Educación avisa de que la elección de las familias "ha venido para quedarse" tras el aval judicial a las votaciones

La Conselleria de Educación ha defendido que la elección de la lengua, por parte de las familias, "es un derecho que ha venido para quedarse", tras haber avalado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la orden autonómica que permitió que se activaran las votaciones el pasado curso para que los padres, en lugar de los consejos escolares y los equipos directivos, eligieran si sus hijos tienen que estudiar mayoritariamente en castellano o en valenciano.

El director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez, se ha pronunciado así sobre la sentencia que desestima el recurso presentado por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV) para anular una de las medidas incluidas en la Ley de Libertad Educativa del Consell de Carlos Mazón que ha generado una fuerte controversia en la comunidad educativa.

El Tribunal considera que la norma está bien tramitada y que el sistema de votación telemático (online) fue válido porque se ofrecieron alternativas presenciales en los colegios para quien no tuviera medios digitales. Aun así , solo un 57,96 % de los progenitores alicantinos se posicionaron en este inédito plebiscito, en el que estaban llamados a participar alrededor de 230.000 padres.

“La sentencia deja muy claro que la consulta realizada es un procedimiento con perfecto encaje dentro de la legalidad, y, por tanto, este recurso del STEPV, al igual que los restantes y todas las solicitudes de medidas cautelares que fueron interponiendo para que no se realizara la consulta, no son más que intentos de la izquierda de paralizar la aplicación de la ley, cosa que no han conseguido hasta el momento”, ha manifestado. 

Para la conselleria de José Antonio Rovira, el fallo judicial “desmiente el presunto caos que vaticinaban algunos como consecuencia de la consulta”, pese a que numerosos centros educativos han advertido de los problemas para cuadrar las aulas en base a los resultados de la consulta, porque según el porcentaje de padres que escogió una opción se ha determinado el número de aulas de valenciano y de castellano. A ello se suman los complicados encajes que tuvieron que hacerlos colegios e institutos para poder asignar a una lengua u otra a familias que no votaron.

“El tribunal dice muy claramente que no constan las numerosas reclamaciones que algunos afirmaban que habría. La realidad es que como se ha dicho siempre desde la Conselleria, y nos confirma el alto tribunal, son casos muy puntuales”, ha añadido Ignacio Martínez.

El tribunal dice muy claramente que no constan las numerosas reclamaciones que algunos afirmaban que habría

Ignacio Martínez

— Director general de Ordenación Académica y Política Lingüística

¿Discriminación?

Al respecto, ha reiterado que el 99,8 % del alumnado de la Comunidad Valenciana estudia este curso en la lengua base elegida por sus familias. "La consulta se desarrolló con plena normalidad y el resultado fue el fiel reflejo de la sociedad valenciana, con un equilibrio entre valenciano y castellano. Por eso resulta cuanto menos extraño el empeño de algunas organizaciones en que las familias no pudieran votar y elegir”, ha señalado.

En su firme defensa de la consulta que ha implicado que en la provincia se estudie entre un 10 % y un 65 % del tiempo lectivo en valenciano, según la zona donde vivan los alumnos, el representante autonómico ha afirmado que la sentencia "desmonta todo el argumentario de estas entidades sobre la supuesta discriminación en zonas castellanoparlantes". De hecho, el tribunal sostiene que el sistema establecido por la Generalitat Valenciana "no discrimina a los alumnos que en zona castellanoparlante hayan optado por la lengua valenciana" ahabersese habilitado grupos con 8 alumnos por aula, como aseguró la conselleria que hizo en los municipiocastellanohablanteses donde se solicitó lengua base en valenciano.

Y es que la ley del PP ha supuesto que, por ejemplo, un niño que curse en Infantil que resida en un municipio de predominio lingüístico valenciano y que, tras las votaciones, haya entrado en una clase con el valenciano como lengua principal, estudie a partir de este curso en este idioma un 65 % del tiempo lectivo, mientras que un escolar del mismo curso que vive en una localidad castellanoparlante que haya elegido el español, solo aprenda el valenciano en un 10 % del horario.

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Más allá de los grupos habilitados, respecto a la discriminación que alegó el STEPV por lugar de residencia, el TSJ ha apuntado a que esa cuestión no se refiere a la orden que sirvió para activar la consulta, sino a la Ley de Libertad Educativa que no era el objeto del recurso. Por tanto, no entra a valorar si hay o no discriminación, porque eso corresponde a otro procedimiento judicial.

No obstante, la conselleria ha anunciado que en estas zonas seguirán con "la política de incorporación progresiva del valenciano, ya que todo el alumnado estudiará dicha lengua, al tener la exención solo efectos en la evaluación y calificación del alumnado, algo que también reconoce el tribunal en su sentencia, al afirmar que el valenciano es lengua vehicular en toda la Comunidad Valenciana, también en las zonas castellanoparlantes”.

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