Alicante pone techo al alquiler turístico: límite de plazas por habitante y prohibición en zonas saturadas

El Ayuntamiento de Alicante empieza a concretar las medidas con las que tratará de poner coto al turismo masivo y a la proliferación de apartamentos vacacionales. Después de que, en enero de este año, entrase en vigor la suspensión de nuevas licencias a viviendas de uso turístico, el gobierno local de Luis Barcala avanzó este martes novedades respecto al futuro de este sector. Principalmente, se fijará un límite de plazas por habitante, se decretará la prohibición total en zonas saturadas, se obligará a que estos pisos tengan acceso independiente cuando se encuentren en bloques residenciales y convertir en alojamientos los bajos de las principales calles comerciales.

El ejecutivo municipal ha dado luz verde este martes en Junta de Gobierno Local al inicio de la tramitación de una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad, que establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas saturadas urbanísticamente, es decir, en las que se supera el índice máximo establecido, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

Además, establece un acceso independiente como condición a la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales. "Alicante avanza hacia un modelo de ciudad de barrios, con un turismo urbano sostenible, buscando el equilibrio entre la vida cotidiana de los residentes y la actividad turística", ha destacado el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

"La ciudad pretende atraer visitantes, pero garantizando su sostenibilidad: sin comprometer su modelo de ciudad, sin desbordar la capacidad del territorio ni expulsar a la población local, garantizando que los residentes puedan seguir viviendo en sus barrios, el acceso a la vivienda en sus diferentes modalidades, al trabajo y a los servicios y espacios públicos", ha considerado el regidor.

La ciudad pretende atraer visitantes, pero garantizando su sostenibilidad: sin comprometer su modelo de ciudad, sin desbordar la capacidad del territorio ni expulsar a la población local

Luis Barcala

— Alcalde de Alicante

Por otro lado, se prohibirá la implantación de usos turísticos en plantas bajas de "viarios estructurantes, ejes comerciales y ejes cívicos", con la intención de favorecer el comercio de proximidad, que constituye "un elemento clave para la vitalidad urbana y la cohesión social".

Excepciones

Esta medida, según han informado fuentes municipales, busca "proteger la red de comercio de barrio, asegurando un modelo de ciudad de proximidad, cohesión social y continuidad urbana, evitando que el uso turístico sustituya a los servicios cotidianos indispensables para los residentes".

No obstante, se contemplan algunas excepciones para favorecer la implantación de hoteles de alta categoría. En la futura normativa se establecerá que los hoteles de 4 y 5 estrellas no se verán afectados por el límite fijado, aunque la zona en la que se ubiquen haya alcanzado el umbral máximo permitido.

Del mismo modo, para los hoteles de 3 estrellas se dictará un régimen especial que les permite superar el límite general fijado, estableciendo un límite de 0,32 plazas turísticas por habitante a la hora de conceder licencia para este tipo de establecimientos en una determinada zona.

Cambio en el Plan General

Esta regulación se articula a través de la modificación puntual Nº 52 del PGOU, aprobado en 1987, que se inicia con el trámite de evaluación ambiental estratégica y abriendo el periodo de exposición pública del borrador y el documento inicial estratégico durante un plazo de 30 días hábiles. Posteriormente, el Ayuntamiento tendrá que resolver las posibles alegaciones que se presenten y la modificación puntual deberá ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante para la entrada en vigor de la normativa.

Por lo que respecta a las zonas no saturadas, en ellas se podrán autorizar nuevas plazas turísticas, con controles que garanticen que no se supere el umbral máximo establecido. La situación en la que se encuentra cada zona se revisará de forma anual.

la vigencia de la actual moratoria es de dos años, hasta enero de 2027, el máximo permitido por ley, siempre que el Ayuntamiento justificase en enero de 2026 que está tramitando una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

¿Y los ilegales?

La oposición municipal, por su parte, aunque valora positivamente el hecho de que se hayan tomado las primeras medidas por parte del Ayuntamiento, inciden sobre la falta de control sobre los pisos turísticos ilegales.

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha reclamado al gobierno del PP que ponga en marcha cuanto antes el resto de medidas anunciadas previamente, como es asumir las competencias para sancionar a los apartamentos turísticos ilegales o publicar en la web municipal la relación de alojamientos legales. "Lo que se evidencia hoy es que Barcala reconoce que se ha producido un problema por no haber actuado antes con relación a los apartamentos turísticos", ha apuntado Barceló, quien también ha destacado que el alcalde "se ha quedado sin el argumento de que los grupos de la oposición atacan al sector turístico y promovemos la turismofobia".

Lo que se evidencia hoy es que Barcala reconoce que se ha producido un problema por no haber actuado antes con relación a los apartamentos turísticos

Ana Barceló

— Portavoz municipal del PSOE

Por su parte, Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha reclamado que Luis Barcala "deje de vender humo y asuma ya las competencias para inspeccionar, multar y cerrar los pisos turísticos ilegales, que se comprometió tras firmar un protocolo en Fitur en enero de este año". El valencianista ha recordado al alcalde "que puede hacerlo desde el decreto de agosto del año pasado" y ha reclamado tanto mayores inspecciones como el cierre de aquellos inmuebles que no cumplan la normativa.

Del mismo modo, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, cree que esta decisión muestra "el agotamiento del modelo del PP en Alicante", que no es otro que "la improvisación, la falta de control y la falta de proyecto". El edil progresista sostiene que los populares "llegan tarde al problema de los pisos turísticos, acumulan contratos fallidos y sentencias en contra y mantienen al personal municipal en precario". Estamos viendo como cada Junta de Gobierno deja un nuevo contrato roto o una sentencia en contra del Ayuntamiento.

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