenciones pero la realidad es que la inmensa mayoría se derivan a clínicas privadas.
Como contraposición, el Doctor Peset de Valencia realizó casi 400 en 2023, último año con datos oficiales por ahora; por 181 el Hospital de Ontinyent; 40 el de Requena o 130 el comarcal de Vinaròs, en Castellón.
Solo el Hospital de Torrevieja
En la provincia de Alicante se practicaron ese año 2.604 interrupciones del embarazo con financiación pública pero solo once pacientes fueron asistidas en un hospital público, todas ellas en el Universitario de Torrevieja, un 0,4 % del total. La realidad es que el 42 % de las interrupciones voluntarias de embarazo en la Comunidad se practican en Alicante.
Así se extrae de los documentos oficiales que el actual Consell entregó en una respuesta parlamentaria al grupo de Compromís. El 99,6 % restante de las mujeres se desviaron la privada, y las intervenciones se pagaron con dinero público, es decir, centros concertados donde se practicaron los abortos pagados por la Seguridad Social. También hubo casos, no incluidos en esta estadística, abonados por la propia mujer. Porque no siempre corre a cargo de la sanidad.
Una mujer embarazada / INFORMACIÓN
La diputada Mónica Álvaro recalca el hecho de que la mayoría de los abortos se realicen en clínicas privadas, ya que los hospitales públicos de Alicante no prestan el servicio. Esto, opina, genera costes considerables para las pacientes y largas distancias de viaje, lo que afecta especialmente a las mujeres de zonas alejadas. La diputada también apunta al alto número de profesionales médicos que se oponen a la práctica en Alicante.
Sobre el registro actual de médicos objetores, según el cual muchos facultativos de la provincia no lo serían, señala que "aunque no estén en el registro, directamente no realizan. Se está infringiendo la ley, que garantiza la prestación y que dice que solo y excepcionalmente se podrá derivar. ¿Pero qué hacen ellos? Se cogen a esta excepción y las derivan todas. Y en Alicante es sangrante porque es una provincia muy larga y la gran mayoría de las intervenciones se realizan en la capital".
La excepción es norma
La diputada cita el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. "El punto 5 dice excepcionalmente y esa excepción se ha convertido en la norma. Se infringe la ley cuando no se garantiza la prestación a todas las usuarias del Sistema Público de Salud en igualdad de condiciones y equidad territorial", insiste.
Por otro lado, abunda en que "cuando la mujer ha tomado la decisión, se convierte en un calvario no poder acceder a la prestación en su territorio, y ser derivadas a kilómetros de sus residencias para realizar dichas intervenciones, que son muy duras y por el método farmacológico peor, porque el sangrado es excesivo. Por ello, un alto número de mujeres, directamente recurren a las privadas", pagándoselo de su bolsillo si tienen poder adquisitivo ya que la factura puede superar los 900 euros.
La gran mayoría se deriva a la ciudad de Alicante
Según los documentos en poder de Compromís, se practicaron en dos clínicas de la ciudad de Alicante un total de 2.038 interrupciones voluntarias del embarazo, de ellas 596 en pacientes del departamento de Alicante; 326 en mujeres derivadas desde el área de la Marina Baixa; 53 procedentes del departamento de Orihuela y 73 de Torrevieja; diez de Elx-Crevillent y 54 de Elche Hospital General; 384 del área de salud de Sant Joan; 186 desde Alcoy por 256 desde Dénia. No hay datos en estos documentos del departamento de Elda.
Asimismo, se desvió a 549 pacientes a una clínica de Elche. Seis de ellas del departamento de Alicante, 2 desde la Marina Baixa, 152 de Orihuela; 76 de Torrevieja; 2 desde Sant Joan y dos desde Alcoy, más las 154 del departamento de Elx-Crevillent y 54 de Elche Hospital General.
A algunas pacientes, sobre todo de Dénia, se las derivó a una clínica de Valencia.
Otro documento firmado por el conseller Marciano Gómez en respuesta a una consulta más de la misma formación sobre los nueve departamentos de la provincia de Alicante de los que hay datos (todos salvo Elda), se contabilizan dos interrupciones de embarazo en el Hospital de Orihuela (que no aparecen en el listado anterior) y once en el de Torrevieja.
En cuanto a la cifra de abortos, se realizaron, según este otro informe, 2.591 en centros privados con financiación pública y otros 774 sin financiación, es decir, pagados por la paciente.
Conciertos
Compromís ha pedido a Sanidad el listado de facturas de las clínicas concertadas porque sospecha que no existe concierto. "Hay mucho desorden. Cada interrupción del embarazo se factura aparte".
En cuanto a la sedación, cree que en muchas ocasiones las mujeres se la pagan aparte, unos 100 euros por paciente. "Es lo que sospecho. Como no hay concierto y cada intervención se factura por un concepto diferente, el importe no lo sé. No hay una unificación de criterios".
Sanidad ultima un registro informatizado de objetores
En cuanto al registro de médicos objetores, la Conselleria de Sanidad garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en materia de salud sexual y reproductiva, según figura en la contestación a una consulta de la diputadas Álvaro y Navarro, fechada el pasado marzo. La respuesta indica que, en estos momentos, las distintas áreas de Sanidad están trabajando para desarrollar un registro informatizado que cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo que aprobó el Protocolo Específico para la Creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia, publicado en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2023. "Este proceso técnico tiene como objetivo garantizar que el registro sea seguro, eficiente y respetuoso con la normativa de protección de datos. Mientras se implementa el nuevo sistema informatizado, se garantiza el cumplimiento de la ley mediante la actualización y mantenimiento del registro departamental".
El l jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General de Alicante, el doctor José Antonio López, señala que su responsabilidad principal es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente «y asegurar que nuestro servicio funcione de manera eficiente, respetando tanto los derechos de los profesionales como los de nuestras pacientes».
El doctor añade que hace poco (desde Sanidad) volvieron a pedir los datos de los médicos objetores, que se facilitan sin inconveniente
"Es un derecho que está reconocido, creo que se está haciendo de una manera razonablemente bien. No tenemos quejas de las pacientes. Es verdad que los casos complejos se hacen aquí, la mayoría dentro del supuesto de malformaciones; e incluso en el concepto de voluntario, hemos hecho algún caso complejo". No obstante, admite que la gran mayoría se hacen en centros concertados, en los cuales "en general las pacientes se sienten bien tratadas".
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